En 1863, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera instauró una convención política en Rionegro en donde se firmó la Constitución de 1863. Este año, se dio por terminado el modelo intervencionista y centralizado de la Confederación Granadina para dar paso a un país federal: Los Estados Unidos de Colombia.
Con esta nueva constitución el país fortaleció su tradición liberal. Conformó 9 estados federados, entre los cuales se encontraba Panamá y territorios que hoy en día pertenecen a Perú y Brasil (vale la pena ver un mapa de Colombia de esta época para sorprenderse de todo el territorio que hemos perdido). Se logró por fin la separación de la Iglesia con el Estado, se fortaleció la educación laica, se promovió el respeto por las libertades tales como las individuales, prensa, comercio, entre otras, se permitió el porte de armas y se abolió la pena de muerte. La libertad se convirtió en el valor supremo de la nación.
Dentro del marco institucional, el objetivo fue reducir el poder central y fortalecer los estados otorgándoles mayor autonomía para determinar sus propias formas de ingreso, leyes y políticas socioeconómicas. El rol del gobierno central era principalmente controlar el orden público, ser garante de las libertades y vigilar las finanzas públicas.
En 1886, el país volvió al centralismo tras una serie de guerras civiles y la constitución de Núñez. Desde entonces, Colombia mantiene este modelo de gobierno, a pesar de los muchos intentos de descentralizar el país y darles más autonomía a las regiones.
Hoy por hoy, las regiones piden a gritos más autonomía y descentralización del gobierno. Colombia debe transitar un camino hacia el federalismo y estas son algunas razones para considerar.
Colombia tiene 5 regiones, 32 departamentos y 1.001 municipios, los cuales tienen particularidades y necesidades distintas. Un gobierno federal promovería en los departamentos mayor autonomía, así como mejor implementación de políticas socioeconómicas y desarrollo industrial para la generación de recursos e ingresos propios. Asimismo, se reduciría el tamaño del gobierno central (la burocracia) y se centraría en la defensa nacional, las relaciones internacionales, la cuestión macroeconómica y la infraestructura nacional.
El sistema actual busca una distribución equitativa de la riqueza producida por el país. Hay departamentos como Antioquia o Valle del Cauca que reciben mucho menos de lo que aportan a favor de la redistribución de los departamentos más pobres. En este proceso, el sistema de transferencias incita a acuerdos políticos que son fuente de corrupción y clientelismo.
Conjuntamente, a mayores transferencias del gobierno central hay mayor corrupción, ya que en los departamentos menos productivos aumenta la dependencia de los recursos no propios —tales como las regalías—. Esto genera menos participación política y menos fiscalización.
Además, desincentiva la generación de recursos propios; no existe la motivación por desarrollar industria ni infraestructura. ¿Para qué el esfuerzo si igual se recibe el dinero? Por ejemplo, los departamentos que más transferencias de dinero por habitante reciben son Guanía, Vaupés, Amazonas y son los menos productivos. ¡Paradójico!
El gran desafío de la descentralización y la autonomía territorial, puesto que en muchas regiones es evidente el abandono del Estado, es la carencia de capital humano. En este aspecto, las transferencias de capacidades podrían ser una alternativa para fortalecer la autonomía territorial.
Sin duda, el ejecutivo debe sopesar la figura presidencial dentro del ámbito regional con el fin de reducir la burocracia y fortalecer las relaciones entre la población y sus mandatarios locales. Esto promovería mayor desarrollo empresarial y existiría correspondencia entre el gobierno local y sus contribuyentes. En este sentido, el gobierno del “cambio”, el que mira el país de la belleza con los ojos de la igualdad, tiene una gran oportunidad. Es hora de plantear una reforma de ordenamiento territorial que empodere las regiones, los gobernantes locales y limite el poder central.
