La ONU, la OEA y la CIDH, las tres, han salido a emitir sendos mensajes a la Corte Suprema con el propósito de instarla para que apure la elección de la nueva fiscal. Aseguran que no es conveniente que el órgano de investigación esté bajo un mandato provisional, sino que debe ser liderada por una persona en propiedad.
Los mensajes enviados por estos tres organismos multinacionales son ciertos. El encargo no es la figura ideal. Como diría Pambelé, es mejor tener una fiscal en propiedad que una fiscal encargada.
Pero, aunque ciertos, estos mensajes no podrían ser más inoportunos. La elección de fiscal es un proceso local, que se surte de acuerdo con las reglas previstas en la Constitución política colombiana y que se sujeta a la evaluación que realizan los magistrados sobre las hojas de vida y perfiles de las tres candidatas presentadas por el Gobierno. Así ha funcionado desde la elección de Gustavo de Greiff, en 1992, sin que ninguno de esos procesos de selección tuviera que ser urgido por la comunidad internacional. No siquiera cuando la elección tomó casi dos años.
El problema de los mensajes no radica, por tanto, en un su veracidad -ciertamente lo son-, sino en su oportunidad. Estos comunicados públicos sobre un asunto que tradicionalmente se ha manejado de conformidad con las reglas aplicables dan a entender que esta vez hay algo que se está haciendo mal. Es un mensaje que envía una voz de apoyo a un presidente que afirma estar bajo amenaza. En otras palabras, un llamado de atención que busca defenderlo del famoso “golpe blando”.
No obstante, el tal golpe blando no existe, al menos no de la población (o de algunos de sus sectores) contra Petro. Lo que hay es una preocupación que muchos tenemos por el desprecio que exhibe el Gobierno y el presidente frente a las normas legales; por sus constantes actuaciones contrarias a las instituciones que nos rigen.
Y es acá donde encontramos una lista de inquietudes de las más variadas especies: declaraciones y grabaciones de varias personas del entorno presidencial que dan cuenta de comportamientos que podrían configurar conductas penales, descabezamientos masivos de los militares y policías de más alto rango, amenazas de recortes presupuestales a la Rama Judicial como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sobre normas tributarias inadmisibles, desconocimiento de las decisiones del Congreso sobre las asignaciones presupuestales, intentos reiterados de tomarse la regulación de los servicios públicos domiciliarios por fuera de la institucionalidad construida a lo largo de los últimos 30 años, captura de la salud, segmentación de los gobernadores del país entre amigos y enemigos, formulación de instrucciones a las autoridades judiciales sobre la manera en que deben proferir sus decisiones, declaratorias de estados de emergencia carentes de fundamento, campañas de estigmatización y desprestigio contra los medios de comunicación, formulación de denuncias penales contra personas que exponen opiniones contrarias al Gobierno y cuestionan sus actuaciones, presentación de demandas de responsabilidad por parte del presidente contra el Estado. En fin, una lista larguita, ¿no?
Sin embargo, pese a semejante listado -al cual hay que agregarle la convocatoria descarada que hizo el presidente para que sus huestes atacaran a la Corte Suprema de Justicia por lo que él considera una demora en la elección de fiscal-, los organismos multinacionales se pronuncian y exigen, también, en una sola voz con los enfurecidos militantes, que se proceda de manera inmediata a elegir fiscal.
Los llamados de atención de estos tres organismos a la Corte Suprema invaden el ámbito de autonomía. ¿Qué sucede si, en su sabiduría, la Corte decide que la terna es inelegible? ¿Podrían la ONU, la OEA y la CIDH cuestionar una decisión de este talante pese a que hay antecedentes en ese mismo sentido?
No obstante, es posible que haya nuevas convocatorias para que acometan una faena igual o similar a la del pasado 8 de febrero, pero ahora con las huestes envalentonadas con motivo de los pronunciamientos de la ONU, la OEA y la CIDH. El mundo al revés.
Estos mensajes tienen un problema adicional: son mecanismos de apoyo a una decisión que se surte en un sistema político democrático, pero cuyo mayor interesado ha sido un presidente que presenta una marcada tendencia antidemocrática. Volvamos a leer la lista.
Aunque lo veo muy poco probable, existe la posibilidad de que Petro intente quedarse en el poder, bien por sí mismo o por interpuesta persona. El precoz e ilegal lanzamiento de la campaña presidencial del 2026 y la entrega de subsidios directos sin compromiso o contrapartida alguna y sin que medie la más mínima evaluación de efectividad son síntomas de que una enfermedad de esta naturaleza podría sobrevenir.
En estas condiciones, la ONU, la OEA y la CIDH terminarían por darle un empuje inicial a un proyecto político que, pese a haber sido elegido por medios populares, desconoce los valores liberales básicos y se aparta de los pilares que rigen los sistemas republicanos. Algo así sucedió en Venezuela.
Mientras tanto, Petro trina para advertirnos que ya no es el pueblo de Colombia quien pide que se acelere la elección de la nueva fiscal; “ahora es el mundo”.
