Ya van al menos tres las veces en que el presidente habla en las plazas públicas del país sobre su deseo de acudir al pueblo para que éste, en su calidad de constituyente primario, se pronuncie sobre las reformas que Petro pretende impulsar: primero en Puerto Resistencia, Cali, hace un par de meses; luego en su alocución del día del trabajo en la Plaza de Bolívar; y finalmente en Cartagena, en un discurso que va de lo críptico a lo difuso.
Estas declaraciones llevaron al Financial Times a publicar un artículo sobre la materia. No obstante, Petro lo acusó de estar “desinformado”.
Las implicaciones de estos mensajes, en los que se advierte que “el acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes”, han despertado múltiples preocupaciones, incluso de la prensa extranjera. El único que no ha tenido reacción alguna es el Congreso de la República. Varios parlamentarios han presentado sus consideraciones sobre el asunto, a título personal o en nombre de sus partidos, pero no ha habido un pronunciamiento institucional alguno.
¿Debería haberlo? Por supuesto que sí. La activación del poder constituyente es un asunto mayor, un llamado a refundar los fundamentos de nuestro sistema político y social, pese a que la enorme mayoría reconoce la legitimidad de nuestros acuerdos institucionales básicos.
El “poder constituyente” es un cometido colectivo que nos concierne a todos; un proyecto que involucra la participación de las tres ramas del poder público y también la de los ciudadanos, por supuesto.
Las Cortes -en especial, la Constitucional- nada pueden decir sobre la materia pues ellas sólo se pronuncian sobre actuaciones jurídicas ya implementadas y no sobre sobre iniciativas en curso. Menos aún sobre etéreas declaraciones de voluntad expuestas por el presidente de turno al calor de los discursos en los foros públicos.
Pero el Congreso sí está en mora de pronunciarse. Las invitaciones a que sea el constituyente primario quien decida sobre las propuestas presidenciales irrumpen en su ámbito competencial, lo suplantan. Al fin y al cabo, el cambio de Constitución es un cometido que no recae de manera directa sobre “el pueblo”. Hay buenas razones para ello: ¿quién es el pueblo? ¿Los que apoyan a Petro? ¿Los que hemos expresado nuestras preocupaciones por el desvío institucional que hemos atestiguado en los últimos meses? ¿O los que han permanecido indiferentes? La participación del Congreso evita así el manoseo de la democracia.
Las palabras de Petro en los que se arroga funciones de intérprete de la voluntad popular son, por tanto, una amenaza para el régimen constitucional. Así se trate de una amenaza más bien fantasmagórica y poco creíble. Tan poco creíbles que él mismo se encarga de desmentirse, aunque luego vuelve con la misma cantaleta.
Varias personas hemos señalado que tales pronunciamientos son ante todo un globo al aire, un ejercicio retórico de esos con los que Petro busca mantener el estado de crispación, una cortina de humo para encubrir los fracasos de un gobierno que implosiona a causa de su corrupción y de su ineptitud.
Las dudas que despierta la amenaza no excusan, sin embargo, al Congreso de cumplir con su deber de defender los pilares del sistema democrático. El Congreso no puede permitir que el ruido de la reforma constitucional siga pasando por su lado como si nada tuviere que ver, sino que le corresponde desplegar las competencias de las que dispone para saber de qué se trata la iniciativa. En términos coloquiales, para saber por dónde corre el agua al molino. Sería inadmisible que su total inacción promueva un ablandamiento de los controles y abra la puerta a una reforma constitucional que todos desconocen y que nadie desea.
Lo ideal es que fuere el propio presidente quien se hiciere cargo de precisarles la idea al país, a su población y a sus instituciones, aunque intuyo que las probabilidades de que ello ocurra son más bien bajas. O inexistentes. Pero el Congreso sí tiene una competencia expresa para convocar al ministro del Interior para que la explique: ¿Qué razones la originan? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cómo contribuye a la construcción de soluciones? ¿Cuál va a ser, más allá del “pueblo”, el papel de los distintos sectores que, de manera específica, conforman el entramado político nacional?
La controversia que hay sobre los recursos de la UNGRD y los cuestionamientos que ha habido en torno a Luis Fernando Velasco, no nos deben desviar de este objetivo medular.
Las declaraciones que pueda dar el asediado ministro del Interior en relación con estas cuestiones son determinantes para saber, en concreto, a qué se refiere Petro cuando habla del poder constituyente y de las reformas populares. Sus respuestas serían de la mayor utilidad para descifrar la propuesta. O para disipar el fantasma.
