La preocupación por la inseguridad y violencia en Colombia ha alcanzado niveles críticos, afectando a todos los sectores de la sociedad, independientemente de su posición social, económica o política. Tanto en áreas urbanas como rurales, la ciudadanía se enfrenta a una creciente sensación de incertidumbre y temor.
La incapacidad de las Fuerzas Públicas para contener esta ola de inseguridad ha exacerbado aún más la situación, dejando a la población desprotegida y vulnerable. Este clima de inseguridad no solo ha afectado la tranquilidad cotidiana de los ciudadanos, sino que también ha tenido un impacto devastador en la actividad económica del país.
Los grandes empresarios en nuevas inversiones están revisando sus decisiones debido al ambiente de inestabilidad y riesgo que prevalece en el país. Por su parte, los pequeños y medianos empresarios viven bajo el constante temor de perder no solo sus negocios, sino también sus vidas.
Esta atmósfera de inseguridad ha llevado a una disminución significativa en el consumo, ya que las personas evitan salir a las calles o viajar por temor a convertirse en víctimas de la violencia.
A nivel internacional, la percepción de Colombia como un destino seguro para el turismo y la inversión extranjera se ha visto gravemente afectada. Los visitantes y los inversores potenciales están cada vez más reticentes a viajar al país o comprometer sus recursos en un país donde la seguridad ciudadana y jurídica están en entredicho.
Las guerrillas, los grupos de narcotraficantes y los delincuentes comunes operan con total impunidad, sembrando el caos y la violencia en todo el territorio nacional. La situación ha llegado al punto en que estas organizaciones criminales actúan como si tuvieran carta blanca para cometer todo tipo de atrocidades, lo que ha sumido a la población en un estado de constante miedo y desconfianza.
En resumen, la inseguridad en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando no solo la vida diaria de los ciudadanos, sino también la estabilidad económica y la percepción internacional del país. Es imperativo que se tomen medidas urgentes y efectivas para restaurar la seguridad y el orden en todas las regiones de Colombia, en el marco de un Estado de Derecho que somos, son definitivas para devolver la confianza tanto a la población local como a la comunidad internacional.
Dentro de las medidas a tomar necesitamos comenzar por restablecer la moral y dignificar nuestra Fuerza Pública que se ha visto afectada por decisiones en su línea de mando, falta de claridad en los alcances de su capacidad de acción de cara a los procesos de negociación con los grupos ilegales y ciertos actos de corrupción conocidos por la opinión pública.
Igualmente es imperativo generar una acción coordinada y eficaz entre las autoridades nacionales y locales, la Fiscalía y autoridades judiciales, con oportunidades de participación de la ciudadanía y la comunidad empresarial. La articulación de todos los actores resulta fundamental para lograr los objetivos propuestos.
Finalmente requerimos de una claridad política frente a los alcances de la paz total a fin de contar con la certeza de que los diálogos adelantados se desarrollan con claro respeto de las líneas rojas demandas por la sociedad como el no secuestro, la no afectación de la población civil y la garantía de la acción eficaz de las autoridades ante el incumplimiento de estos acuerdos mínimos de un proceso de negociación en curso.
