Al parecer, el Gobierno reculó con su idea de expedir un decreto por medio del cual se buscaba darle al presidente de la República facultades para aprobar de manera definitiva las vigencias futuras. Tal como lo señalaron los expertos en la materia, la frustrada iniciativa era ilegal pues desconoce las funciones del ministro de Hacienda, del director de Planeación Nacional y del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Además, se trataba de una actuación que denotaba una marcada desconfianza del presidente en las personas establecidas por la ley para tomar esta clase de decisiones. No obstante, ahí no termina la historia.
Déjenme recordar algunos hechos que resultan necesarios para llegar al punto que quiero poner de manifiesto. A finales de diciembre del año pasado, el Gobierno procedió, como suele suceder, a la expedición del decreto de liquidación del presupuesto. No obstante, como se recordará, unas semanas después supimos que en esta norma el Gobierno había olvidado incluir en el mismo las partidas que había ya ordenado el Congreso y que tenían por destino varias de las obras de infraestructura más importantes del país. La Silla Vacía encontró que la omisión cobijaba más de 100 proyectos estratégicos, incluido el Metro de Bogotá.
Las partidas excluidas causaron preocupaciones mayores, primero, porque por esta vía el Gobierno se tomaba la muy preocupante atribución de saltarse lo ordenado en la ley, y segundo, por la discrecionalidad que la omisión le daba al presidente para destinar los recursos según su voluntad.
Los airados reclamos de la ciudadanía llevaron a que el Gobierno se viere forzado a expedir un decreto de yerros en febrero de este año para incluir en las autorizaciones de gasto los dineros asignados a las obras de infraestructura que habían quedado de lado en el decreto de liquidación inicial.
Hasta acá, el problema habría quedado a nivel de error involuntario, lo cual sería una muestra más de las improvisaciones que caracterizan a la actual administración o, más grave aún, de intentona de sacar adelante una “jugadita presidencial”, situación que acentúa las preocupaciones que nos despierta este Gobierno de cantinflescos tintes dictatoriales.
Sin embargo, fuere cual fuere la realidad, lo cierto es que, unos días después, cuando el problema parecía ya superado, el Ministerio de Hacienda tuvo a bien publicar un proyecto de decreto que concedía al presidente la ilegal función de autorizar las vigencias futuras.
¿Qué hace el Ministerio de Hacienda publicando proyectos de decreto cuyo contenido es manifiestamente contrario a las disposiciones que rigen la materia? ¿No sabían acaso los funcionarios del Ministerio que la ley le asigna precisamente a dicha cartera -y al DNP- la competencia que pretendían atribuirle al presidente? ¿No tuvieron en cuenta que, de convertirse norma, el proyecto de decreto necesariamente obligaría al Consejo de Estado a declarar su nulidad?
Me rehúso a pensar que la capacidad que tiene Petro de destruir la institucionalidad vigente ha tenido ya tal grado de penetración que incluso ha logrado borrar el conocimiento acumulado por el Ministerio de Hacienda luego de décadas de realizar un juicio ejercicio técnico de las funciones que le corresponden.
Si no es un problema de desconocimiento, habría que concluir entonces que se trata de una concesión -una más- que el ministro de Hacienda le hace al presidente; un favor que se suma a su empeño de acaparar para sí -entre muchas otras- las funciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de inversión.
Una situación de este orden resulta de la mayor gravedad. Más que por sus conocimientos técnicos o por su profundidad analítica, el talante de un ministro de Hacienda se conoce por su capacidad de decir que no. Pase lo que pase. Aunque le cueste el cargo, tal como le sucedió al saliente director del DNP, Jorge Ivan González. Esa es la naturaleza del puesto y así debe entenderlo quien lo acepta, desde el mismo día de la posesión.
Un ministro de Hacienda complaciente constituye un riesgo mayúsculo para el país. La economía no es una ciencia amable que busca darle a cada quien lo que desea, sino que se trata del arte frío de asignar las cargas y los recursos donde corresponde, así ello implique dejar muchas insatisfacciones y malestares.
Un ministro de Hacienda sumiso termina por avalar decisiones que le producen desvanecientes palmaditas en la espalda, pero que nos dejan a todos un largo halo de problemas que serán luego muy costosos de enmendar.
