Por Oscar Rodrigo Campo Hurtado – Representante a la Cámara- CR
Con atención y preocupación vimos como el aseguramiento en salud se estatizó en el Cauca, la Superintendencia de Salud tomó el control de las EPS que agrupan el mayor número de afiliados. Hoy después de varios meses todos reconocen, progresistas o no, que, como en el viejo refrán “el remedio resultó peor que la enfermedad”.
Hace algunos días, a través de mi red social de X, denuncié el drama que vive Jasmín Meneses, una joven madre del municipio de El Patía, Cauca, quien es reflejo de la trágica realidad que viven miles de colombianos frente al el sistema de salud intervenido, que parece más enfocado en la burocracia que en la atención médica. Jasmín, con un tumor que requiere una urgente intervención quirúrgica, lleva más de un mes esperando que Asmet Salud, su EPS, autorice el procedimiento necesario para cesar sus intensos dolores; mientras tanto, su hijo de tres años vive la angustia de no poder estar con su madre, una espera que día a día se hace más larga, sin una solución a corto plazo.
El caso de Jasmín no es un hecho aislado. En el departamento del Cauca, las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud han dejado a miles de pacientes en el limbo. La intervención, que debería haber sido una solución, no ha hecho más que agudizar el problema, afectando de manera directa a las personas más vulnerables. En lugar de mejorar la atención, la intervención ha transformado la salud en un campo minado de trámites interminables, que obligan a los pacientes a soportar largas esperas en situaciones donde el tiempo es vital.
El panorama es desolador. Tanto, que a los defensores irrestrictos del Gobierno Nacional se les ha hecho imposible explicar por qué en el Cauca, alrededor del 20% de los pacientes con estancias hospitalarias prolongadas, superiores a diez días, esperan la autorización de procedimientos o tratamientos que dependen de las EPS.
De estos, el 75% pertenece a Asmet Salud y Emssanar y muchos enfrentan semanas de espera para ser remitidos a especialidades críticas como oncología y neurología. Esta demora, no solo prolonga su sufrimiento sino que también pone en riesgo sus vidas. Cada día que pasa sin recibir el tratamiento adecuado es un día más de dolor, angustia y desesperación para ellos y sus familias.
Aunque los equipos médicos y asistenciales hacen todo lo posible por recuperar la salud de los pacientes, cuando se requiere servicios de mayor complejidad estos no están disponibles, la remisión a otros centros se convierte en un proceso largo y tortuoso y por la insuficiencia de la red de IPS en la región, no consiguen ofrecer una respuesta oportuna. Y cuando logran una respuesta, sólo es posible trasladar al paciente a ciudades distantes como Pasto, Bogotá y aunque parezca absurdo por la distancia, la Costa Atlántica.
Especialidades como neurología, neurocirugía, psiquiatría, y oncología, entre otras, son cruciales, pero no están disponibles de manera oportuna. Los pacientes con cáncer, que deberían recibir una atención prioritaria y eficiente, se ven atrapados en una "Ruta de atención para el cáncer", que parece más una trampa que una solución, retrasando tratamientos que podrían salvar vidas.
Además, el sistema colapsa cuando los pacientes, listos para regresar a casa, se encuentran con que las EPS no les proporcionan los medicamentos, insumos y dispositivos médicos necesarios para continuar su tratamiento. Esta ineficiencia termina impidiendo una recuperación satisfactoria.
Y precisamente, votamos positivo en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que declaró el cáncer como una enfermedad de interés en materia de salud pública y de prioridad nacional para Colombia y reconoció a quienes tengan sospecha o sean diagnosticados con esta enfermedad, como sujetos de especial protección constitucional y la implementación de esta ley no puede tener demoras.
El caso de los bebés prematuros es particularmente alarmante. A pesar del esfuerzo del personal médico y asistencial, la falta de programas ambulatorios como el “programa canguro” pone en riesgo la vida de estos recién nacidos. Es inaceptable que, en un país que se jacta de su compromiso con la vida, estos pequeños sufran por la incompetencia y la falta de previsión de quienes deberían velar por su bienestar.
Los pacientes no pueden seguir siendo víctimas de un sistema que, bajo el control del Estado, ha demostrado ser incapaz de garantizar el derecho fundamental a la salud. Es urgente que otros organismos de control intervengan y se depuren responsabilidades.No podemos permitir que las decisiones administrativas sigan decidiendo sobre la vida y la muerte de los colombianos. La salud debe estar por encima de todo y el gobierno de Gustavo Petro tiene la obligación moral, legal y política de garantizarla.
La reforma a la salud ya no es un propósito político, sino una necesidad que obliga a reparar todos los daños que se han hecho con la intervención.
En lugar de las mejoras esperadas, la estatización que se ha impuesto profundizó la crisis. Hoy, más que nunca, debemos concientizarnos de que la reforma a la salud que se necesita debe ser lo suficientemente concreta para salir de la crisis, y lo suficientemente estructurada para proteger el sistema frente a los retos que presenta la coyuntura y el futuro inmediato.
