Por Fanny Kertzman

El Ministerio de Justicia ha publicado un borrador de decreto para reanudar la fumigación con glifosato. El decreto establece que será la Policía Antinarcóticos la encargada de llevar a cabo la fumigación. Hoy en día hay diez pelotones del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato (Pecat).

Desde finales de 2019, el Gobierno ha buscado volver a la fumigación, que fue prohibida por la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional. La Sentencia se basa en el estudio realizado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que el glifosato era probablemente carcinogénico. “Existen elementos para afirmar que el glifosato es una sustancia tóxica que, dependiendo del nivel de exposición, puede causar cáncer u otras afectaciones a células humanas”, dice la Sentencia. 

Pero siempre hay lugar para las dudas. La misma IARC ha declarado que se necesitan cuantiosas dosis de glifosato para ver algún efecto, imposibles de alcanzar en la vida de un humano. En 2019, la agencia declaró que el uso de glifosato incrementa en un 41 % la probabilidad de adquirir un cáncer llamado linfoma no Hodgkin.

En Estados Unidos hay cerca de 9000 demandas contra Monsanto, el laboratorio dueño de la patente. Hoy en día Monsanto pertenece a Bayer. En tres casos se lo ha hallado culpable por “no avisar” sobre el potencial peligro que representa la fumigación con glifosato, y Bayer ha expresado su deseo de arreglar las demandas actuales por fuera de juicio por una suma cercana a 10 000 millones de dólares.

A pesar la declaratoria de la agencia internacional, numerosas autoridades e institutos, como la European Chemical Agency y la European Food Safety Authority (EFSA), continúan considerando al glifosato como un producto seguro y varios estudios médicos no han encontrado relación alguna con el cáncer u otro tipo de mal. Se estima que en el mundo se han utilizado más de 6 billones de kilos de glifosato entre 2005 y 2014, más que cualquier otro herbicida. 

Las motivaciones para la eliminación del uso de glifosato en Colombia obedecen a razones políticas más que ambientales. Desde el inicio de las conversaciones de paz, los jefes guerrilleros exigieron excluir el uso del glifosato en la fumigación aérea, probablemente debido a su efectividad para erradicar los cultivos de coca. Como una salida que no sonara tan capitulante, el gobierno de Juan Manuel Santos se agarró de las razones sanitarias para prohibir esta arma eficaz contra el narcotráfico.

Para cumplir con las condiciones impuestas para reanudar la fumigación, el Instituto Nacional de Salud (INS) deberá entregar un concepto con los posibles riesgos de la aspersión y cómo mitigarlos. Se requerirá también licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y monitoreos mensuales, cuyos resultados se le entregarán al Consejo Nacional de Estupefacientes, que es la entidad que define la autorización.

Los funcionarios del Consejo son los mismos de la ANLA, del INS y otros reguladores, por lo que basta la voluntad política para aprobar nuevamente la fumigación. Y esta vez sí la hay, como lo ha indicado el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que en abril nuevamente habrá fumigación.

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