Para el Gobierno será muy complicado sostener a la funcionaria responsable del escándalo por el fallido contrato con Centros Poblados, que en este momento tiene 70.000 millones de pesos embolatados.
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, pasa las horas más complejas de su carrera como funcionaria del Estado. El escándalo del contrato firmado por su despacho con la Unión Temporal Centros Poblados, que al día de hoy tiene en el limbo la suma de 70.000 millones de pesos del erario, entregados al contratista como anticipo, la puso bajo la espada de una moción de censura.
Esta semana la Cámara de Representantes debe decidir si la deja caer o no sobre ella y, si lo hace, la convertiría en el primer miembro de un gabinete presidencial en ser destituido por esa vía.
Que todos los intentos por aplicar la figura hayan resultado fallidos indica a las claras que tampoco será fácil hacerlo en este caso. Evitar a toda costa que algo semejante suceda ha sido punto de honor de todo gobierno. Sería una mancha inborrable no solo en la hoja de vida del ministro o de la ministra que sucumba sino del Ejecutivo al que pertenezca.
Por eso, mientras en los debates se oye toda clase de dardos verbales, en los pasillos los gobiernos de todo signo recurren a todo tipo de presiones para ganar la votación de tales mociones. Se piden pagos de favores viejos y se negocian nuevos si es necesario. Se pone toda la carne posible en el asador con tal de no perder la batalla en la votación final. Y si conseguir el atornillamiento del ministro o de la ministra en cuestión se hace imposible, la renuncia anticipada suela ser la fórmula salvadora.
Ya hay en la historia algunos casos, uno de ellos en este mismo gobierno. Cuando el ministro de Defensa Guillermo Botero -hoy embajador- vio que difícilmente podría sostenerse, tras un debate por un bombardeo contra disidentes de las Farc que les quito la vida a varios menores de edad, renunció para aliviarle la carga al presidente Iván Duque.
¿Con la ministra Abudinen sucederá lo mismo? No hay certeza. Durante el debate del viernes pasado, 3 de septiembre, la funcionaria hizo una exposición muy detallada de sus actuaciones en el caso e insistió en que se quedará en el cargo para salvar su honestidad y desarmar el entramado de corrupción en el que se parapetan los contratistas. También sacó a relucir tanto su orgullo costeño como el de pertenecer a la casa de los Char, cuyo peso en el Congreso y, específicamente, en la bancada de la costa norte es innegable. No obstante, la ministra no pudo explicar con suficiencia fallas protuberantes en la contratación como la ocurrida con la revisión de las polizas de cumplimiento que resultaron falsas.
Del lado de los congresistas, solo la representación charista y unos cuantos miembros de otros partidos hicieron una defensa cerrada de la ministra en la plenaria de la cámara baja, con el argumento fundamental de que debía quedarse porque ella ya estaba haciendo el trabajo de limpiar de corrupción su despacho. También trataron de dejar en claro que de ninguna manera se podía decir que este era un negociado entre costeños porque los mismos contratistas cuestionados tenía negocios con el Estado en Bogotá y otras ciudades.
Un detalle no menor es que fuerzas como el Centro Democrático y el Partido Conservador, que podrían estar interesadas en salvar de este golpe político al Gobierno que respaldan, estuvieron ausentes o no hicieron mayor esfuerzo por defender a la funcionaria. Quizás, no querían quedar ante las cámaras de televisión defendiendo o excusando actuaciones impresentables cuando se acerca la competencia electoral del 2022 para renovar las curules, pero tampoco se puede descartar que a la hora de la votación algunos decidan hacer el favor de no sacrificar a la funcionaria. Lo mejor para todos ellos, en el papel, sería la renuncia de la ministra antes de la votación, con el fin de evitarse daños electorales y minimizar las pérdidas para un Ejecutivo que necesita recuperar imagen.
No hay nada en el horizonte que indique que la situación para la ministra Abudinen vaya a cambiar en las próximas horas o días. No han aparecido los 70.000 millones de pesos ni hay responsables presos. Solo líos jurídicos y la certeza de que hubo por lo menos ingenuidad o impericia en el proceso de contratación entre los funcionarios del ministerio. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo sucedido, pero cuando hay tantos recursos en vilo, relacionado con una necesidad vital como es llevarles conectividad a colegios rurales hoy aislados, la cadena de responsabilidad no puede cortarse en un mando medio.
