Ahora que se cumplen dos años de la actual administración, resulta necesario comenzar a pensar qué tipo de sociedad queremos construir los colombianos a partir del 2026.
Porque, aunque en un primer momento nos resulte difícil de reconocer, lo cierto es que el Gobierno Petro tiene un especial significado, una relevancia manifiesta: este gobierno nos enseña con la nitidez del diamante todo aquello de lo cual nos debemos apartar, el camino que no queremos recorrer.
Comencemos por el principio. Petro es resultado de una problemática que desde hace varios años ha ido tomando fuerza creciente y que cada vez atrapa más naciones.Me refiero al fenómeno del populismo que afecta por igual a países tan diferentes como la Venezuela de Chávez y Maduro, los Estados Unidos de Trump, la India de Modi y eventualmente la Francia de Le Pen.
El populista inventa enemigos contra los que levanta su dedo acusador, explota las divergencias y las convierte en fracturas, genera odios, resentimientos y heridas, ofrece respuestas fáciles y rápidas a viejos problemas. El populismo es una forma de pensar y de ejercer el poder que no ayuda a la construcción de soluciones sostenibles. No tiene en cuenta de manera ponderada la situación y las expectativas de los diferentes sectores que integran las sociedades, sino que busca promover unos beneficios de corto plazo para algunos de los grupos en contra de otros. Es un tipo de gobierno que lleva a que al final todos perdamos.
Eso es lo que ha pasado en Colombia desde agosto del 2022. Luego de promover un proyecto político que mezcla los problemas reales de la sociedad colombiana -que ciertamente reclaman soluciones estructurales- con falsas narrativas y de atribuirles causas que en realidad poco o nada tienen que ver, el gobierno ha puesto en marcha una agenda que socava los pilares de nuestro sistema político.
Sin desconocer la importancia de las preocupaciones que Petro ha expuesto en relación con la necesidad de perseguir un país más justo para todos -preocupaciones que ha sido incapaz de materializar a través de la acción del Estado- lo cierto es su legado es costoso y que mucho trabajo nos tomará recuperar lo que hasta la fecha hemos retrocedido.
El primer objetivo que nos deberíamos trazar como sociedad a partir del 2026 es el de regresar al ámbito propio del Estado de Derecho. Necesitamos un gobierno que reconozca la función medular que ejercen las reglas de juego. La sumisión del poder al Derecho es un pilar esencial. Es la garantía básica de nuestras libertades y el mejor antídoto para el capricho y la arbitrariedad de los gobernantes. El populista suele creerse superior a las normas que lo rigen, lo cual es uno de sus rasgos más peligrosos.
El respeto a los valores democráticos es imprescindible. Las democracias contemporáneas dependen de una compleja red de órganos e instancias que reposan sobre una variedad de personas y que cumplen objetivos diversos. La desconcentración del poder favorece la institucionalidad y asegura el adecuado funcionamiento de los pesos y contrapesos. Hay que desconfiar de quienes pretenden acaparar las funciones ajenas así sea a través del sutil mecanismo de acudir a los micrófonos para impartir instrucciones sobre cómo ejercerlas.
La democracia exige también el respeto a las voces divergentes, a la tolerancia con la crítica e incluso con el reproche. Un sistema político sano permite que se le examine constantemente. Un sistema político enfermo compra la oposición. Si este mecanismo no le sirve, la persigue. Intimida la prensa. Fustiga la divergencia.
La ética debe ser recuperada. Las invitaciones a correr la línea no pueden ser admitidas. El Gobierno es un animal impetuoso. Contenerlo es una tarea difícil. Los mecanismos institucionales de contención son lentos, así que la autocontención y la dimensión ética que ella supone terminan siendo la garantía última de que el poder del Estado será usado para el bien de todos y no en provecho de grupos específicos.
¿Qué decir de la corrupción?¿Qué podemos esperar en este campo cuando la disposición a correr la línea ética fue desde el inicio unos de los lineamientos expresamente declarados? Basta decir que ahí están las consecuencias.
El perfil de los funcionarios debe ser definido según las responsabilidades que se les confían y no con base en su disposición a promover la agenda del gobernante. La selección de los servidores públicos a partir de sus lealtades de conveniencia y no con fundamento en sus competencias objetivas equivale a una privatización de la función pública.
El manejo de las relaciones internacionales demanda una reorientación fundamental. Hemos perdido amigos ancestrales -como Israel- al tiempo que abrazamos la causa del dictador vecino. Debemos traer de regreso a los esbirros del régimen cuyo único mérito subyace en la complicidad e incluso cerrar misiones abiertas para ubicarlos con urgencia.
El respeto a la iniciativa privada y a la actividad empresarial es otro de los pilares de nuestro sistema político que ha sufrido los embates del credo populista. Es un grave error que deberá ser enmendado. El progreso alcanzado por la humanidad durante los últimos trescientos años obedece en gran parte a la implementación de un sistema que ha fomentado el desarrollo de las actividades empresariales. Que las actividades empresariales deben ser controladas, es indudable. Que los controles consistan en arrinconarlas, es una gran equivocación.
El sistema tributario ha retrocedido aún más. Colombia tiene de tiempo atrás reglas impositivas funestas. El peor sistema de la OCDE. El actual gobierno ha acentuado sus vicios. Se trata de un sistema que ahuyenta la iniciativa, asusta la inversión y coarta el desarrollo económico y social.
Finalmente,es inevitable hacer una referencia a la responsabilidad fiscal y a la calidad del gasto público. Son dos caras de una misma moneda. El país debe definir de manera precisa los compromisos que debe asumir y que está en condiciones de honrar. Es necesario establecer de manera clara las prioridades. Es preferible acotar las promesas y asegurar su cumplimiento que comprometernos con listados que seguramente no dejen sino frustraciones o que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
La ejecución de los dineros públicos debe perseguir estos objetivos. No solo es cuestión de controlar la corrupción, sino de promover la eficiencia. Claro, para ello es necesario tener la brújula debidamente orientada hacia el norte ético y contar con las personas idóneas. Al final, los factores que conforman la adecuada administración pública terminan por confluir.
Como puede verse, nos espera un 2026 lleno de retos, unos retos que debemos tener desde ya en el radar.
