Proteger el bien supremo de la democracia es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, en un mundo lleno de post verdad, polarización y consolidación de regímenes anti democráticos o que usan la violencia como mecanismo de imposición, nosotros que hemos vivido décadas los estragos de esta sabemos perfectamente el costo que eso implica.
La manifestación social en Colombia ha surgido como una mutación en las últimas décadas, es una paradoja, pues mientras la Constituyente del 91 nació precisamente de la marcha del silencio que fue totalmente pacífica, en los últimos años la violencia se ha vuelto parte de la manifestación social con mecanismos sofisticados de infiltración que pretenden arrebatarnos de las manos este derecho fundamental.
Esta infiltración tiene poderosas redes de grupos armados ilegales con intereses de desestabilizar al Estado y sus instituciones.
Muestra de esto fueron los fenómenos de violencia coordinados, sistemáticos y con mando y control que se vieron durante las manifestaciones sociales de 2019 y 2021. El Estado, en especial el Gobierno, tienen la prioridad de proteger la manifestación social de este fenómeno, y es un derecho que los violentos no pueden arrebatarnos.
Lo que hemos vivido desde la semana pasada, incluido el doloroso hecho de la muerte de la funcionaria Duperly Arévalo de la Registraduría en Gamarra y 4 de sus compañeros heridos, denota algunos elementos que no deberíamos dejar pasar por alto.
Durante los días posteriores a los escrutinios, se han presentado alteraciones del orden público en más de 100 municipios, la gran mayoría de estos buscan, mediante el uso de la violencia, desconocer los resultados de los ciudadanos en las urnas.
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Hay factores comunes en muchos de estos hechos que comienzan a vislumbrarse a medida que pasan las horas. Por lo regular comienzan con algún tipo de inconformidad planteada de alguna de las campañas sobre el escrutinio, posteriormente se traslada rápidamente a tensiones organizadas que se manifiestan en aglomeraciones, tensiones y protestas; pero rápidamente aparece la violencia en el escenario sobre todo con un marcado uso de la destrucción de las sedes y uso de fuego para quemar ya sea el material electoral o por el contrario las sedes de la autoridad electoral.
El sistema electoral colombiano ha logrado importantes avances, sobre todo en la última administración hay un trabajo enfocado en el uso de la tecnología y custodia de la data que aseguran los mecanismos de consignación de la información de la jornada electoral.
Por eso, así los violentos intenten destruir el material, este ya se encuentra digitalizado y custodiado, lo que garantiza que la voluntad popular sea respetada.
Lo más grave aquí es que puede observarse un comportamiento sistemático, coordinado y controlado por alguna fuerza oscura que intenta desestabilizar la voluntad popular en estos territorios. La indignación suele ser espontánea y se manifiesta de acuerdo a las condiciones propias de cada lugar, sin embargo, las condiciones actuales dan indicios de que la manera en que se desencadena esa indignación tiene orden o siembra ideas desde algún lugar.
Durante el 2021 vimos cómo grupos ilegales infiltraron y financiaron acciones violentas que torpedearon dar conversaciones democráticas que este país necesitaba e intentaban robar a los ciudadanos el derecho a manifestarse pacíficamente.
Nuestras instituciones, en especial el Gobierno nacional y la Fiscalía están en la obligación de investigar la sistematicidad de los hechos violentos ocurridos antes y después de la jornada electoral del 29 de octubre y darle una respuesta al país sobre quiénes están detrás de estos hechos, tanto política como materialmente y sobre todo si hay una relación y comunicación en lo que está sucediendo.
Ya intentaron robarnos el derecho a manifestarnos socialmente, no pueden poner en riesgo el derecho a elegir libremente.
Ahora bien, no se trata solo de quiénes están detrás sino también de la actitud que asumen nuestros líderes políticos.
Los primeros llamados a dar ejemplo, hacer un llamado a la calma y transitar en la institucionalidad las dudas que se tengan son los propios candidatos, hayan salido victoriosos o perdedores de la contienda electoral tienen todas las garantías en nuestras instituciones.
Desde las más altas dignidades no es solo un llamado, sino un imperativo. El tardío rechazo de los hechos por parte del presidente Gustavo Petro a lo ocurrido en Gamarra y la acusación temeraria al Consejo Nacional Electoral como causante, dieron un tufo de habilitación social a la violencia que esperamos por la dignidad del cargo que él representa, nunca más vuelva a suceder.
