Por: Diana Gómez, directora del Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.

El presidente Duque y parte de su gabinete recibió el fallo de la Corte en San Andrés

El fallo de la Corte Internacional de Justicia CIJ) que determinó el 21 de abril pasado que Colombia “ha violado los derechos soberanos y jurisdicción de Nicaragua” debe analizarse más allá de la implicación específica que tiene para Colombia en términos jurídicos. Hace falta una lectura amplia apuntalada desde la geopolítica que dé cuenta de los intereses nacionales del país y del lugar que allí deben tener las fronteras y sus zonas marítimas.

El archipiélago conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina junto con otras pequeñas islas e islotes, está a 110 kilómetros de la costa de Nicaragua, y a 720 de Colombia. La zona en disputa perdida por Colombia ya en 2012 y ratificada en el fallo, abarca 75 mil kilómetros cuadrados. Se trata de su territorio más próximo a Centroamérica. Es un punto estratégico de relacionamiento de nuestro país no solo con Nicaragua sino con Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Panamá.

La implicación de fondo para Colombia radica en la importancia de dicha frontera en cuanto se constituye en nuestro hinterland en el mar Caribe. La palabra hinterland es de origen alemán y significa literalmente «tierra posterior». ​ En un sentido más amplio, el término alude a la esfera de influencia de un asentamiento, un puerto, una ciudad, una región o un Estado. En el caso de Colombia, se trata de su esfera de influencia y control en materia de defensa y seguridad en el Caribe, que incluye el control de las rutas marítimas, es a la vez eslabón fundamental para la proyección económica y comercial de Colombia en Centroamérica, así como territorio para el desarrollo de la investigación científica en materia biológica, en biodiversidad  y sobre el desarrollo de culturas transfronterizas, conocimiento clave para configurar la presencia del Estado en dicha zona.

En otras palabras, más allá de un punto de avanzada muy relevante, es un lugar geoestratégico para el país. Refiere al rol que puede desempeñar Colombia en el gran Caribe, usando el criterio geográfico de mar mediterráneo desarrollado por uno de los padres de la geopolítica, Nicholas Spykman.

En efecto, la situación de Colombia respecto al diferendo con Nicaragua remite a la necesidad de que el Estado colombiano abra un espacio para replantear su visión sobre el papel que debe cumplir en sus fronteras, tanto por su dimensión geopolítica que implica a la política exterior, como por su dimensión doméstica. En ambas esferas las fronteras han sido identificadas en nuestra historia con barreras y límites, antes que con la realidad: las fronteras como espacios de interacción social, económica, política, étnica y cultural, así como en ciertos casos, hinterland para la defensa y la seguridad.

La ausencia del desarrollo de políticas para las fronteras ha estado históricamente vinculada con un extremo centralismo que considera que se trata de zonas por lo lejanas, entonces aisladas, despobladas, ruralizadas y/o colonizadas, dejando de lado su enorme importancia en el orden geoestratégico y geopolítico. Eso sin sumar las riquezas naturales que suelen caracterizar a estas zonas en el caso de Colombia.

El equipo jurídico que defiende los intereses de Colombia manifestó estar satisfecho con el fallo

Mientras el Estado se ha caracterizado por su miopía en materia de políticas de vecindad y relaciones transfronterizas, actores al margen de la ley se han apoderado de las regiones invisibilizadas por el centralismo y se han apropiado de los recursos existentes en las áreas de frontera y zonas circunvecinas, contribuyendo a la creación de corredores abiertos a las economías y los mercados ilegales transnacionales que escapan al control estatal o perviven gracias a la connivencia con agentes del Estado. Así, las relaciones en las fronteras terminan afectando y complejizando las relaciones bilaterales con países vecinos.

De ahí que resulta también indispensable en ese contexto nutrirse de un recurso del que hace uso la geopolítica, la prospectiva estratégica, que consta de un conjunto de herramientas que permiten discernir posibles escenarios sobre los cuales definir líneas estratégicas de acción, y por lo tanto, tomar decisiones que impacten positivamente el área de análisis, en este caso específico, las fronteras colombianas en el Caribe.

Sobre ejercicios de prospectiva es que países como Japón, Estados Unidos, China o Rusia se basan para ir delineando sus propias políticas y estrategias en materia geopolítica y geoeconómica. En América Latina: México, Brasil, Argentina y Chile tienen desarrollos importantes en esa materia.

Esta ausencia de una mirada geopolítica que sea sustrato de nuestra política exterior, se refleja en el hecho de que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no obra con la frecuencia que debería hacerlo y con el impacto que una comisión de esta naturaleza debería tener, más aun teniendo en cuenta que una de sus funciones es “estudiar los límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua y plataforma continental” de nuestro país.

Los territorios perdidos por Colombia en su batalla jurídica con Nicaragua son también el resultado de un servicio diplomático que adolece de una preparación de alto nivel y una tardía defensa judicial.

Mientras no haya una perspectiva estatal imbuida de una perspectiva geopolítica, quienes seguirán pagando en lo inmediato los efectos de esta ausencia de Estado son los pobladores de San Andrés y sus zonas aledañas. En el largo plazo, lo será el Estado.

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