En Colombia desde 1994, la puerta de estupefacientes para el consumo de la dosis personal y de aprovisionamiento es legal de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C-221-1994. Según esta “la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria”, lo cual implica que la decisión del consumo de la dosis personal hace parte del libre desarrollo de la personalidad y respeta la autonomía y las libertades individuales de los ciudadanos.
El pasado 7 de diciembre, el presidente Petro derogó el Decreto 1188 del 2018, promulgado durante el Gobierno Duque. En él, se reglamentó parcialmente el Código de Nacional de Policía, y autorizaba al decomiso de la dosis personal. En este sentido, hay coherencia por parte del Gobierno en esta derogatoria y en el cambio de foco de la política de drogas que quiere implementar; y así haya habido mucho ruido e indignación por parte de algunos sectores, la realidad es que en Colombia el consumo personal de estupefacientes es legal desde 1994, así que esto no cambia mucho el panorama actual.
Lo que sí deja en evidencia es la incoherencia dentro del Estado y la incompatibilidad de políticas en este tema dentro de las mismas instituciones. En tanto que existe la oferta del consumidor, y su derecho a portar la dosis este amparada por la Corte , la cadena de valor de la droga tendrá siempre un ápice de legalidad, lo cual dificulta y entorpece la lucha contra el microtráfico.
En mi opinión, esto es un galimatías, en donde existen más incongruencias que suscitan más preguntas que respuestas. Así que presentaré una serie de preguntas sólo con el mero ánimo de invitar a reflexionar y debatir antes de sentar una posición.
Es bastante confuso que el negocio del narcotráfico sea ilícito (producción y venta), pero el consumo individual no lo sea. Todo negocio depende de la oferta y la demanda, y si la demanda es legal, lo lógico es que su oferta igualmente lo sea. Sí es prohibido vender droga, el que la compra ¿incurre en un acto ilegal a pesar de no cometer un delito? cuando esté comprando droga, sí el jíbaro tiene la dosis en la mano es ilegal, ¿pero cuando pasa a la mía ya es legal? ¿Ya estoy amparada por la ley?
Momento. Es decir, ¿qué por ejercer mi libertad sobrepaso la ley? ¿Es más importante las libertades individuales que el bien colectivo?
“Todo negocio depende de la oferta y la demanda, y si la demanda es legal, lo lógico es que su oferta igualmente lo sea”
Ahora bien, si ha de ser legal el negocio de la droga el país se beneficia de los impuestos y no seguiría patrocinando economías ilícitas que solo alimentan la narcoviolencia. El dilema con este asunto es que el contexto internacional no sería un favor de esta decisión, a pesar de que la mayor demanda de la producción de droga es internacional y no local. Claramente la legalización de la droga depende del contexto de cada país.
Continúo con mis tribulaciones. Si la aproximación del Gobierno es desde la salud pública y no del orden público, entendiendo el adicto como un enfermo y no como un criminal, ¿tiene el proyecto de la reforma de la salud un acápite destinado a este tema? ¿Estamos cómo país abriendo el camino de la legalización con la construcción con las correspondientes políticas públicas e instituciones?
Pero, aún así, ¿si la adicción es una enfermedad, qué tratamiento se le debe dar a cada droga? ¿Cuál se debe legalizar? ¿La marihuana sí, la cocaína no? ¿Pero si es decisión de cada uno, porque entonces intervenir en esa decisión? ¡Libertad es libertad!
La lucha contra las drogas fracasó y estrepitosamente. Es evidente la urgencia en cambiar el enfoque ante la lucha de las drogas y llevar a cabo un debate interinstitucional que converja los principios constitucionales con los intereses de la Nación.
