Los mercados regulados son ineficientes.Se supone que esta ineficiencia tiene una justificación moral que se remite al concepto escolástico de precio justo, que luego fue refutado por la Escuela de Salamanca. Esta historia es suficientemente conocida en la teoría económica, lo que suele dejarse de lado es que ineficiente es un concepto que no trata solamente de rentabilidad, esa ineficiencia causada por la regulación se traduce en caos social.
La intervención de los mercados tiene un alto costo humano en términos de precariedad, confusión y violencia, sobre todo cuando la regulación causa la súbita privación del acceso a un bien esencial. Por ejemplo, un bien llamado combustible. Los políticos que determinan el precio de este activo vital han estipulado, súbitamente, un precio que no se puede pagar. La razón para ello es que estos políticos necesitan más dinero para transferir a otros bienes intervenidos, antes de que estos bienes tampoco se puedan pagar, pero que son de su inmediato interés para obtener rentas rápidas y aumentar su capital político.
El transporte de carga movilizó en Colombia aproximadamente 135 millones de toneladas de mercancías en 2023, más de 4.800 millones de galones y realizó más de 10 millones de viajes. Estas cifras describen un mercado en expansión y en apariencia rentable, que ha construido una oferta excepcional basada en pequeños propietarios. El 76% de los propietarios de vehículos de carga son pequeños emprendedores. Solo 8 empresas del sector poseen más de 100 vehículos y tan solo el 2% posee 10 camiones o más. El grueso de los transportadores, un 80%, son dueños de un camión, o menos.
No se trata de un negocio controlado por oligopolios, sino de un sector de la economía impulsado por pequeños y medianos inversionistas que compiten constantemente en un entorno de alta deuda y alto riesgo, al que entraron basados en información falsa de mercado, con precios de referencia creados por políticos y sistemas monopólicos de insumos controlados por redes de interés ajenas al negocio. Así, la posibilidad de que unos de estos poseedores de un camión, o menos, llegue a tener diez o más, no depende de su eficiencia sino de gabelas, componendas y sobornos. Propiamente hablando el mercado del transporte no existe.
En 2004, 2008, 2013, 2016 y 2020, se han registrado paros camioneros de entre 5 y 20 días de duración, todos relacionados con el precio de combustibles, estado de las vías y seguridad, es decir con costos creados por los políticos. Estos paros siempre se han resuelto con promesas de estabilización de precios y supuestas mejoras que nunca sucedieron. En realidad, los llamados “paros” han venido a ser el lobby de los pobres. Y la situación del sector empeora cuando entran en conflicto con un régimen de izquierda radical, los socialistas consideran que los pequeños propietarios constituyen su principal oposición social, de ahí el trato deleznable de Petro respecto de los camioneros, a los que engañó durante la campaña política y ahora instrumentaliza y estigmatiza para cuadrar las cuentas de la empresa petrolera que él mismo está llevando a la quiebra.
Atrapados en una red de regulaciones, subsidios, prebendas e intereses políticos, designados por el gobierno como enemigos de clase, trabajando con información falsa de mercado creada por un monopolio estatal, obligados a contraer deudas de alto costo y rodar por vías infames, amenazados por bandas criminales y traicionados por los políticos que votaron, estos empresarios, hombres de iniciativa, lo mejor del capitalismo y la libertad, a estas horas no saben siquiera realmente cuánto vale su camión.
