Si las cosas siguen como van, Nicolás Maduro tomará posesión de su cargo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 10 de enero. Por lamentable que nos parezca, tal parece ser la realidad.
Este panorama invita a pensar, desde ya, qué camino va a tomar el Gobierno de Colombia. El presidente Petro y su canciller Murillo se habían limitado a solicitar, de manera respetuosa, que se entregaran las actas de las votaciones antes de poder reconocer el resultado. Es decir, a emitir unos pronunciamientos moderados, incluso anodinos, que poca relación guardan con la contundente evidencia del engaño.
Durante la posesión de la nueva Defensora del Pueblo, en un discurso con cierto sabor de justificación, Petro fue más allá al pretender comparar la dictadura de Maduro con el Gobierno de Iván Duque. Una declaración que deja muchas preocupaciones.
La reacción de Petro, junto a las de Lula y AMLO, frente a la descarada suplantación de la voluntad del pueblo venezolano, contrasta con la Boric. Sin ser santo de mi devoción, justo es reconocer que el mandatario chileno les ha exigido de forma directa y contundente a los sátrapas de Venezuela que guarden consideración por el más básico de los principios republicanos: la soberanía popular. Una decisión valiente con la cual Boric se ubica del lado de los valores fundamentales, así ello lo lleve a alejarse de los amigos del barrio.
Incluso la OEA y su CIDH, conocidas por aplicar reglas diferentes según la orientación política de los evaluados, ha escalado, y de manera sensible, el tono de sus reproches.
Nada de esto ha llevado al Gobierno colombiano a acoger una postura estricta.
Sin embargo, esta posición tibia -que el Gobierno califica eufemísticamente de posición negociadora- irá agotando su viabilidad en la medida en que se acerque la fecha de (re)toma del cargo por parte de Maduro. En efecto, el desfalco se consolida en la medida en que el calendario corre hacia el 2025, de manera que poco a poco habrá menos que negociar, como lo pretende Petro (y menos verdad qué buscar, tal como lo pide el Cardenal Bergoglio, como si se tratara de una verdad perdida y no una estafa evidente).
¿Qué va a hacer el Presidente? ¿Va a guardar silencio hasta que llegue la fecha de la posesión? Esto sólo llevaría a la aceptación tácita del engaño, a que se engaveten las pretensiones de un pueblo agotado de ese régimen tiránico que se le metió por entre las grietas de su sistema democrático, hasta infectar todas las instituciones, salvo el pueblo mismo.
¿O será que Petro va a llegar incluso al extremo de darles nuevos respaldos al déspota y a sus secuaces, respaldos sutiles, como sucedió el viernes o, eventualmente, expresos?
Los abrazos de Petro al dictador venezolano y a sus compinches nos obligan a los colombianos a pensar desde ya cuáles son las acciones futuras que esperamos de nuestro mandatario.
En lo que a nosotros concierne, ¿podemos admitir que los acontecimientos sigan su curso actual como si se tratare de una situación ordinaria, de un mero hecho cuya llegada damos por descontada por el simple paso del tiempo? De ninguna manera. ¿Qué hacer entonces? Creo que es necesario comenzar a exigirle al Gobierno que revele cuál será la postura que adopte una vez que se acerque la fecha de la posesión. Las actas de certamen electoral publicadas ya, en su mayoría, por la muy valiente María Corina Machado y por su equipo impiden al Estado colombiano -que nos pertenece a todos- darle el más mínimo reconocimiento a un nuevo gobierno de Maduro.
Hay que acudir a todas las formas de presión para evitar que terminemos de cómplices del fraude. A las formas legítimas de presión, me refiero, por supuesto. No a los motines y asonadas que promovía el actual mandatario cuando aspiraba a gobernarnos. Insubordinaciones que tantas heridas le causaron a este país y a las que Petro sigue dándoles validez, tal como lo hizo en su discurso de la semana pasada.
La legítima presión ciudadana en defensa de los valores democráticos básicos cobra más significado ahora que Petro ha hablado de nuevo de la expectativa que tiene de continuar con su denominado proyecto progresista más allá del 2026. Ése sería un panorama poco alentador.
La riqueza de Venezuela se ha encogido en cerca de un 80% en relación con la que había cuando llegó el régimen bolivariano llegó al poder. La miseria y la marginalidad aumentan de manera dramática. La represión es infernal. Los venezolanos abandonan su tierra. ¿Es ése el progreso que queremos para Colombia?
