Debo manifestar que me ha llamado la atención el poco despliegue que se le ha dado al problema específico que condujo a la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
Como se recordará, la controversia se originó por la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de no adjudicarle el contrato a una empresa particular que había participado en la licitación para la elaboración de los pasaportes de los colombianos y que reunía todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. El gobierno argumentó que la empresa era la única oferente, lo cual hacía imposible asegurar una verdadera competencia.
No voy a entrar en el debate relativo a la calidad de pliegos. Tampoco hablaré sobre la polémica que se ha generado con posterioridad por la reunión que habrían sostenido en un hotel de París funcionarios de la Cancillería con personas interesadas en el tema y con el hijo del canciller.
El propósito de la columna radica en examinar, primero, la decisión de la Cancillería de no adjudicarle la licitación al oferente que se presentó y, segundo, a los reproches expuestos por Álvaro Leyva por la actuación de la ANDJE encaminada a promover una conciliación temprana.
La negativa de la Cancillería a la suscripción del contrato es violatoria de la ley. La razón es clara: las licitaciones son un mecanismo de selección de la persona o empresa que de mejor manera pueda satisfacer, a través de la contratación pública, una necesidad del Estado. Los requisitos mínimos que señalan los pliegos son, por tanto, el punto de partida. La competencia será así entre quienes superen este umbral mínimo.
La jurisprudencia ha señalado que, en los eventos en que se presenta un solo proponente, la licitación le deberá ser adjudicada siempre que reúna los requisitos establecidos. Es obvio: si el único oferente que se presenta demuestra que está en capacidad de hacer lo solicitado, lo lógico es que se le otorgue el contrato para cuyo proceso de selección se le se convocó a participar.
Si el Estado quiere tener una mayor participación, debe entonces establecer requisitos más amplios y señalar luego unos criterios de calificación que permitan evaluar una mayor cantidad de proponentes. Por el contrario, si el objeto de la contratación es altamente especializado, deberá entonces ser consciente de la que la competencia será menor. Lo importante es que los requisitos sean objetivos y razonables, y se orienten de manera efectiva a la satisfacción del interés general.
Lo inadmisible es que la Cancillería se niegue a la suscripción del contrato porque no le gusta el oferente que se presentó y que cumplía con las condiciones establecidas en los pliegos.
Si la empresa que se presentó y satisfizo los requisitos establecidos no es idónea, ¿por qué entonces no se establecieron en los pliegos unas condiciones estrictas para asegurar la elección de la empresa adecuada? (por lo demás, se trata de la empresa que anteriormente se hacía cargo de la elaboración de los pasaportes y que aún lo hace, en virtud de una prórroga, suscrita de emergencia y sin que mediara proceso alguno de selección objetiva).
Dada la decisión del Misterio de Relaciones Exteriores de no suscribir el contrato y ante las acciones acometidas por la empresa oferente, la ANDJE activó las funciones que le asigna la ley y que se encaminan a prevenir litigiosos costosos y buscar, cuando sea procedente, la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Insisto, esa es una de las funciones que le asignó la ley.
Es en este contexto en el que tiene lugar la famosa insultada que le metió hace unos días Álvaro Leyva a Martha Lucía Zamora en la Casa de Nariño y que condujo a que ella tuviera que salir de su cargo. El señor Leyva cuestionó a la directora de Agencia –con gruesa artillería verbal, según lo dicho en el Reporte Coronell– por reconocer el error del Estado e iniciar las actuaciones necesarias para mitigar el daño.
La prensa ha informado sobre los cuestionamientos que se le han hecho a la licitación para la elaboración de los pasaportes; sobre el riesgo en el que estuvimos los colombianos de quedarnos sin quién emitiera ese documento, necesario para gozar de una ciudadanía en los extramuros nacionales; sobre las filas interminables que muchos debieron realizar para obtener de manera preventiva un nuevo pasaporte, así al que tenían aún le quedaren algunos meses de vigencia; sobre el trato displicente que le propinó Leyva a Martha Lucía Zamora el día de su encuentro en Palacio.
Pero creo que, salvo algunas notas de prensa, una columna de Luis Guillermo Vélez y unas declaraciones de Camilo Gómez -ambos, exdirectores de la Agencia- poco se ha insistido en que las decisiones de la Cancillería y de Álvaro Leyva en torno a la licitación demuestran un claro desgreño en materia de contratación públicay un manifiesto desinterés por el cuidado de las finanzas de los colombianos.
La respuesta de Leyva a Zamora sobre la eventual condena que se vendría contra la Nación por el caso –“que me notifiquen en la tumba”, habría dicho– evidencia un claro desprecio por la institucionalidad y una manifiesta indolencia en el cuidado de los recursos públicos.
A finales del año pasado, el Congreso le aprobó al Gobierno una nueva reforma tributaria encaminada a succionar cada día más recursos de los agentes económicos.
¿Para esto es que nos piden a los contribuyentes que hagamos esfuerzos agotadores y asumamos cargas impositivas que cada vez nos resultan más asfixiantes?
