Finalmente, el Gobierno destapó sus cartas en relación con el tema de la constituyente. Según ha dicho el ministro Cristo, la propuesta sólo se pondría en marcha si logra reunir los consensos necesarios. Además, se adelantaría a través de los canales previstos en la Constitución.
No hay manera de creer que ésta será la posición definitiva. Hay razones para ello. El propio Petro había jurado que se abstendría de modificar el régimen constitucional. Ahora quiere hacerlo. Cristo manifestó que la iniciativa era inconveniente. Ahora le gusta. Con tantos y tan frecuentes giros es imposible saber realmente hacia dónde van los acontecimientos.
¿Es ésta una cortina de humo? Quizás. Cristo sabe bien que la enorme desconfianza que despierta este Gobierno impide de manera absoluta que las voluntades políticas confluyan hacia la introducción de cambios estructurales a nuestros pilares básicos. Es una desconfianza bien ganada:alianzas con grupos delincuenciales a quienes se les otorga la calidad de gestores de paz mientras incurren en toda clase de afrentas y vejámenes contra la población; persecución a la prensa y a los magistrados de las altas cortes; inestabilidad permanente, en fin…
Pero, incluso, en caso de que no sea un cañazo sino una propuesta de verdad, es una pésima propuesta. Primero, por la incertidumbre que genera. En el estado de turbulencia en el que nos encontramos, la convocatoria a una constituyente no haría sino radicalizar las posiciones y profundizar las diferencias. En panorama totalmente contrario al que existía hace 35 años, cuando el país entero buscó las fórmulas que le permitieron recorrer un camino conjunto.
Segundo, porque no soluciona nada. Sin desconocer las críticas que se le puedan formular, lo cierto es que la Constitución del 91 reúne las herramientas necesarias para solucionar los problemas que de verdad afectan la vida de la gente.
La búsqueda de objetivos titánicos ha sido una de las características de esta administración. A empujones, el gobierno Petro se ha empeñado en promover una compleja agenda de cambios de todos los tipos: salud, educación, sistema pensional, política diplomática, orden público y, ahora, régimen constitucional.
La mayoría de estas iniciativas carecen de estudio y responden más a una narrativa ideológica que a un deseo responsable y consciente de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de colombianos. Para no ir más allá, tal como lo han señalado ya múltiples analistas, ahora nos convocan para que pongamos en marcha un cambio constitucional pero no nos dicen qué es lo que se debe cambiar.
Un proyecto de esta dimensión acarrea el riesgo de dejar de lado la ejecución de las funciones ordinarias, las pequeñas tareas de las que se nutre la vida diaria.
¿Qué es lo que realmente busca la mayoría de la gente? ¿Qué acciones permiten mejorar su nivel de vida? Más que proyectos colosales, la gente busca respuestas para sus más apremiantes necesidades: educación, salud, trabajo, vivienda, vías, infraestructura y demás atributos que les facilitan una vida segura.
Esos son, precisamente, los objetivos que el llamado a una constituyente deja de lado. Por andar enfrascado en la búsqueda de la paz total, la salvación del planeta, la democratización de la existencia y el virus de la vida que se expande por las estrellas siderales, el Gobierno se olvida de darles respuestas concretas a miles de almas que esperaban ansiosas el apoyo del Estado.
Es innegable que una de las misiones que deben emprender los líderes radica en alimentar una ilusión. Una retórica de cambio es siempre una de las herramientas que incentiva este objetivo: los seres humanos solemos soñar con un futuro mejor y apoyamos a quienes nos muestran que este sueño es posible.
Pero la retórica de los sueños no basta. Es necesario hacerle frente a la realidad. Y es la realidad lo que la administración Petro parece haber olvidado.Los planes inconmensurables y las quimeras estratosféricas han hecho que el presidente se aleje de la cotidianidad. A pesar de que es en la cotidianidad en donde los seres humanos nos encontramos la mayoría del tiempo. Casi nadie vive constantemente de manera extraordinaria.
La satisfacción de las necesidades de la gente se compone de una cantidad de pequeñas acciones que deben funcionar de manera adecuada y oportuna. La administración pública requiere de procedimientos precisos que aseguran el resultado deseado. Exige que haya funcionarios dotados de los medios y de las herramientas para proporcionar lo que su misión les encomienda.
Por supuesto, hay momentos en los que las transformaciones estructurales se convierten en directrices ineludibles. Pero no podemos cambiarlo todo en un solo instante. Por más planificado que esté, el cambio que se le introduce a cualquiera de los pilares sobre los que descansa nuestro régimen institucional trae sus propios retos y exige siempre de ajustes posteriores. Un objetivo que en la coyuntura actual no es viable.
