“No podemos aceptar que los colombianos vivan con incertidumbre y amenaza sobre el derecho de estar protegido. La salud es un vertical irrenunciable y fundamental”.
Por: Dr. Remberto Burgos de la Espriella
Médico neurocirujano, miembro número 1 de la Academia Nacional de Medicina.
La unidad de pago por capitación, UPC, corresponde a 1.4 millones de pesos y es lo que el sistema de salud reconoce por cada colombiano.
Poco, justo o mucho es el valor de la atención en salud durante 2023. Se presume que esto debe alcanzar para cubrir las necesidades. En porcentaje del PIB equivale a 5,1 % con un monto total de 52.24 billones aprobados. Ahí va incluida la adición al presupuesto general de la nación en donde 2.02 fueron destinados al sector salud. La pregunta lógica, ¿por qué se corre el riesgo de desfinanciar o quebrar el sistema?
En enero del 2023, ACEMI, envió una carta a los ministros de Hacienda y Salud, en donde entre otras cosas afirmaban que de cada 100 pesos que reciben las EPS del régimen contributivo gastan 102 en atenciones en salud. Solicitaron 10.4 billones que incluyen 3.1 billones por insuficiencia de la prima, 3.9 billones al faltante de este año y presupuestos máximos que tiene la ADRES desde 2021 y 2022. Hay recursos sólo hasta julio 2023 para estos presupuestos máximos. ¿Quién recibió estos documentos y cuál fue la respuesta?
El mes pasado, Numeris, consultora en temas financieros, expuso en ANIF la insuficiencia de recursos del sector salud, cuestionan la firmeza de la UPC y en donde no se tienen en cuenta variables como la inflación, las personas compensadas en el sistema y la estimación de otros ingresos.
Una información atrasada durante dos años y que excluye innovaciones tecnológicas y encarecimiento de los servicios de salud. Grabe esto: de cada $100 que recibieron las EPS en los últimos 12 años, $4.5 fueron destinados a la administración de los recursos. Muchos factores: mayores costos en los servicios, aumento en el uso, traslado de personas de EPS liquidadas y todo lo derivado de la pandemia.
Las deudas de las EPS activas son importantes y las tres primeras son: Nueva EPS 3.4 billones, Salud Total 2.3 billones y EPS Sanitas 2.1 billones. Las que están en proceso de liquidación: SaludCoop 2.4 billones y Salud Vida 1.5 billones. Estas cinco suman casi 10 billones de pesos y surge el elemental interrogante: ¿Cómo funcionan?
El caso de Teodora Vásquez de Quibdó es muy diciente. Se le diagnosticó un cáncer de seno, demoró 18 meses para que la atendiera el especialista. La familia desesperada y sin tener los recursos prestó el dinero y viajaron a Bogotá y Medellín. Fue atendida y su problema resuelto. Hoy está en Quibdó rezando para que esta crisis se solucione. Las EPS le deben al Hospital San Francisco de Asís $17.813 millones de pesos.
La parte locativa de la institución arruga el espíritu, techos destartalados, paredes agrietadas y pintura que paulatinamente se va hundiendo en el piso. Los usuarios hay que sacarlos para hacerles un simple tac. Hay un filón para los de afuera y es la remisión de los pacientes de ortopedia los cuales se atienden en Medellín y que equivale a $2.000 mil millones mensuales (el 95 % de los pacientes).
No les pagaron a los médicos, enfermeras y estos se endeudaron para poder comer. Entregaban su sueldo al agiotista por el 50 % del valor. Hoy no tienen cómo pagar el crédito. Tiene razón la Asociación de Clínicas y Hospitales cuando afirma que la deuda a diciembre 31 de 2022 es la más alta observada en los últimos 25 años de recorrido hospitalario.
¿Qué pasa con el Gobierno? ¡Trinos incendiarios y gritos explosivos! Hay señores que agotan todas las vías e instrumentos para que el déficit financiero no acabe con los sistemas de salud. ¿Han buscado otros caminos? No dejo de pensar en el proyecto de reforma a la salud y es vergonzoso que mostrando el panorama desolador de la quiebra sea el mecanismo de convicción para los votos parlamentarios. ¿Es esta la intención?
La atención en salud es sagrada, sus errores y desaciertos hay que corregirlos. Estatizarla como quiere el Gobierno es el peor de los males. Enterrar las EPS es una profanación y hay que ayudarlas dándoles la mano. Castigar sin contemplación a quienes se las han robado. Prevención y promoción son los puntos claves. Irrigar los territorios es una necesidad.
