El martes de la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de conciliación originada en la denuncia por injuria y calumnia que instauró el presidente Gustavo Petro contra el expresidente Andrés Pastrana.
Un evento insólito, uno más, de este gobierno que cada día resulta más desquiciado. Hasta donde yo recuerdo, no hay antecedentes de un presidente en ejercicio que acuda a una conciliación encaminada a superar una diferencia surgida a causa de unas expresiones que el presunto afectado estima injuriosas. Menos aún, a causa de la denuncia de un presidente en ejercicio contra un expresidente.
La diligencia, obviamente, terminó en nada. Petro le pidió a Pastrana que rectificara, que a futuro guardara silencio sobre la materia y que le reconociera 130 millones de pesos.
Una situación que, por mundana, resulta impropia de un mandatario. Una gestión que erosiona su dignidad. ¿Qué hace el presidente de la República chupando banca en la Fiscalía junto a un expresidente para solucionar semejante controversia? ¿Qué hace pidiéndole al expresidente Pastrana que le dé una platica? ¿No se trata acaso de un problema demasiado cotidiano, demasiado común, demasiado terrenal, como para que merezca la atención de un jefe de Estado? ¿Así de desocupado anda el presidente? Con razón se le vencen las fechas de pago de las obligaciones y se le caducan las vacunas: por andar usando el tiempo en asuntos que no son propios del lugar que ocupa.
No es que, por llegar al cargo, el presidente pierda sus derechos; los conserva, por supuesto, pero de una manera diferente. Por ejemplo, la intimidad se esfuma de manera inmediata.
Sucede lo mismo con el buen nombre. Un presidente es necesariamente una persona expuesta al escrutinio público, a la crítica, a los cuestionamientos. Sus actos y decisiones pueden -y deben- ser examinados desde todas las ópticas.
El hecho de llevar ante los estrados judiciales a un líder de la oposición por expresar una opinión adversa, y de exigirle que rectifique lo dicho y que a futuro guarde silencio constituye un precedente de la mayor gravedad. Es una amenaza, un acto de intimidación, no sólo contra Andrés Pastrana, sino contra el sistema democrático en general. Con esta denuncia, quedamos ya todos notificados: el que cuestione se arriesga a que lo procesen. Y, ¡ojo!: dentro de poco habrá relevo en la cabeza de la Fiscalía.
¿Un presidente en ejercicio que promueve procesos penales contra quienes los critican? ¿Es éste un evento único, una retaliación específica de Petro contra Pastrana, o el banderazo de una carrera que dejará varios encausados en el camino? ¿Busca Petro criminalizar el delito de opinión? ¿Cuántas veces más veremos a Petro desfilar por los pasillos del ente acusador para encausar a sus contradictores? ¿Buscará sacarles unos pesos a todos ellos?
En la fallida audiencia de conciliación, Pastrana propuso, a título de fórmula conciliatoria, que se celebrare un debate entre ambos para exponer los puntos de vista que cada uno tiene sobre la materia.
Se trata de una salida de carácter político, no judicial. Una solución que va a la médula del problema. Porque el tweet de Pastrana era de naturaleza política. Como bien se sabe, él se limitó a afirmar: “Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada Paz Total”.
¿Incorpora esta frase una acusación personal?No parece. Lo que hay es un cuestionamiento a una serie de hechos y actuaciones que son de conocimiento público y cuyas fuentes son el propio gobierno y sus personas cercanas.
Desde la confesión de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, sobre sus acercamientos con los detenidos en prisión por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, hasta las declaraciones del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, de la exnuera presidencial, Daysuris Vásquez e incluso del delfín Nicolás, incluidos los denominados procesos de paz con organizaciones que no tienen un contenido político sino que son meros carteles de la droga, lo que hay es una serie de informaciones que muestran una tendencia de este gobierno a acercase a personas próximas o pertenecientes al mundo del narcotráfico.
Repito: nada de esto en un secreto. No son datos subrepticios, de los que sólo se habla sotto voce. Es información pública.
El debate que Pastrana propone busca precisamente evaluar la legalidad y la conveniencia de estos hechos y eventos. Es un debate de la mayor importancia, que indaga sobre el rumbo que debe seguir el país, sobre el camino que los colombianos anhelamos que recorra nuestra patria. Petro se niega a la discusión y más bien exige silencio, al tiempo que reclama los famosos 130 millones de pesos.
