El pasado 19 de junio, inauguré esta serie de dos partes sobre lo que he denominado el auge del bicentenario, una etapa de desarrollo económico acelerado que comenzó alrededor del 2002 y concluyó en el año 2022. Sostuve que fue la más reciente de tres transformaciones semejantes, siendo la primera el milagro cafetero de 1909-1929 y la segunda el proceso de desarrollo que desencadenó el Frente Nacional entre 1960 y 1980. Argumenté que, contrario a las mentiras de la coalición oficialista de nuestros tiempos, se trató de un periodo de desarrollo sano e incluyente, basado en la liberalización económica, la diversificación del aparato productivo y la consolidación del estado contra el terrorismo y el crimen organizado.
A pesar de las tendencias destructivas de los últimos dos años, la Colombia de hoy sigue siendo el producto de esos veinte años de desarrollo. Sin embargo, para volver a la senda del progreso, debemos reconocer que los fundamentos del auge del bicentenario hoy se encuentran agotados, lo que imposibilita regresar sosteniblemente a las prácticas de ayer. Cada etapa en la historia económica de un país requiere nuevas respuestas, moldeadas en parte por las limitaciones del proceso que la antecedió.
Así ocurrió en el caso del primer milagro colombiano, entre 1909 y 1929. Fue un proceso de apertura comercial y modernización institucional, caracterizado por la estabilidad política, la introducción de un régimen monetario confiable y la implementación de nuevas medidas contra la corrupción. Por primera vez en nuestra historia independiente,se produjeron condiciones propicias para el desarrollo de grandes inversiones en infraestructura y manufacturas, respaldadas en los crecientes ingresos de la industria cafetera, nuestro primer gran sector de exportación. Fue así que pasamos de una economía de subsistencia y artesanal, casi virreinal en su estructura fundamental, a una economía plenamente capitalista, con una población integrada al sistema monetario y un modelo productivo respaldado por empresas modernas. Este proceso concluyó en 1929, cuando la Gran Depresión produjo el colapso global de los precios de las materias primas — incluyendo el café colombiano — y el endeudamiento exorbitante de los gobiernos de los años veinte se volvió insostenible. Así como en el resto de Latinoamérica, Colombia tuvo que adaptarse a un mercado global deprimido y cerrado luego de haber gozado de una bonanza exportadora.
A mediados del siglo veinte, Colombia basó su crecimiento en la construcción de industrias nacionales cuyo objetivo era sustituir las importaciones de productos acabados, disminuyendo así la dependencia del país en las exportaciones de materias primas. Sin embargo, la sustitución de importaciones sólo pudo implementarse exitosamente a partir de los años sesenta, cuando la violencia entre liberales y conservadores concluyó definitivamente. En este contexto de estabilidad política, la sustitución de importaciones generó un auge basado en la urbanización acelerada y la producción industrial.
Sin embargo, para 1980, el desgaste del modelo era evidente.Había logrado construir industrias nacionales suficientes para el consumo doméstico, pero plenamente incapaces de expandirse hacia los mercados internacionales. Entre 1980 y 2002, la economía legal de Colombia languideció, inicialmente atormentada por las restricciones comerciales y regulaciones anticuadas de las décadas anteriores, luego incapaz de aprovechar los beneficios de la liberalización en los años noventa, dados los efectos nocivos del narcotráfico y la violencia.
¿Cuáles fueron, en este sentido, las características del auge del bicentenario?Si bien la Colombia del 2002 era una sociedad urbanizada y capitalista, la participación de su gobierno en la economía, excluyendo inversiones y transferencias al sector privado, era del 11%, no muy distinto al 9% que caracterizó las décadas de 1970, 1980 y 1990.
Nuestro aparato estatal, semejante en su tamaño al de países como Francia o Italia antes de la Primera Guerra Mundial, era totalmente inadecuado frente a las amenazas que acechaban al país en el nuevo siglo. La liberalización económica y sus beneficios debían ir de la mano del crecimiento y la modernización acelerada del aparato estatal, no sólo en sus capacidades militares sino en su capacidad de garantizar servicios básicos e infraestructura para el desarrollo.
Para el año 2019, el consumo gubernamental representó el 23% de la economía colombiana, más que la inversión y las exportaciones netas. La pandemia del COVID-19 impuso la necesidad de una expansión estatal aún mayor para enfrentar la crisis, mientras que la llegada de Gustavo Petro al poder sepultó cualquier noción de una expansión estatal racional para reemplazarla con el despilfarro dogmático, abiertamente a expensas del sector privado.
En épocas anteriores, el estado colombiano ha obstaculizado el desarrollo mediante restricciones comerciales, regulaciones irracionales, vacíos institucionales e irresponsabilidad fiscal, pero nunca antes había sido tan costoso que el tamaño de sus presupuestos puede representar un lastre para el sector privado, como ha ocurrido en el mundo desarrollado desde mediados del siglo pasado. Por primera vez en nuestra historia, Colombia debe decidir entre la expansión estatal acelerada y el desarrollo económico sostenido.Por primera vez, el liberalismo económico en Colombia no solo debe enfocarse en la eficiencia del estado, sino también en su sana restricción.
El próximo periodo de desarrollo en Colombia deberá ser fruto de una reorientación de la capacidad estatal colombiana a lo verdaderamente esencial: la derrota del terrorismo y la delincuencia, la garantía de seguridad jurídica para que el sector privado pueda crecer a plenitud y la transformación de la protección social en un instrumento para empoderar a los individuos a superar la dependencia del estado.
