“Se debe cuestionar el CNE y su eficiencia como organismo rector del sistema electoral, pues existe un constante incumplimiento en los mecanismos de control del ingreso y los gastos de las campañas”.
María Margarita López
En 1895 un senador de Estados Unidos pronunció esta jocosa frase: “Hay dos cosas importantes en la política: la primera es el dinero y la segunda no la puedo recordar”. Y al parecer, cada día tiene más relevancia en el caso de Colombia, en donde al parecer existe una tendencia en violar los topes electorales con dineros privados.
En el país, según el artículo 109 y la Ley 130 de 1994, los partidos políticos pueden financiar su campaña con dineros del Estado, créditos bancarios, donaciones y dineros propios. Sin embargo, la ley establece topes electorales por parte de los privados y de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el 90 % del financiamiento de las campañas proviene de recursos privados. La norma, además, exige que presenten un informe de los ingresos y gastos de las campañas políticas y por lo general este reporte no se presenta en los tiempos exigidos y mucho menos con la transparencia que el mecanismo lo requiere.
Sin embargo, a pesar de que el CNE impone topes económicos para las campañas políticas, al parecer todas las campañas políticas, incluyendo presidenciales y locales, se han pasado por la faja la normatividad electoral en Colombia. Es decir que los partidos políticos no están declarando todo el dinero que entra a las campañas y estos dineros pueden ser legales o ilegales, como lo sucedido en las campañas de Samper, Santos, Zuluaga y Petro. El asunto es que al no declararse se viola la ley.
Sin duda esto se ha repetido enemil veces en todas las campañas electorales, lo cual plantea una pregunta fundamental. ¿Si esto es una tendencia, entonces se podría presumir que muchos de los gobernantes llegan al poder violando la ley? ¿Por lo tanto, son legítimos para ocupar el cargo y administrar dineros públicos?
La MOE establece claramente una correlación entre la cantidad de dinero y los votos. Es decir, gana el que más plata tiene. Y esto suscita un gran riesgo para la democracia, pues plantea tantos temas institucionales cómo éticos de alta envergadura.
En primer lugar, la cuestión ética que plantea la ecuación a mayor dinero, mayor cantidad de votos. La ventaja política de los contendores está ligada a los recursos privados, los cuales generan una relación intrínseca entre políticos y grupos de interés en detrimento del interés público. Es decir, los grupos financieros cobrarán al candidato su inversión.
Esto además genera un problema en términos de acceso de participación política pues limita la renovación de perfiles políticos. Asimismo, pone en cuestión la legitimidad de los gobernantes, ya que en el ejercicio político va a estar condicionado por los medios y las formas en las que llegó al poder. Esto pone en cuestión su transparencia, su honestidad y la responsabilidad con la ciudadanía.
En segundo lugar, pero no menos importante, se debe cuestionar el CNE y su eficiencia como organismo rector del sistema electoral,
pues existe un constante incumplimiento en los mecanismos de control del ingreso y los gastos de las campañas, además de irregularidades en el cumplimiento de los informes públicos sobre el manejo del dinero. Tampoco se hace efectivo la aplicación de sanciones.
Por lo cual, es urgente una revisión sistemática del funcionamiento de la entidad para que haga cumplir la ley y se permita hacer un seguimiento riguroso del origen, el volumen y el destino de los dineros que entran a las campañas. Es decir, el CNE es ineficiente y en su incapacidad favorece el clientelismo, la corrupción y el personalismo político. ¡Desde las entrañas del mismo sistema político!
Es urgente revisar el sistema electoral colombiano, reestructurar el CNE y crear sistemas de control efectivos con relación a los dineros, y más, en este país de economías ilegales. No se puede hablar de democracia, ni mandatos del pueblo, ni mayorías cuando nuestro sistema político está cooptado por la dictadura del peso. El verdadero cambio y la renovación política debe empezar por aquí.
