“Sabemos bien que el mayor problema y la más grave enfermedad que afrontamos en nuestro país es la corrupción y la pérdida de valores, y si dejamos que un escándalo tape otro, y así sucesivamente, estamos perdidos«.
Víctor G. Ricardo
Analista político, ex comisionado de paz
Hace ya algunos días, en los distintos medios de comunicación se dio a conocer el grave caso de una licitación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), por la suma de 2,2 billones de pesos, que tenía como objetivo llevar conexión de internet a más de 7.000 colegios de distintas zonas rurales del país.
El negocio multimillonario fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados y resulta que, ante atrasos presentados en la ejecución del contrato, se estableció que las pólizas de garantía de esta eran falsas y, por lo tanto, no había garantías reales. Así mismo, los aseguramientos para el manejo del anticipo por más de 70.000 millones de pesos, que recibió la unión temporal, también resultaron falsos.
Cuando las cosas empiezan mal terminan mal. Vale la pena recordar que durante el acto de recibos de la primera licitación pública abierta para este objetivo –seguramente una de las licitaciones más grande que haya hecho el MinTIC– pasó algo desconcertante: el país esperaba que por su importancia fuera presidida directamente por la entonces ministra Karen Abudinen o algunos de los viceministros, o por el Secretario General de ese Ministerio. Sin embargo, el acto fue presidido por la subdirectora de contratación administrativa.
Durante el mismo acto de entrega de las propuestas, uno de los oferentes denunció que un asesor oficial del despacho de la Ministra estaba vinculado a una de las firmas participantes y que, por lo tanto, no entendía esa ‘irregularidad’, por denominar de alguna manera ese acto de inmensa gravedad.
En ese momento pidieron un receso mientras analizaban el caso y, al continuarlo, la razón que dieron fue que en el contrato de trabajo del asesor del despacho de la Ministra habían incluido una cláusula en la que se dijo que él podía dar asesorías en contratación administrativa a personas tanto naturales como jurídicas.
Semejante anomalía en cualquier otra circunstancia hubiera provocado, además de una severa investigación y la cancelación del contrato del asesor, la caída del ministro del caso o al menos de la persona responsable de tan grave situación presentada, ya que, además de enfrentar las consecuencias penales, se debe asumir la responsabilidad política.
Lo que uno se imaginaba a partir de ese instante era que iban a estudiar muy bien las propuestas que se presentaran a esa dependencia, que las analizarían de la forma más cuidadosa y responsable. Se esperaba también que quien fuera el ganador –además de ser el mejor en experiencia, precios y calidad– fuera una garantía para el desarrollo del multimillonario contrato.
Lo que nunca llegamos a pensar es que la persona jurídica beneficiaria del contrato presentara unas pólizas falsas y que ni el Ministerio, ni la interventoría, ni la firma que contrataron para que estudiara las pólizas se hubieran dado cuenta de ello.
Ese es un error imperdonable que ha puesto en alto riesgo las sumas de dinero entregadas como anticipo y que, además, muestra el desgreño administrativo de esa cartera ministerial y la irresponsabilidad de la hoy exministra, que posaba y decía que era una gran ejecutiva.
Los medios presentaron así toda la situación, pero además el mensaje que les llegó a la ciudadanía y a la opinión pública fue de un acto de corrupción sin precedentes, por lo acontecido.
En este caso es muy importante que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República y la Fiscalía investiguen a la mayor brevedad las verdaderas razones de semejante escándalo y le den a conocer a la opinión pública sus resultados, además de las sanciones que deben imponer a quienes, por acción o por omisión, dejaron que esto sucediera.
La ciudadanía tiene derecho a conocer por qué ocurren actos de tanta gravedad y por qué no se toman medidas rápidas y ejemplarizantes.
Sabemos bien que el mayor problema y la más grave enfermedad que afrontamos en nuestro país es la corrupción y la pérdida de valores, y si dejamos que un escándalo tape otro, y así sucesivamente, estamos perdidos.
No es un secreto que últimamente Colombia ha aparecido como uno de los países donde la corrupción ha llegado a niveles más profundos en los distintos sectores e instancias de la sociedad. Requerimos, por lo tanto, que se tomen medidas prontas y eficientes contra los corruptos.
