Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República
Nuestra meta como Gobierno, como Estado y, en conjunto, como sociedad, es que los indicadores de cualquier tipo de violencia, en particular aquella que se ensaña contra las mujeres, sean de cero: cero feminicidios, cero agresiones, cero maltratos. Nuestras mujeres tienen el derecho a vivir sin miedo a la soledad, sin miedo a la golpiza, sin miedo al maltrato psicológico, sexual, físico o de cualquier índole. Necesitamos que ninguna mujer sienta temor de regresar a su casa, de caminar por la calle, de vestirse como le parezca.
Los desafortunados y aberrantes casos de violencia que siguen registrándose —más de 14 000 entre feminicidios, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, en lo que va de 2021— nos preocupan y nos ocupan. Por eso, con el liderazgo del presidente Iván Duque y el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer creamos la estrategia “Mujeres libres de violencias”, que incluye acciones de prevención, atención y empoderamiento económico.
En prevención y atención, por primera vez realizamos un Consejo de Seguridad exclusivo para este fin, que lideramos con el presidente de la República. Allí analizamos las causas de las violencias contra las mujeres y adoptamos un plan de acción que se destaca por la efectividad en la implementación del mecanismo articulador. Creamos el Grupo Élite de la Policía para atender de manera prioritaria casos de violencias contra las mujeres. En ese mismo sentido he solicitado respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación que priorice los casos de violencias y feminicidios, y la creación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, para contar con información centralizada, de manera que los casos desatendidos no se conviertan en feminicidios y que los que se cometan tengan prelación en la investigación y judicialización.
Forman parte integral de esta estrategia: el fortalecimiento de la capacidad de atención de la línea telefónica 155; la creación de ELSA, plataforma tecnológica de algoritmos e inteligencia artificial que identifica y previene el acoso sexual en el ámbito laboral, y la elaboración de protocolos de prevención de violencias y acoso sexual en las entidades gubernamentales.
Sabemos que las mujeres del campo son aún más vulnerables y por eso creamos la Iniciativa nacional de equidad, emprendimiento y seguridad de las mujeres rurales (INÉS), para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de distintas formas de violencia contra las mujeres rurales y promover sus derechos, brindándoles información puerta a puerta que permita evitar y actuar frente a cualquier señal de maltrato.
Una mujer con autonomía económica tiene la libertad para decidir y esto la hace menos vulnerable. Por eso, la estrategia “Mujeres libres de violencias” tiene un importante componente de empoderamiento económico; INÉS también ofrece una caja de herramientas focalizada en apoyar y promover los emprendimientos de las mujeres del campo. Así mismo, el presidente Iván Duque emitió la Directiva 11 de 2020, en la que se ordena a todos los ministerios crear programas que garanticen la inclusión y la generación de empleo para las colombianas, quienes han sufrido el mayor impacto causado por la pandemia de la covid-19.
Conscientes de que la reactivación y la repotenciación se logran desde y para las mujeres, en la fase de mitigación de la pandemia, mediante Ingreso Solidario, las priorizamos con un criterio de desempate a favor de las madres cabeza de familia. Con este esquema ya se han beneficiado 2,3 millones, de los cuales un millón corresponde a madres cabeza de hogar. Con el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), a la fecha, 1,5 millones de mujeres han retenido o han recuperado su trabajo, lo que equivale al 30 % del empleo formal de mujeres antes del inicio de la pandemia.
Al finalizar nuestro mandato tendremos un millón de mujeres empoderadas económicamente, con oportunidades laborales o emprendimientos, entre las cuales 500 000 son mujeres rurales. Para ello estructuramos el fondo Mujer Emprende, que ya cuenta con $20 000 millones. Gracias a que esta iniciativa —pionera en América Latina— quedó incluida en la Ley de Emprendimiento, garantizamos su continuidad y logramos que esta política de Estado sea uno de los importantes legados de nuestro Gobierno.
El camino no es sencillo. Llegar a la meta de cero y revertir la infame cadena de feminicidios, fenómeno que no es exclusivo de Colombia, requiere también una inmensa corresponsabilidad y participación de toda la sociedad, para aprender una nueva forma de avanzar juntos, hombro a hombro. Por primera vez en la historia de nuestro país, un Gobierno ha situado a la mujer como prioridad de la agenda nacional y esto ha implicado una transformación que no tiene reversa. Contamos con la sociedad en su conjunto para ejercer control social y consolidar una institucionalidad volcada a atender, proteger, cuidar y empoderar a nuestras mujeres, de manera que nunca más vuelvan a tener miedo.
