Gustavo Petro no es el único mandatario al que le incomoda trabajar bajo los parámetros del respeto institucional y democrático con un Fiscal General de la Nación que no se subordine a su línea política.
Santiago Zeas. Periodista. Twitter: @santiagozeasec
En la práctica se trata de un rasgo de aquellos mandatarios cobijados por el signo del socialismo del siglo XXI, que no son capaces de convivir con la independencia entre los poderes del Estado, así como de los pesos y contrapesos que equilibran un sistema democrático.
El afán de Petro por colonizar lo antes posible la Fiscalía General del Estado es la premier colombiana del ‘remake’ de un filme que Ecuador ya espectó en 2007 con la llegada de Rafael Correa y que continúa proyectándose hasta la actualidad en forma de saga.
Nada más días después de asumir la Presidencia, Correa emprendió una cruzada para impedir que asuma su despacho el Fiscal que había sido elegido por el Congreso opositor.
Llamó “ilegal e inmoral” la designación de Francisco Cucalón por cuanto la Legislatura no esperó la terna del Consejo de la Judicatura. Y alertó que un Fiscal de origen político distinto al suyo podía incluso procesarlo penalmente por consideraciones políticas; una posición no muy distinta a la que maneja Petro en sus descalificaciones al fiscal Francisco Barbosa, quien tiene que indagar varios casos polémicos que han puesto temblar a temblar su administración.
Ya en los hechos, esa posición de Correa provocó que judiciales y simpatizantes de su movimiento Alianza País impidiesen que Cucalón asumiera su oficina, sin que la Fuerza Pública le brindase las garantías del caso para hacerlo. Pocos días después renunció.
El siguiente episodio llegó un mes más tarde, con el envío de una terna de la Judicatura, en la que el primer nombre (Washington Pesántez) sí era del agrado de Correa. Sin embargo, el Parlamento opositor designó el tercer nombre de esa nómina. Era el 22 de febrero de 2007 y en teoría su período era de seis años, pero no llegó a cumplir ni uno.
El 29 de noviembre de 2007, el día de la instalación de la Asamblea Constituyente manejada por el partido de Correa, declaró terminado el período del Fiscal y, sin ternas de por medio ni concursos, nombró a Pesántez, el nombre que siempre quiso.
No era para menos la afinidad, ya que el propio Pesántez confirmó que eran amigos. “Soy amigo del Gobierno y del Presidente de la República y, por principio, no negaré esa amistad, que me compromete a ser más severo en los casos que investigo”, dijo en 2009 al regresar de un viaje a Bélgica en que coincidió con Correa.
La afinidad con los siguientes fiscales fue ‘in crescendo’. En 2011 se realizó el concurso en el que participó su exministro de Energía y embajador en España, Galo Chiriboga. El concurso no estuvo exento de polémica, por la interferencia presidencial. En una de sus cadenas de los sábados, Correa dijo que Chiriboga era el ganador “por los ocho costados”.
Al final no hubo sorpresas y se cumplió su vaticinio: su exministro fue el ganador.
Seis años después llegó una nueva película de la saga. Esta vez un asesor del despacho presidencial fue el ganador. Se trató de Carlos Baca Mancheno, quien no tuvo obstáculo para asumir la Fiscalía.
“Por su propio carácter, los líderes caudillistas tienden a ser autoritarios, no aceptan las reglas y los contrapesos. Por ello tienen una permanente crítica al sistema democrático liberal, al considerar que está atravesados por ‘poderes fácticos’”, es la explicación de Carlos Rojas, periodista y docente universitario, sobre la oposición de líderes como Petro y Correa de trabajar con fiscales ajenos a su proyecto.
En la actualidad, Ecuador mira un último capítulo de cómo el correísmo anhela tomar el timón de la Fiscalía. En la mira está Diana Salazar Méndez, quien asumió en 2019 y llevó adelante la acusación contra Correa, quien fue sentenciado por un caso de corrupción y que actualmente reside en Bélgica, el país de su esposa.
A través del Consejo de Participación Ciudadana dominado por el correísmo y sus aliados -un invento de la Constitución socialista de 2008 para elegir las autoridades de control- ahora se pretende descabezar a Salazar, pese a que su designación está blindada hasta por la Corte Constitucional y tuvo como origen una consulta popular de 2018.
La han acusado de supuesto plagio de su tesis doctoral -acusación que se cayó por su burda y pobre argumentación-, luego presentaron a través de aliados una queja ante la Judicatura para “suspenderla”, acción que no prosperó por ser inconstitucional.
Sin embargo, el plan por sacar a Salazar sigue en pie y el correísmo espera amasar una mayoría en la Asamblea que se elegirá el 20 de agosto de 2023, para enjuiciarla políticamente y destituirla. “Falta poco”, es la frase preferida de Correa para amenazarla.
Mientras en Ecuador aún no hay certeza de si este es la última película de esta saga, en Colombia apenas si van por la primera parte de esta producción cinematográfica por controlar la Fiscalía General.
