Entramos en la etapa final del Gobierno y del Congreso que deberán renovarse en la primera mitad del próximo año mediante el proceso legítimo de las elecciones. Para esta última legislatura se espera que salga adelante una serie de iniciativas –de origen gubernamental, algunas y parlamentario, otras– que colmen las expectativas frustradas de los colombianos, las cuales han conducido al descrédito del uno y del otro, dando pie a las protestas y a los acontecimientos recientes. Observemos algunas de ellas:

En este último periodo del Congreso se radicó el proyecto de la tercera reforma tributaria que presenta el Gobierno, y con ello se pudo conocer al fin el articulado de lo que se ha denominado el proyecto de “Inversión Social”, que buscará recaudar 15,2 billones de pesos para las maltrechas finanzas públicas, agobiadas por la pandemia y por una serie de demandas sociales que la crisis sanitaria ha dejado en el camino.

Contrario a la anterior propuesta, la actual viene precedida de un amplio respaldo de los sectores políticos y gremiales del país, y el ministro responsable ha anunciado que no tocará a la clase media, ni a los pensionados, ni a la canasta familiar, y que básicamente se limitará a ampliar el impuesto a la renta de las empresas al 35 % y el impuesto del ICA, y a hacer otros ajustes que el mismo sector empresarial ofreció asumir para paliar la actual coyuntura que contrajo el PIB en un 6,8 % e hizo que 3,5 millones de colombianos aumentaran las cifras de la pobreza.

Aunque para algunos críticos los recursos que se esperan conseguir con la reforma son insuficientes para los requerimientos fiscales del momento, se tiene la expectativa, al menos, de poder dar continuidad a los programas gubernamentales ofrecidos a la población más vulnerable: ingreso solidario hasta 2022 y ampliación de cobertura; Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta finales de este 2021, con énfasis en pequeñas empresas; matrícula cero para la educación superior estatal; impulso al empleo juvenil, todas necesidades que fueron develadas con ocasión de las protestas sociales y la misma pandemia. 

Esperemos que el manejo prudente que se le ha venido dando a la iniciativa le permita cumplir su trámite en esta legislatura, sin los contratiempos que tuvo la frustrada propuesta anterior, que incendió el país y causó más pobreza y destrucción, con un costo mayor de lo que se esperaba recaudar. Se destaca el propósito de avanzar en contra de la evasión fiscal utilizando los instrumentos tecnológicos que permitan un mejor recaudo y eviten la corrupción.

“Esperemos que el manejo prudente que se le ha venido dando a la nueva reforma tributaria le permita cumplir su trámite, sin los contratiempos que tuvo la frustrada propuesta anterior, que incendió el país y causó más pobreza y destrucción, con un costo mayor de lo que se esperaba recaudar”.

El Congreso también se ocupará de otra iniciativa gubernamental anunciada como el “proyecto antivandalismo y antidisturbios”, que muchos han considerado como inútil, en la medida en que las actuales normas vigentes penalizan las conductas que ahora se quieren reglamentar. Es la reiterada ocurrencia que tenemos en Colombia de creer que la solución está en las normas o en las penas. Algunos piensan que es necesario reglamentar el artículo 37 de la Constitución Nacional referente a la manifestación pacífica. Este tema puede polarizar los ánimos de los diferentes sectores políticos y sociales, y convertirse en leña para avivar el fuego que se encendió con la pasada reforma tributaria. La gran enseñanza de los pasados disturbios es que hay que garantizar la protesta pacífica; pero no se puede permitir el vandalismo y el bloqueo del país; los instrumentos legales ya existen.

Otro proyecto importante es el del Presupuesto General de la Nación. Con él esperamos que se tornen reales las políticas de austeridad que anunció el Gobierno y que comenzaron a frustrarse con cosas tan simples como el cambio de uniformes en la Policía Nacional; bastante inoportuno e inútil, por cierto. El país espera una política de reducción de consejerías, ministerios, esquemas de seguridad, carros oficiales, etc., que de verdad contribuya a tener un modelo de administración pública más eficiente y menos ostentosa.

Nuevamente se genera expectativa sobre la posibilidad de reducir el tamaño del Congreso y los emolumentos de sus miembros. Ojalá pudiera llevarse a feliz término una iniciativa de esta estirpe, que sin duda sería muy bien vista por la sociedad colombiana. En cada legislatura se presentan proyectos tendientes a cumplir este propósito ciudadano, los mismos que por diferentes motivos se frustran.

De iniciativa parlamentaria, aparece la propuesta de cambiar la Constitución en lo atinente a la elección del Fiscal General de la Nación, para que sea ternado por la Corte Suprema de Justicia y elegido por el Presidente de la República, es decir, invertir lo que hoy tenemos. Totalmente desubicada la iniciativa: la política criminal debe tener como responsable al Ejecutivo. La Fiscalía, en su actual rol en el sistema penal acusatorio, no debe estar ubicada en la rama jurisdiccional, sino en la ejecutiva. El Fiscal debería ser elegido por el Presidente de la República directamente, sin el envío de terna a la Corte, y hacerse responsable del éxito de esta institución en la persecución de la delincuencia y responder políticamente por ello.  La Fiscalía no tiene nada que hacer en la rama judicial ni pregonar ese remedo de independencia que no tiene. A la cabeza de la rama judicial, lejos de dar independencia a una figura que no la requiere por sus actuales funciones, se le trasladaría una competencia electoral que la perturba y atenta contra su independencia.

También se dice que volverá otra vez al Congreso la discusión sobre la eutanasia, reglamentación ordenada desde hace varios lustros por la Corte Constitucional (al cierre de esta edición, por séptima vez) y que, ante la ausencia de reglamentación legal, ha tenido que suplirse con actos administrativos del Ministerio de la Protección Social. Nuevamente se arma la discusión, más religiosa que científica, sobre si morir dignamente es un derecho y si contradice el derecho a la vida. Son las dos caras de la misma moneda. Como se vive hay que morir, sin medicina heroica y sin aparatos tecnológicos que, en lugar de prolongar la vida, no hacen otra cosa que impedir la llegada natural de una muerte bienhechora. Es un debate en mora que debe dar el Congreso como receptáculo de la opinión ciudadana.  

Esperemos que las expectativas para este último año de Gobierno y de Congreso puedan recuperar el tiempo perdido y lo que hemos retrocedido como sociedad civilizada. Nuevos problemas enfrenta nuestra democracia, ahora que el comité del Paro reclama iniciativa parlamentaria y que pone en el filo de la navaja la legitimidad representativa del Congreso.

JAIME ARRUBLA PAUCAR

Director

Revista Alternativa