Entrevista al Mindefensa: «Acá estamos ante una operación verdad»
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No han sido días fáciles para el Ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Una investigación de contrainteligencia iniciada en el 2017, conocida como Bastón, dejó al descubierto un enorme entramado de corrupción al interior de las Fuerzas Militares. El Ministro señala que desde su llegada en diciembre del año pasado ordenó una auditoría interna a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Los resultados de esa investigación ya están en manos de la Fiscalía y de los órganos de control

Alternativa: Ministro, ¿así de corruptas estaban las Fuerzas Militares y el país solo vino a saberlo con la filtración de las investigaciones de Bastón? 

Carlos Holmes Trujillo: La inmensa mayoría de nuestros uniformados son personas honestas, abnegadas, comprometidas con el país y con la seguridad de los colombianos, que día a día nos demuestran la grandeza de la Fuerza Pública. No puedo permitir que las posibles actuaciones ilegales de algunos individuos manchen esa labor entregada de nuestros militares y policías. Quienes deshonran el uniforme no son integrantes de la Fuerza Pública, son delincuentes que se aprovechan de sus posiciones para actuar de forma criminal y por eso es importante que las investigaciones de las autoridades competentes den resultados que permitan sanciones severas contra estos individuos.

Lo que se ha indicado en los últimos días en los medios de comunicación sobre las misiones de trabajo conocidas como Bastón forman parte de un trabajo que lleva varios años y que no ha terminado, sobre el cual las autoridades competentes han tenido conocimiento oportuno para iniciar las investigaciones.

¿Por qué si Bastón era una operación de contrainteligencia para descubrir las redes de corrupción al interior de las Fuerzas Militares, terminó por convertirse en un bumerán contra las mismas Fuerzas Públicas y en una cacería de brujas contra cientos de oficiales que trabajaron en ella, como está demostrado en infinidad de documentos y testimonios que han salido a la luz pública en que se demuestran que sí hubo persecución a oficiales honestos que realizaron la investigación? Se deben hacer varias claridades: 1) Bastón no es una operación de contrainteligencia, es un compendio de misiones de trabajo de contrainteligencia que, según ha informado el Alto Mando Militar, iniciaron en el 2017 y se han estado desarrollando, siempre, de conformidad con lo señalado en la Ley 1621 de 2013. 2) La contrainteligencia es una capacidad del Estado que precisamente existe para garantizar la integridad de la Institución. 3) Las actividades de contrainteligencia no son una “cacería de brujas”, como lo califica en su pregunta; como lo han señalado las Fuerzas Militares, los resultados de estas misiones de trabajo han sido puestos en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias competentes, cuando corresponde, para la evaluación que en derecho procede. La valoración de documentos y testimonios corresponde a estas autoridades, quienes determinarán qué está demostrado y qué no. 4) Es importante mencionar que las acciones administrativas, disciplinarias y penales son autónomas.

¿Se señala directamente al entonces Comandante del Ejército, General Nicacio Martínez, de ser el responsable de esa persecución y de aprobar el traslado y despido de 200 personas altamente calificadas al interior de las Fuerzas Militares que hizo el jefe de contrainteligencia General Eduardo Quiroz. En las investigaciones que su administración ha realizado se ha podido confirmar que estos hechos ocurrieron así? No soy autoridad competente para adelantar investigaciones ni penales ni disciplinarias. Corresponderá a las autoridades penales y disciplinarias competentes determinar la comisión o no de un delito y/o de faltas disciplinarias, así como los responsables individuales de conductas contrarias al ordenamiento jurídico.

En lo que respecta a las competencias como Ministro de Defensa Nacional, y tal como lo he informado a la opinión pública, desde el 12 de diciembre del año pasado, a mi llegada al Ministerio y siguiendo instrucciones del presidente Iván Duque, ordené una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Ejército Nacional durante los últimos diez años. Los resultados que a la fecha se han derivado de esta Auditoría han sido remitidos por las Fuerzas Militares para la evaluación de las autoridades penales y disciplinarias competentes.

Entrevista al Mindefensa: «Acá estamos ante una operación verdad»

¿El trabajo de Bastón se inició en el 2017, han pasado tres años, se lograron elaborar más de 57.000 documentos que dan cuenta de la corrupción dentro de las Fuerzas Militares. Se investigaron 63 Generales de la República, de ellos 16 fueron relacionados con altos niveles de corrupción, 128 oficiales entre los grados de capitanes y coroneles, 122 suboficiales y cerca de 35 oficiales. En tres años de investigación, todas estas personas señaladas de corrupción salieron de las Fuerzas Militares? O ¿muchos de ellos continúan en la institución castrense? Desconozco la información y las cifras que usted presenta. La información suministrada por las Fuerzas Militares, y que he transmitido a la opinión pública, es la siguiente: en el marco de esas misiones de trabajo conocidas como Bastón, desde 2017 se han tomado 38 decisiones administrativas al interior del Ejército Nacional y se ha dado traslado, en tres ocasiones, a la Fiscalía y a la Procuraduría para que inicien las investigaciones penales y disciplinarias que correspondan. La Fiscalía, en su autonomía, ha decidido la judicialización de 13 personas.

Los productos de contrainteligencia no son evidencia de responsabilidad penal y/o disciplinaria, sino que sirven como criterio orientador para que las autoridades competentes tomen decisiones. También es importante aclarar que las decisiones administrativas son independientes a las decisiones judiciales y disciplinarias y que las responsabilidades individuales las determinan las autoridades judiciales y disciplinarias competentes.

Es bueno recordar cuál es la política del presidente Iván Duque: total apoyo a la Fuerza Pública y cero tolerancia con la corrupción o cualquier actividad ilegal; acá no estamos buscando chivos expiatorios o culpabilizando inocentes, estamos ante una ‘Operación Verdad’ en la que desde el Gobierno Nacional estamos colaborando con las autoridades competentes para que se llegue hasta el fondo de la verdad institucional.

¿Ministro es tan grave la situación de corrupción de las Fuerzas Militares como lo señalan las cinco gigas de información que contiene Bastón donde se señala a Generales de la República de prestar sus servicios a la tenebrosa oficina de Envigado, a las organizaciones de narcotráfico como el Clan del Golfo, Generales que vendían información a las Farc? Varias aclaraciones. 1) No puedo referirme a las cinco gigas de supuesta información que usted relaciona en la pregunta, porque no las conozco. 2) cualquier información sobre la presunta comisión de un delito o de una falta disciplinaria debe ser evaluada en el marco de un proceso investigado por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias competentes. 3) En el caso de la información derivada de las misiones de trabajo conocidas como Bastón, son las autoridades competentes, Fiscalía a nivel penal y Procuraduría a nivel disciplinario, las que deben determinar si la información producto de estas misiones de trabajo da cuenta de la comisión de delitos o faltas disciplinarias y quiénes serían los responsables individuales de esas actuaciones.

Como Ministro de Defensa le puedo decir que ninguna actividad por fuera del marco de la Ley va a ser tolerada y por eso reiteramos nuestra completa colaboración con las autoridades competentes para que lleguen a la verdad de cada uno de estos casos. Acá estamos ante una ‘Operación Verdad’, en la cual el Gobierno Nacional está prestando toda su colaboración para que se llegue a la verdad institucional, que es: la verdad penal que determine la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia; la verdad disciplinaria que establece la Procuraduría General de la Nación; la verdad fiscal, que está a cargo de la Contraloría General de la República y la verdad administrativa, que es determinada por la Fuerza Pública.

Entrevista al Mindefensa: «Acá estamos ante una operación verdad»

¿Es verdad que uno de esos Generales de la República recibió 2.000 millones de pesos por venderle información clasificada a las Farc? Le repito. Son las autoridades competentes, en lo penal y en lo disciplinario, las que deben determinar eso. Los productos de las actividades de contrainteligencia sirven como criterio orientador para que, al poner la información en conocimiento de esas autoridades, se inicien las investigaciones y procesos judiciales correspondientes y se determinen las responsabilidades individuales.

De llegarse a comprobar responsabilidad en un delito como el descrito en la pregunta, estaríamos frente a un criminal, no un miembro de la Fuerza Pública. Y soy el primero en pedir que se aplique todo el peso de la ley.

De los 16 generales señalados de corruptos, de vender información a las Farc, a la oficina de Envigado, a los grupos ilegales de minería, a las organizaciones de narcotráfico, y que están plenamente identificados en Bastón, ¿cuántos han salido de las Fuerzas Militares? Las decisiones administrativas de retiro de miembros de la Fuerza Pública se hacen ejerciendo la facultad discrecional del Gobierno Nacional. Las responsabilidades individuales, penales o disciplinarias, las deben determinar la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Ministro, si en las Fuerzas Militares no para de llover, en la Policía no escampa. La Contraloría y la Procuraduría encontraron serios indicios contra el director de la Policía por la construcción de las casas fiscales en el Tolima donde se perdieron más de cinco mil millones de pesos. ¿Cómo se puede sostener un director de la Policía tan cuestionado por las entidades de control? En Colombia todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Corresponderá a la autoridad de control y a la autoridad disciplinaria tomar las decisiones que en derecho correspondan.

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