El presidente Gustavo Petro sorprendió a los colombianos en su alocución del pasado 4 de septiembre. En ese momento el país vivía una tensa jornada como consecuencia del paro nacional promovido por los transportadores que protestaban por el alza en los precios del diésel. Cuando los ciudadanos esperaban que el presidente anunciara una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la protesta de camioneros y transportadores, se llevaron una enorme sorpresa.
El mandatario dijo que esa noche no hablaría del paro, sino de un tema de Estado muy delicado. Con unas hojas de papel en su mano, como única evidencia, se refirió a la compra realizada en junio del 2021, durante el gobierno de Iván Duque, del software Pegasus, por un monto de 11 millones de dólares y que además se habían pagado en efectivo, transportados en dos aviones privados que salieron de Bogotá rumbo a Tel Aviv y posteriormente depositados en una cuenta bancaria que llamó la atención de la oficina de lavados de activos de Israel. Y que ese software se había utilizado para espiar su campaña presidencial.
En el mundo de las oficinas de inteligencia como la CIA en Estados Unidos, el Mosad en Israel y la DNI en Colombia, este tipo de software se utiliza para espiar la información contenida en celulares y otros medios electrónicos de comunicación que operan las organizaciones criminales, o los partidos políticos de oposición o los jueces y magistrados de Altas Cortes.
Mientras los colombianos poco o nada entendieron del tema al que se había referido el presidente Petro, la oposición sí respondió de inmediato, especialmente el expresidente Duque y sus alfiles, entre ellos el exministro de Defensa y el director del Dapre, señalando que jamás bajo esa administración se había autorizado la compra de Pegasus y mucho menos el pago con esa cantidad de dinero en efectivo y transportada en aviones privados.
Han transcurrido ya dos meses largos desde ese día en que Petro abrió esta caja de Pandora de Pegasus que hoy tiene muchos interrogantes, muchos cabos sueltos por atar, pero también muchas verdades que se han ido conociendo a cuentagotas y que de confirmarse la línea de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, estallará un escándalo cuyos efectos colaterales serán de extrema gravedad de cara a la contienda electoral del 2026.
¿Qué se sabe hasta el momento? 1) a pesar de que las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel están rotas por cuenta del presidente Petro y su posición política frente a la guerra en Gaza, el ministro de Defensa de ese país confirmó que efectivamente el software espía Pegasus había sido vendido a Colombia en el 2021; 2) que existe una investigación en Israel por presunto lavado de activos de 11 millones de dólares que entraron a una cuenta en el banco Hapoalim; 3) que el 25 de junio y el 18 de septiembre de 2021, llegaron a Colombia dos aviones privados procedentes de Tel Aviv, fueron parqueados en el terminal de la Policía Antinarcóticos y los registros de inmigración de sus ocupantes daban cuenta de directivos de la empresa NSO Group que vende Pegasus; 4) que en esos vuelos privados también venían oficiales de la policía de Israel que fueron hospedados en el Club de Oficiales de la Policía de Colombia; 5) que varios magistrados de las Altas Cortes han denunciado que sus celulares fueron interceptados por el software espía. 6) La fiscal general de la Nación confirmó que la operación por 11 millones de dólares existió.
Los cabos sueltos de esta misteriosa historia tienen también varias preguntas por resolver: 1) De dónde salieron los 11 millones de dólares para pagar la compra de Pegasus; 2) Quién gestionó la compra del software porque ese tipo de adquisición solo se puede hacer entre Estados; 3) Por qué la dirección de la Policía del gobierno Duque autorizó el hospedaje de sus homólogos de Israel en el Club de Oficiales; 4) El dinero en efectivo salió o no en los aviones privados que trajeron a Colombia a los ingenieros de NSO Group y los oficiales de Policía de Israel.
Sobre el tema de los 11 millones de dólares, que es la pregunta más sensible de esta historia, los fiscales siguen una línea de investigación relacionada con que el dinero posiblemente proviene de las incautaciones realizadas a las organizaciones al margen de la ley y que tenían la custodia de la propia Fiscalía.
Si esta teoría resulta cierta, ante qué panorama político estaría el país y por qué razón el ente acusador terminó comprando un software espía. Todavía a esta historia le faltan muchos capítulos por contar.
