El hundimiento de la segunda reforma tributaria del ejecutivo en el Congreso es una buena noticia para el país.
Recordemos que la primera de estas dos reformas tributaria fue la Ley 2277 de 2022, y aunque indicaba en el título que adoptaría medidas para promover la igualdad y la justicia social, se caracterizó por la eliminación de algunas deducciones del impuesto a la renta para personas naturales. Por si acaso, este es el impuesto que grava, principalmente, a la clase media trabajadora.
Ahora bien, la segunda intentona tributaria, llamada “Ley de financiamiento”, fue hundida en el Congreso ya que no se puede seguir reprimiendo el nivel de consumo de los hogares, mientras se exacerba el gasto de la administración pública a nivel nacional.
Cabe advertir que esta nueva reforma tributaria prometía aumentar la base gravable, lo que implicaba reducir el nivel máximo de ingresos para pago del impuesto de la renta, aumentando así el número de contribuyentes. En otras palabras, esa tributaria cobraría el impuesto de renta a personas de menores ingresos de las que hoy están obligadas. Obviamente, había otras modificaciones al esquema impositivo.
Debe destacarse también que el gasto público se ha incrementado considerablemente en este gobierno. Pues, en términos nominales, el proyecto inicial del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2024 fue de $502.6 billones de pesos. Sin embargo, el Congreso le aprobó en su momento $503.1 billones de pesos. En 2023, el PGN inicial fue de $405.6 billones de pesos, pero recibió una adición de $16.9 billones de pesos. Para la vigencia 2022, el PGN fue de $352.7 billones de pesos.
En tanto, el PGN para 2025 que pretende el gobierno está por el orden de los $523 billones de pesos, debe tenerse en cuenta que el nivel de ingresos corrientes de origen tributario ha disminuido, tal como lo demostró la caída en el nivel de recaudo (-6.7% en 2024, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con respecto a 2023). A la par, han disminuido también otras rentas, como las que generaba la actividad de hidrocarburos a cargo de Ecopetrol, por cuenta de la interdicción de sus labores de exploración y explotación, que desde Casa Nariño se ha ordenado (Esto, sin observación del Gobierno Corporativo de la empresa).
La situación actual de las finanzas públicas, manifiestamente deficitarias, exige austeridad. En ese sentido, el desbalance fiscal debe ser una razón lógica para administrar de forma correcta los recursos del país, es decir, reducir el gasto que presiona el descalce. Apasionadamente podría pensarse otra cosa. En consecuencia, las instituciones juegan un rol fundamental en el cuidado de los recursos públicos, toda vez que están llamadas a dirimir este debate.
No en vano, desde la perspectiva de la Economía Institucional, se advierte la capacidad que tienen las instituciones, bien sean formales o informales, públicas o privadas, para generar confianza, proporcionar condiciones de estabilidad económica, política y social, generar incentivos para el sector productivo (que es el que genera empleo), oportunidades para las personas que agregan valor a la sociedad, y reducir los niveles de incertidumbre y volatilidad.
Algunos autores consideran que la Economía Institucional permite conectar el presente y el futuro de las sociedades con su pasado. Esto a través del conjunto de instituciones que hace posible la vida en sociedad. Obviamente, se requiere que dichas instituciones perduren en el tiempo, toda vez que su continuidad garantiza un nivel mínimo de certidumbre, que es la que hace viables diferentes proyectos, tanto en el plano empresarial como personal.
Pues, cuando la barbarie hace presencia en una sociedad cualquiera, sus exponentes, entiéndase, los bárbaros (en la acepción relativa a lo salvaje), intentan destruirlo todo a su alrededor. De hecho, acusan de que todo lo pasado ha sido perverso y que sólo ellos están tienen las facultades para hacer de nuevo la realidad. De esa manera destruyen no sólo el presente sino la memoria del pasado, ante lo cual, la sociedad resulta vulnerable frente al futuro incierto, del que los bárbaros serán sus artífices y únicos dueños.
Entonces, la importancia de las instituciones para la economía radica en que estas son las que garantizan, nada más y nada menos, que la vigencia de las reglas de juego. En otras palabras, las instituciones son el activo más importante que socialmente pueda tenerse para garantizar la democracia y proteger las libertades.
Así las cosas, el país debe celebrar que en Colombia todavía existe un sistema de pesos y contra pesos, en el que las otras ramas del poder público, léase legislativa y/o judicial, no sucumben ante el capricho del ejecutivo, ni tampoco ante sus chantajes. ¿Estarán las demás instituciones del país dispuestas a hacer contrapeso al ejecutivo?
