Pasados ocho meses desde que asumió el poder, el Gobierno del Cambio no ha logrado concretar –de manera clara– ni una sola de sus misiones de transformación social. Pasada la euforia del tiempo electoral, los cuestionamientos rondan alrededor del rumbo del país en medio de esta ola de reformas propuestas.
Pedro Pablo Jurado. Executive MBA Kellogg School of Management. INALDE Business School – Programa de Alta Dirección Empresarial. pedropablojuradod@gmail.com
En este momento no existe claridad política ni certidumbre institucional sobre los resultados de la agenda propuesta al Congreso, sus mecanismos de implementación o sus efectos económicos y sociales.
Lo verdaderamente cierto es que Gustavo Petro plantea reformarlo todo y decidió no jugársela por un proceso de Asamblea Constituyente, aunque su agenda de reformas y su ambición política puede considerarse como los cimientos para la consolidación de una nueva Carta Magna para el país.
En esta decisión, el jefe de Estado siguió el pulso de lo acontecido en Chile, donde el Gobierno de Gabriel Boric se la jugó por dicha vía y sufrió una apabullante derrota con más del 60 % de rechazo al texto que buscaba enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Petro no fue ajeno a los riesgos de la polarización política y seguramente lamentó este duro golpe a su homólogo del país austral. Así las cosas, su cercanía al caso chileno lo llevó a plantear otra fórmula para la agenda progre en Colombia.
De forma estratégica, el Gobierno del Cambio le ha apostado por consolidar una mayoría en el Congreso, lograr el aval para cambiarlo todo y luego gobernar mediante las facultades extraordinarias otorgadas por la ley para expedir decretos reglamentarios.
En términos prácticos: tú me apruebas el paquete de reformas y yo te invito a administrar el presupuesto. Todo bajo el método de disfrazar reformas constitucionales bajo la figura de leyes ordinarias. Es por ello vital entender que razón jurídica tienen quienes consideran que no puede tramitarse una reforma a la salud –como la presentada por este Gobierno– bajo el marco legislativo de una ley ordinaria.
Ya próximo cumplirse el primer año de legislatura del gobierno Petro, en verdad que los colombianos no conocemos la suerte de todas las reformas que han planteado, las cuales no dejan de despertar incertidumbre en muchos sectores del país.
Por ejemplo, la reforma a la salud genera pánico entre los colombianos por la latente posibilidad de volver al viejo esquema de prestación de servicios de salud por medio del modelo del extinto Seguro Social. En este momento, la iniciativa se sume en la incertidumbre política ante tantos reparos.
La planteada reforma laboral, por su parte, no consulta las evidencias de la realidad informática. Pensar en viejos esquemas obrero–patronales, a la luz de la cuarta revolución industrial, no estimula la creación o la formalización del empleo.
Mientras que la reforma pensional propuesta genera rechazo de plano debido a los altos márgenes de incertidumbre macroeconómica que plantea y la reforma a la justicia parece más pensada en beneficio de los miembros de la ‘Primera Línea’ que en la instauración de un marco restaurativo y resocializador del tejido humano.
No hay que dejar de lado la fracasada reforma política, un invento del Gobierno del Cambio que ahora aparece como huérfana. Tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso ahora salen a advertir la inconveniencia de la iniciativa.
Lo único evidente es que tanto Petro como Boric siguen una misma línea ideológica que busca enfrentar las clases sociales al interior del país y se empeñan en quebrar la Institucionalidad democrática.
A mi juicio, Petro se anticipó porque entendió que el proyecto de Asamblea Constituyente sería desgastante y poco prometedor a su estrategia política. Su método entonces fue cambiarlo todo –paso a paso– y con costos transaccionales dirigidos a consolidar mayorías en el Congreso, donde se debe adoptar la decisión final.
Entonces, ¿qué le falló al Gobierno Petro? Quizás, lo mismo que al gobierno de Boric. Quizás los caracteriza la visión anárquica de una sociedad sin ley ni orden público. Quizás son demasiado parecidos en construcciones utópicas alejadas de la realidad y la concertación democrática. Quizás ambos gobernantes han minimizado el peso y eficacia de la supervisión realizada por la sociedad civil. Y quizás terminen siendo una gran frustración por la oportunidad pérdida y entonces ambos gobiernos terminen siendo un paquete chileno.
