Y se cayó la no deducibilidad de las regalías que deben pagar los productores de hidrocarburos y carbón. Era otra decisión que estaba cantada y que el país ya había anticipado. En palabras simples y sin entrar en las complejidades que tiene el caso concreto, la norma declarada inexequible decía que los sectores gravados debían pagar impuesto de renta sobre los recursos que ya le habían entregado al Estado por concepto de regalías.
La idea de que los contribuyentes paguen impuesto de renta por unos recursos que ya no están en su poder sino en manos del propio Estado, es inadmisible. En honor a la verdad, es preciso señalar que no fue esta administración la creadora de la figura. El engendro tiene cerca de 20 años, cuando, por solicitud del gobierno, el Congreso decidió que lo pagado por concepto de impuesto de predial y de ICA haría parte de la base gravable.
Por esta vía, los municipios cobran primero impuestos por la propiedad inmueble y por la venta de bienes y servicios; luego, la Nación aplica el impuesto de renta por esos recursos que salieron ya del bolsillo del contribuyente. La Corte Constitucional inicialmente había bendecido el exabrupto así que enbuenahora hubo un cambio de jurisprudencia.
La diferencia en el caso concreto radica en que las regalías son el pago que hace el productor para tener acceso a su materia prima. Son la contraprestación que la empresa le entrega al Estado por explotar un recurso natural no renovable. Por ser una erogación esencial para el funcionamiento de la respectiva industria, la norma que prohibía deducirla resultaba expropiatoria.
La implementación de normas tributarias absurdas tiene en suelo nacional una larga trayectoria que lleva a que Colombia tenga hoy el peor sistema impositivo de todos los países de la OCDE. Un lastre para el desarrollo del país y una carga que nos impide avanzar.
Reforma tras reforma, vemos que los ministros de Hacienda se empeñan en agarrar recursos de donde sea, así sea a costa de marchitar al sector productivo, de castigarlo y de impedirle su evolución. Una mala decisión que, en el largo plazo, pagamos todos.
Por ello mismo, celebro esta decisión de la Corte Constitucional. Creo que se trata de un fallo de especial importancia, que ayuda a corregir errores atávicos y a orientar al país hacia donde debe transitar.
En sentido contrario, reprocho las declaraciones del presidente Petro y del exministro Ocampo. Como lo han dicho ya innumerables voces, amenazar a la Rama Judicial con recortarle el presupuesto o atribuirle a la Corte la responsabilidad de la anunciada decisión gubernamental de limitar los aumentos de los funcionarios estatales de mayores ingresos, es una bajeza que pasa por alto los billones que se derrochan en subsidios irracionales de todas las clases: el SOAT, los peajes, los apoyos a los delincuentes para que no delincan. En fin, toda clase de subvenciones que en poco o nada contribuyen al mejoramiento del país, pero que sí presionan el gasto público y obligan a subir -aún más- los tributos.
Que Petro salga con estas diatribas, nada de raro tiene. Experto, como es, en manipular la verdad y en tapar sus errores con los cánticos de la argucia, en nada extrañan unas afirmaciones de este talante, sino que en realidad hacen parte de su usual proceder.
Pero que Ocampo se empeñe en defender semejante disparate no puede menos que causar sorpresa. Según sus propias palabras, “las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta”.
No. Las regalías son sumas fijas que pagan los productores del recurso por extraerlo, no participaciones a favor del Estado ni mucho menos dividendos. Si lo fueran, el Estado participaría del riesgo asociado a la actividad e incluso se vería abocado a recibir sumas negativas en el evento de que el negocio diere pérdidas.
Volviendo a Petro, sus palabras según las cuales la Corte Constitucional les regaló impuestos a los ricos no es sino una cantaleta vacía y carente de fundamento. Lo cierto es que la norma declarada inexequible hacía que el Estado recaudara el impuesto de renta sobre unos recursos que ya había cobrado a título de regalías. Un completo despropósito.
Si las regalías son bajas, el Estado tiene la potestad de incrementarlas. Lo que no puede, es obligar al pago de impuesto de renta sobre rentas que le corresponden y que ya tiene en su poder.
El presidente estaba ya listo para gastarse esos recursos obtenidos de manera abusiva. De manera que no es que la Corte le haya quitado unos ingresos que tenía a su favor, sino que le impidió cobrar unos recursos cuyo recaudo era manifiestamente inequitativo.
En pocas palabras, el que con prestado se viste, en la calle lo desvisten.
