“En cuanto a la soberanía, se tiene que entre los principios del acuerdo está el respeto de la soberanía de los países como base para su interpretación”
Por Eduardo Uribe Botero
El tratado de Escazú es un acuerdo abierto a 33 países latinoamericanos y del Caribe que tiene tres objetivos esenciales: garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Busca también el fortalecimiento de las capacidades de los países para asegurar la protección y la seguridad de los defensores ambientales. El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021. Trece países ya lo han ratificado, y la primera reunión de la Conferencia de las Partes tuvo lugar en abril de 2022 en Santiago de Chile.
Colombia no es aún parte del Acuerdo porque, aunque en diciembre de 2019 fue suscrito por el presidente Duque, el Congreso de Colombia ha dilatado su ratificación. Las razones por las cuales el Congreso se ha abstenido de ratificar el acuerdo son varias y tienen su origen, principalmente, en la oposición que han expresado algunos gremios y sectores de la sociedad. Han argumentado que, al ser parte del Acuerdo, el Estado Colombiano estaría cediendo soberanía, que se aumentaría la inseguridad jurídica, y que resulta innecesario ratificarlo porque la legislación colombiana garantiza lo que el acuerdo busca garantizar.
En cuanto a la soberanía, se tiene que entre los principios del acuerdo está el respeto de la soberanía de los países como base para su interpretación.
El acuerdo prevé que las partes buscarán los objetivos del acuerdo mediante la aplicación de su legislación propia. No impone ni exige a las partes la adopción de legislación o de normas distintas nuevas. Por lo anterior no crea condiciones de incertidumbre o inseguridad jurídica.
Ahora bien, lo que sí es evidente es que el acuerdo resulta oportuno por cuanto, aunque Colombia cuenta con una constitución y una legislación que buscan asegurar la protección del ambiente y los derechos humanos, el Estado y la sociedad han sido incapaces de contener los procesos de deterioro ambiental que avanzan sobre el territorio; y los asesinatos de defensores del ambiente se cuentan por centenares. Ante la ineficacia de las acciones estatales y de la sociedad en general, el Acuerdo de Escazú se constituye en una oportunidad para buscar, mediante la veeduría internacional, que su suscripción incentive el enforcement de la legislación ambiental y de derechos humanos que hemos adoptado, y que estas tengan efectos visibles.
Se puede suponer que si el gobierno del presidente Duque hubiera considerado que el Acuerdo de Escazú fuera contrario a la Constitución y a las leyes de Colombia, no lo hubiera firmado.
Lo que parece seguro es que su no ratificación por parte del Congreso de la República tiene más que ver con la defensa de intereses gremiales y particulares que con la defensa de los intereses y objetivos plasmados en la Constitución y en nuestras leyes. En buena hora el gobierno del presidente Petro le ha dado prioridad a la ratificación del acuerdo por parte del Congreso. Ojalá que esto contribuya al aumento de la eficacia de las normas que promulgamos.
