De cualquier manera, la cancelación de las operaciones empresariales significa una tragedia para el país. No en vano, el tejido empresarial funciona como motor de crecimiento económico y desarrollo.
Ahora bien, conviene advertir que, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (septiembre de 2024), el 95,4% de las empresas en Colombia son microempresas, el 3,5% son pequeñas, el 0,8% corresponden a medianas unidades de negocio, y tan sólo el 0,3% son grandes. Es decir, Colombia es una economía de MiPyME.
Esta característica económica del país es determinante para contextualizar la tragedia social que subyace de la cancelación de operaciones de las unidades productivas. De hecho, Confecámaras realizó en 2024 una investigación que tituló “Cancelación de empresas en Colombia: Un análisis de sus particularidades”, en el que advierte que “entender las causas detrás de la cancelación de empresas en Colombia no solo es crucial para los empresarios, sino que también brinda una perspectiva valiosa para que los formuladores de políticas y tomadores de decisión, logren la generación de un entorno empresarial más sostenible y resiliente”.
En ese sentido, para analizar el fenómeno de las cancelaciones empresariales en el periodo 2017-2023, Confecámaras tomó como referente la Ley 1727 de 2014, que define la cancelación empresarial como aquella situación en la que, durante 5 años consecutivos, una empresa deja de renovar su matrícula mercantil por distintas razones (En el caso de los países de la OCDE, este tiempo es de 3 años).
De acuerdo con Confecámaras (2024), “en Colombia, entre los años 2017 al 2023 se cancelaron 1.509.111 empresas, lo que representa un promedio anual de alrededor de 215.000. El número de cancelaciones se ha mantenido en cifras similares desde el año 2017, con un leve incremento presentado entre el año 2022 y 2023, al pasar de 214.008 cancelaciones en el primer año a 233.044 cancelaciones en el 2023, lo que representa un aumento del 8,8%”.
Sin embargo, llama la atención que el número de cancelaciones de matrículas en 2020 haya disminuido con respecto a 2019, a pesar de la pandemia del Covid-19. “Este fenómeno puede atribuirse a los estímulos proporcionados por el Gobierno para mantener la continuidad operativa de las empresas, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP)” que fueron ayudas importantísimas para alivianar el impacto de la crisis.
Cabe advertir que, en media, el 99,03% de las empresas que cancelaron operaciones entre 2017 y 2023 fueron microempresas. Le siguen pequeñas (0,80%) y medianas (0,13%).
En ese sentido, debe destacarse que la dinámica de la cancelación de empresas formales en Colombia ocurre de dos maneras: Por la no renovación de las matrículas mercantiles, o, por la terminación declarada de las operaciones comerciales. Según hallazgos del estudio de Confecámaras, las cancelaciones por no renovación de las matrículas mercantiles se materializan en un lapso de 2 años 9 meses, aproximadamente, desde su creación.
Usualmente, hay aspectos circunstanciales asociados tanto a la creación como a la cancelación de estas empresas. Por el contrario, en lo que refiere a la cancelación declarada de empresas, bien por factores externos o internos, suele ocurrir en un periodo de 6 años 2 meses, en promedio.
Ahora bien, Confecámaras (2024) encontró que el cierre de proyectos productivos tiene, principalmente, dos tipos de factores que le condicionan: Factores internos, tales como habilidades del equipo humano que ejecuta la operación (incluido el líder del negocio); características de la empresa (incluido el modelo de negocio); gestión ineficiente de recursos; y dificultades financieras. Factores externos, tales como localización del negocio; dinámica macroeconómica; decisiones gubernamentales (relacionadas a impuestos y subsidios, principalmente); y políticas públicas.
Con el estudio de Confecámaras (2024) “se ha demostrado que las empresas más pequeñas enfrentan un mayor riesgo de cierre, especialmente cuando se ven presionadas por costos laborales crecientes”, lo que debería llamar la atención de las instancias del poder público toda vez que la acción del Estado genera condiciones afectan positiva o negativamente el tejido empresarial, y con ello, el crecimiento y desarrollo del país.
Finalmente, los efectos de las cancelaciones empresariales son desastrosos. Pues, según Confecámaras (2024), la salida de empresas del mercado causa, anualmente, la pérdida de 170 mil empleos, en promedio, por lo que entre 2018 y 2023 se perdieron alrededor de 1.2 millones de trabajos formales en total. Eso se traduce, necesariamente, al menos en el mismo número de familias que se vieron forzadas a reducir su nivel de consumo en detrimento de su condición de bienestar
