En el discurso que dio la semana pasada con motivo de la sanción de la reforma pensional, Petro le pidió a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la respectiva ley. “No hay que dejar perderla. Por eso, le solicitó a la justicia, desde aquí, que la mire desde los ojos, no del dólar, sino del amor”, dijo.
Se trata de una declaración inadmisible, una más entre las muchas declaraciones inadmisibles a las que nos tiene acostumbrado nuestro primer mandatario. Y, aunque se haya convertido en tendencia y característica, en parte de la cotidianidad, no podemos dejar de elevar la voz para exponer nuestra inconformidad con este tipo de expresiones.
Las manifestaciones de Petro afectan el funcionamiento del órgano judicial responsable de examinar la reforma. ¿Puede el presidente de la República siquiera hacer comentarios sobre la forma en que debe la Corte fallar los procesos bajo su responsabilidad? Para nada. Un pronunciamiento de esta naturaleza erosiona el pilar fundamental de la administración de justicia, que es su independencia. La propia Constitución así lo resalta cuando señala que las decisiones de los jueces “sólo están sometidos al imperio de la ley”. No a las insinuaciones presidenciales.
La independencia judicial es un valor superior que cuenta con varios mecanismos institucionales de protección. No obstante, al final, la independencia es frágil y delicada.
La autoridad de la que disfrutan los jueces y la función que realizan obedece al hecho de ser quienes resuelven de manera definitiva las controversias que surgen en una sociedad.
Son los depositarios del poder y de la potestad de expresar la última palabra sobre tales materias. Es a eso, en últimas, a lo que se hace referencia cuando se habla de los órganos de cierre. Con los jueces -y, sobre todo, con los altos tribunales- las diferencias concluyen, cierran.
Esta difícil responsabilidad exige que los jueces se aparten de cualquier influencia que pueda afectar su visión sobre los asuntos bajo su conocimiento, de manera que las respuestas a los problemas que resuelven en realidad provengan de su íntimo convencimiento. Como puede verse, se trata de una labor casi mística: el juez encuentra dentro de sí la solución a los casos que debe según el contenido y el alcance de las normas que debe aplicar.
Los pronunciamientos que pueda proferir sobre una controversia judicial una persona que cuenta con la posición y con las prerrogativas de las que disfruta el presidente de la República irrumpen inmediata e ineludiblemente en el ámbito de decisión del juez. ¿Pueden los jueces ser inmunes frente a los pronunciamientos del jefe de Estado? Ciertamente no. Las palabras del presidente son un arma poderosa cuyo uso exige una especial prudencia que nuestro mandatario de turno pocas veces exhibe. El discurso de Petro constituye así una inaceptable injerencia en una esfera a la que los estados de derecho le reconocen la más alta dignidad. Configura un manoseo.
El tono de la declaración es igualmente grave. Petro acude de nuevo a su vieja artimaña de invocar objetivos valiosos para esconder errores y defectos. Porque, aunque sea meritorio que la reforma desmonte el injusto e inequitativo sistema actual que premia con subsidios irracionales las pensiones de los más ricos; aunque ayude a que la pensión llegue al mayor número posible de personas que carecen de recursos pero que tienen ya la edad de retiro; a pesar de todo ello, lo cierto es que su trámite transgredió las reglas que rigen el trámite de las leyes. El Congreso desconoció las normas que rigen el proceso de conformación de la voluntad popular.
Al poner la controversia en los términos en que lo hizo, Petro procura amedrentar a la Corte, chantajearla. Busca sembrar la tesis de que si la reforma se cae no es por los vicios que incorpora y que él mismo promovió, sino por la insensibilidad de los magistrados. Un total exabrupto. Como de costumbre, el presidente se empeña en atribuirles a los demás las consecuencias de sus propias decisiones; de sus propias faltas.
Hasta el momento van ya 16 demandas contra la ley y habrá varias más. Es bastante probable que tengan éxito. La reforma presenta un déficit difícil de superar: con tal de sacarla adelante, la Plenaria de la Cámara acogió la instrucción del Gobierno de ratificar el proyecto aprobado por la Plenaria del Senado en vez de examinar los ajustes que la Comisión Séptima de Cámara le había incorporado. En palabras simples, la Plenaria pasó a la Comisión Séptima por la faja.
Petro pretende ahora que la Corte Constitucional mire para otro lado y se abstenga de identificar la mácula. No creo que lo haga. El vicio es grave. Se trata de una falla que nada tiene que ver con el amor ni con los dólares, como el presidente quiere hacer ver. Tiene que ver con las formas jurídicas. Esas formas jurídicas que él tanto desprecia y que tan valioso servicio les prestan a los sistemas democráticos.
