La Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo una Actuación Especial de Fiscalización para analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) a las EPS en 2020. Esta investigación también examinó la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas, utilidades y variaciones patrimoniales de las EPS.
El estudio abarcó 24 EPS, incluyendo entidades como Aliansalud E.P.S, Savia Salud EPS, Asmet Salud EPS S.A.S, y Nueva EPS S.A., entre otras. La CGR utilizó información de los estados financieros certificados por los representantes legales y dictaminados por revisores fiscales de cada EPS, correspondientes a los años fiscales 2019, 2020 y 2021.
Los hallazgos revelan que las EPS pagaron servicios de salud de años anteriores al 2020 con recursos de la UPC por $5.4 billones, fondos que tenían una destinación específica según la Constitución y la ley. Por ejemplo, la EPS S.O.S. pagó deudas por $86 mil millones de pesos correspondientes al período 2003-2015 con excedentes de la UPC de 2020, a pesar de que algunas obligaciones ya estaban prescritas o las acciones judiciales habían caducado.
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Se identificaron casos como el de NUEVA EPS, que pagó servicios de salud de años anteriores (2008-2015) por $62 mil millones con la UPC de 2020. Además, se detectaron excedentes por $643 mil millones en Presupuestos Máximos, destinados a financiar enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud.
La investigación también reveló mayores valores pagados por $5.3 billones, resultantes de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados y lo pagado. Por ejemplo, en NUEVA EPS se evidenciaron pagos sin soportes por $2.1 billones, y en EPS FAMISANAR por $643 mil millones.
Se detectaron pagos que no guardan relación con los servicios de salud. NUEVA EPS, por ejemplo, accedió a créditos bancarios por $3.9 billones entre 2019 y 2021, de los cuales $40 mil millones se destinaron a gastos como honorarios de junta directiva, vales de gasolina, clases de yoga y pilates, entre otros, incluyendo intereses pagados con recursos de la UPC.
Como resultado de la Actuación, se obtuvieron 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por $6 billones, 37 con presunta incidencia penal y disciplinaria, y 24 hallazgos para apertura de Indagaciones Preliminares por $5.3 billones. Además, se realizarán 37 traslados a diversas autoridades competentes, incluyendo la Superintendencia Nacional de Salud y la Contaduría General de la Nación.
