El reconocido político y sociólogo estadounidense, representante de su país ante las Naciones Unidas en el gobierno de Gerard Ford y varias veces senador, Daniel Patrick Moynihan, es autor de la célebre frase “Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos”.
La expresión popularizada en diversos ámbitos de opinión y la academia, como base de la crítica a posturas revisionistas o negacionistas, cobra especial vigencia para referirnos a la capacidad de Gustavo Petro para distorsionar la real gravedad del asedio violento al Palacio de Justicia, el pasado jueves, durante la “movilización” promovida por él junto con FECODE, la CGT y otros sindicatos, con el fin de presionar la elección de Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Al final de la jornada, que requirió la intervención de la Policía Nacional para garantizar la integridad de magistrados y funcionarios a los que no se les permitía salir del Palacio, ninguna de las ternadas para el cargo obtuvo los votos suficientes -16- para ser elegida.
Mientras el país entero fue testigo de lo ocurrido antes y durante el asedio, Petro y algunos de sus ministros, especialmente el del Interior, cínicamente negaron la gravedad de lo ocurrido, llegando a afirmar que ni él ni FECODE promovieron las manifestaciones y que los magistrados siempre tuvieron libertad de entrar y salir del Palacio de Justicia, pero que habían preferido permanecer en su interior para seguir trabajando. En otras palabras, los magistrados y los cientos de funcionarios judiciales y administrativos del Palacio se ‘autosecuestraron’. Todo lo contrario, han afirmado claramente los presidentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, con quienes dos días antes se había reunido para expresarles su apoyo.
Es la primera vez en la historia del país, aparte de la ocupación terrorista de 1985 por parte del M-19, financiado por el narcotráfico, que la sede más importante del poder judicial en Colombia sufre una acción violenta de tan graves proporciones; así como es la primera vez, desde que se creó la Fiscalía General de la Nación, con la Constitución Política de 1991, que la Corte Suprema de Justicia es presionada para elegir Fiscal General antes de cumplirse el periodo del saliente, en este caso, Francisco Barbosa.
Desde Gustavo de Greif Restrepo, primer Fiscal General de la Nación, y hasta Mario Iguarán, el periodo de cuatro años de este funcionario iniciaba el 1º de agosto; sin embargo, a partir del 2009, las fechas de inicio y término de este periodo se alteraron por cuenta de las dificultades en la elección del reemplazo de Iguarán, lo que condujo a una interinidad en el cargo por 16 meses en cabeza de Guillermo Mendoza Diago. En aquella época, tras 20 rondas de votaciones fallidas, la Corte Suprema rechazó las dos ternas enviadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez; en noviembre de 2010, después de 88 días de haber asumido la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos envió la tercera de las ternas, de la que se eligió -en enero del año siguiente- a Vivian Morales (la Corte agotó tres rondas de votación), cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado el 28 de febrero de 2012.
Posteriormente, el 29 de marzo de 2012, fue elegido como Fiscal General Eduardo Montealegre, para lo cual la Corte agotó 11 rondas de votaciones. Fue precisamente en relación con la duración del periodo de este Fiscal que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de abril de 2013, determinó que el mismo era personal no institucional, por lo que debía completar los 4 años en el cargo y no solo por el tiempo que faltaba para cumplir el periodo para el cual debía ser elegido.
En reemplazo de Montealegre, que terminó su periodo el 28 de marzo de 2016, se desempeñó en encargo su vicefiscal Jorge Perdomo por un lapso de 4 meses, hasta que la Corte eligió a Néstor Humberto Martínez tras 4 rondas de votaciones. El 15 de mayo de 2019, faltando más de 1 año para cumplir su periodo, Martínez renunció en medio de la controversia suscitada por la orden de la JEP de liberar al terrorista Jesús Santrich, solicitado por la justicia norteamericana bajo cargos de narcotráfico por hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz.
Ante la vacancia en el cargo, asumió Fabio Espitia, quien se desempeñó como Fiscal General por 8 meses, hasta que tomó posesión Francisco Barbosa, elegido tras 5 rondas de votaciones.
Como puede observarse, y contrario a lo que muchos afirman, desde 2005 la Corte ha requerido agotar más de tres rondas de votación para elegir Fiscal General. Es común que pasen varios meses antes de la elección y que el Vicefiscal asuma en interinidad; además, vale la pena recordar que es la primera vez en la historia de este tipo de elecciones, que la terna para Fiscal General es enviada con 195 días de anticipación, justo una semana después de que Nicolás Petro fuera capturado por solicitud de la Fiscalía en desarrollo de la investigación por posibles delitos en la financiación de la campaña presidencial, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Malas señales envían las entidades y organizaciones dentro y fuera del país, y el propio Presidente, cuando violentando la institucionalidad e irrespetando la independencia de poderes, presionan la elección de Fiscal en momentos en que esa entidad, adelanta investigaciones contra la campaña, familiares y funcionarios del propio Gustavo Petro.
