Por Juan Manuel GalánExsenador de la República /@juanmanuelgalan

PROCANNACOL es la Asociación que nace con la firme convicción de promover el desarrollo, implementación y ampliación de los diferentes usos medicinales, científicos e industriales del cannabis.

El 2 de diciembre de 2015, en una entrevista en la W Radio, el cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez (QEPD), quien para ese entonces tenía 96 años, pronunció una frase que le daría un giro de 180º al trámite legislativo que se estaba llevando a cabo en el Congreso de la República para el proyecto de Cannabis Medicinal. Así, tajantemente, indicó que “el problema de la marihuana no está en la droga misma sino en el hombre”. Esto el mismo día en que se iba a llevar a cabo el segundo debate en la plenaria del Senado.

Con ello lo que se buscaba era ganar el apoyo de la bancada conservadora, que tanto para ese entonces como para hoy en día, alegaba motivos religiosos para que se hundiera la iniciativa. Sin duda, este fue un apoyo importante porque a pesar de la evidencia, el cambio de perspectiva para la política de drogas continúa siendo un tema en el que hay mucha especulación y miedos fundados en estereotipos.

Ahora, en cuanto a la prohibición del cannabis, vale la pena hacer un recuento histórico que se remonta al año 1906, cuando a pesar de los beneficios para la salud, los Estados Unidos decidió catalogarlo como una sustancia prohibida. Con esto se abrió el camino para mayores restricciones al cultivo de la planta en el Distrito de Columbia, en Massachusetts (1911), Nueva York (1914) y Maine (1914). 

Largo camino 

Por su parte, en 1913, California promulgó la primera ley de prohibición de marihuana seguida por Wyoming (1915), Texas (1919), Iowa (1923), Nevada (1923), Oregón (1923), Washington (1923), Arkansas (1923), y Nebraska (1927). Para el año 1932, la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) expidió la ley de drogas narcóticas (Uniform State Narcotic Act), en la que invitó a los gobiernos estatales a unirse a una campaña nacional para penalizar el uso del cannabis o, al menos, regularizarlo.

En el ámbito internacional, a través de la Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya en 1912, se acordó que los países firmantes deberían realizar sus mejores esfuerzos para controlar la producción, comercialización, transporte y consumo de la morfina, cocaína y sus derivados. 

Posteriormente, en 1925, en el caso particular del cannabis, se llevó a cabo una revisión de la Convención del Opio y se indicó que el cannabis solamente se autorizaría para fines medicinales quedando prohibida la producción de resina natural extraída de la planta, con la que se producen sustancias psicoactivas. Esta Convención fue sustituida, en 1961, por la Convención Única de Estupefacientes en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, que a su vez fue enmendada por el Protocolo de 1972, el cual le da al cannabis el mismo tratamiento que al opio.

En 1936, durante la convención para la represión del tráfico ilícito de drogas nocivas (Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs), llevada a cabo en Ginebra, Estados Unidos promovió un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada con el cannabis, la coca, y el opio (incluidas su cultivo, producción, manufacturación y distribución) exceptuando los contextos médicos y científicos. El artículo 2 de esta convención obligaba a cada una de las partes firmantes a castigar severamente, con prisión u otras penas privativas de la libertad, a toda aquella persona que se involucrara con actividades del narcotráfico.

Esta estrategia no funcionó. Por el contrario, citando las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hechas en 2008, el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes dejó como resultado en los países que han implementado sus reglas un enorme mercado criminal que se desplaza alrededor del planeta para sostener la producción de estupefacientes, una desviación de recursos destinados a la salud hacia políticas represivas, la experimentación con nuevas drogas, y la estigmatización y marginalización de los consumidores. 

Por estos motivos, se puede afirmar que la política de “guerra contra las drogas” ha afectado social y culturalmente a América Latina y ha estigmatizado a los latinoamericanos. Sin embargo, a pesar de los imaginarios que ven en nosotros traficantes o consumidores de drogas, Estados Unidos, lugar desde el que se llevó la política de prohibición al plano internacional, ha venido abordando nuevos enfoques para manejarla.

Así las cosas, en la actualidad, 37 estados han legalizado el uso médico del cannabis y 16 el recreativo con el Distrito de Columbia. Además, recientemente, la Cámara de Representantes aprobó la despenalización a nivel federal. Lo que no se entiende es como en nuestro país los principales argumentos para mantener su prohibición vayan desde el cuidado de los niños, los cultivos de coca, las bebidas azucaradas y hasta caballos —sí todo esto se mencionó en la plenaria de la Cámara de Representantes—, ignorancia total sobre un tema que ya debería dejar de ser un tabú.

Esto refleja que los Estados Unidos y otros países desarrollados abren los ojos y se dan cuenta que el problema no es la sustancia en sí, sino su mal uso. Aquí se persiste en la inmoral guerra contra las drogas, donde el poder del Estado se centra en los eslabones débiles del narcotráfico. Así las cosas, se persistirá en fumigar con veneno cancerígeno (científicamente comprobado) a las poblaciones campesinas, perseguir a los consumidores en las calles, mientras que las grandes estructuras criminales continúan lucrándose.

Es por esto que en el año 2014 decidí empezar a construir la Ley de cannabis medicinal para Colombia cuyos cuatro (4) principios fundamentales e inamovibles son accesibilidad, calidad, seguridad y precio. El primero se plasmó para que los productos terapéuticos a base de cannabis sean de fácil alcance a todos los colombianos; el segundo en cuanto a que los medicamentos deban responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas; el tercero a que se deban garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final y, por último, en cuanto a que se debe establecer un precio que permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales acceder a estos como tratamiento.

La asociación 

Por tales motivos, luego de cuatro años de la entrada en vigencia de esta norma y viendo cómo estos principios no se han aplicado en su espíritu, ni el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizarlos, decidí en compañía de destacadas personas como Natalia Tangarife, Paola Cubillos, Raquel Peyarube y Rafael Amador, Jaime Olaya, Humberto Díez, Fabio Aristizábal, Henry Muñoz, Danilo Moreno, Mariana de Córdoba, Mateo Díez, Simón y Daniel Vergara, crear y darle vida a PROCANNACOL (Pro Cannabis Colombia). Esta Asociación nace con la firme convicción de promover el desarrollo, implementación y ampliación de los diferentes usos medicinales, científicos e industriales del cannabis.

De tal forma que nuestros esfuerzos estarán orientados hacia los derechos de los pacientes, aspectos sociales, productivos, científicos, técnicos y políticas públicas que generen progreso e inclusión a todos los productores de cannabis. Sin embargo, es importante recalcar que nuestro enfoque será para los pequeños y medianos cultivadores que en la actualidad presentan grandes retos, conociendo que han hecho enormes sacrificios para poder llegar a una producción que les permite exportar sus productos.

Para ello existen cuatro grandes retos que debemos asumir. Me refiero al acceso en Colombia, la facilitación de las exportaciones, depuración de licencias y los cupos. Sobre el acceso se debe mencionar que las droguerías no quedaron habilitadas para suministrar fórmulas magistrales de cannabis y temporalmente se habilitó el despacho a domicilio de este tipo de sustancias, pero hay que hacer que esto trascienda en la pospandemia. 

En cuanto a las exportaciones en 2016, cuando la ley se aprobó, solo Canadá y Holanda eran competidores de Colombia en el mercado global, ahora están Portugal, España, Uruguay, Dinamarca, muy pronto va a entrar Alemania e Israel desde este año ya permite también las exportaciones. Es decir, si Colombia no facilita los trámites de exportación y producción, no vamos a poder ser competitivos y para eso se requiere integrar tecnología, rastreo y trazabilidad. Estos son componentes fundamentales para darle reputación y confianza a todos los actores que intervienen en el país.

Ahora, en cuanto a la depuración de licencias, hoy en día hay más de mil trescientos licenciatarios en Colombia, por lo que me pregunto: ¿acaso se están haciendo las visitas de inspección para asegurarse que todos estén cumpliendo con el régimen de licencias? Las compañías que se quedaron en el papel generan riesgos de perder el control del mercado, si el sistema no demuestra capacidad de vigilarlos a todos. Finalmente, sobre los cupos, es preocupante que el proceso sea muy lento y dispendioso para lograr desarrollar un producto en el mercado. Ese tema de los trámites de los cupos es un cuello de botella común a toda la industria que debemos asumir con toda responsabilidad.

Tales aspectos son los que hemos identificado como el gran “cuello de botella” para una industria que, según Fedesarrollo, le ha significado al país US$ 500 millones en inversión extranjera, US$ 20 mil millones por concepto de licencias y, que para 2030, podría generar más de 26 mil empleos agrícolas. Además, como lo indica este informe, hasta diciembre de 2019 se han cultivado 56 hectáreas, que han dado lugar a la creación de 975 empleos e ingresos por más de US$ 99 millones. Ahora, para 2025, habrá un crecimiento tendencial del 10 % en áreas cultivadas —450 hectáreas— más de 7.000 nuevos trabajadores y entradas por U$ 790 millones de dólares.

El desafío es muy grande porque también debemos eliminar el estigma que hay sobre el cannabis en Colombia, donde aún se le ve como la “mata que mata”. No, debe cambiar y debe verse en el colectivo como la “mata que sana”. Hay mucho por hacer, pero las ganas y sobre todo el bienestar de los pacientes serán nuestra finalidad.