La nueva amenaza para el país es la desestabilización institucional. Hay organizaciones criminales atizando los bloqueos; a sus responsables los vamos a capturar y se los entregamos a los jueces.
Por Diego Molano
Ministro de Defensa
Tras seis meses de gestión al frente del Ministerio de Defensa debo decir que tenemos un balance muy positivo, pero que todavía no nos deja satisfechos. Tenemos que hacer más. Queremos ir mucho más adelante en los grandes propósitos que ha señalado el presidente Iván Duque.
Pocas veces en su historia Colombia había estado tan amenazada en su esencia democrática como hoy. Afortunadamente tenemos unas Fuerzas Armadas capaces de derrotar a ese monstruo.
Lo primero es avanzar en la lucha contra el narcotráfico, la mayor de esas amenazas.
El año pasado erradicamos 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos y este año vamos en 38.000. En 2020 destruimos 5.000 laboratorios de coca y en lo que va de 2021, nos acercamos a 3.100. El año pasado incautamos 500 toneladas de coca, este año vamos en 700.
Sabemos que el narcotráfico es la mayor fuente de sustento de los grupos terroristas y generadores de violencia. Por eso hay una acción permanente contra estas organizaciones, a las que yo llamo símbolos del mal. En Colombia hoy tenemos cinco de esos símbolos del mal.
Por un lado están las disidencias de las Farc con sus dos ramas. Una, la de “Iván Mordisco” y “Gentil Duarte”, que opera en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, y ha intentado copar los espacios que dejaron los desmovilizados de esa guerrilla. La otra, la segunda Marquetalia –que en realidad debemos llamarla “Narcotalia”, como dice el presidente Duque– y que opera desde Venezuela y tiene planes de expansión de su actividades criminales en Colombia.
Estamos impulsando una transformación integral de la Policía con el trámite de dos proyectos de ley para la profesionalización del organismo y para establecer un nuevo régimen disciplinario.
Contra ellas hemos actuado de manera contundente. Un ejemplo está en las acciones para combatir el frente 33 que atentó con el carrobomba contra la Brigada 30, en Cúcuta, y luego contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Duque y varios de sus ministros: diez de los directos involucrados en estos actos, incluido un capitán retirado del Ejército, fueron capturados y judicializados. Hubo una neutralización rápida y contundente de estos delincuentes.
También es símbolo del mal el ELN, que sigue operando desde Venezuela, donde se refugia su jefe, “Antonio García”. A ese grupo le hemos dado golpes como el de alias Uriel, muerto en el Chocó y quien desde allí estaba coordinando parte de las actividades terroristas en las ciudades. Y hace poco fue capturado el cabecilla del frente urbano alias Lerma, quien organizó y financió las actividades de violencia en Cali durante las recientes protestas.
La tercera organización objetivo es el Clan del Golfo, que opera sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba, y en el Nudo del Paramillo; también ha querido meterse en el Chocó. Hay una operación militar y policial denominada Agamenón, dirigida a neutralizar a alias Otoniel, el mayor narcotraficante y responsable de desplazamientos masivos y homicidios colectivos. Recientemente esa operación se ha dinamizado con la captura de cabecillas como “Marihuano” y “Cabuyo”, aliados cercanos de “Otoniel”, y el debilitamiento de estructuras de ese grupo criminal.
Los dos símbolos del mal restantes son los Pelusos y los Caparros. Podemos decirle a Colombia que este último ha desaparecido como grupo armado organizado gracias a las acciones de nuestra Fuerza Pública, a partir de la neutralización de su cabecilla, alias Flechas. Y estamos trabajando en la neutralización de los Pelusos, quienes operan especialmente en la zona del Catatumbo. Parte de ese grupo ya ha sido capturada y puesta a disposición de la justicia.
Todos los días avanzamos en la lucha contra estas organizaciones criminales y está claro que nuestra Fuerza Pública se ha fortalecido para desmantelarlas.
Sin embargo, para lograrlo tenemos que cumplir tres objetivos: eliminar las fuentes del narcotráfico y la minería ilegal; hacer una gran campaña de sometimiento y desmovilización, que hemos activado con el decreto que expidió el presidente Duque el año pasado y al cual le hemos dado mucha fuerza este año, sobre todo en Chocó, Bajo Cauca y sur de Bolívar; y tercero, lograr mayor afectación con la judicialización, porque hoy la confrontación es diferente debido a que ya no operan con uniformes militares sino que se mezclan con los civiles y su dinámica se ha hecho más urbana, lo cual requiere otro tipo de actuación y así lo está haciendo nuestra Fuerza Pública.
El reto ambiental y la vacunación
Otra apuesta grande del presidente Duque desde el Ministerio de Defensa es la protección del agua, de los bosques y de la biodiversidad. La Fuerza Pública desarrolla para ello la campaña Artemisa, que combate la deforestación y la minería ilegal.
El año pasado hicimos operaciones que protegieron cerca de 14.000 hectáreas de nuestros bosques, principalmente, en Caquetá, Guaviare y Meta, zonas con los mayores niveles de deforestación.
Igualmente, ha habido operaciones muy importantes para atacar la minería ilegal, sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño y Chocó. Da dolor de patria y dolor con el planeta ver cómo destruyen la naturaleza con el dragado y el mercurio, y cómo contaminan las cuencas de los ríos.
Este propósito ambiental es indeclinable. Incluso, la Fuerza Pública se ha metido de lleno en la tarea definida por el presidente Duque de sembrar 180 millones de árboles. Nosotros mismos estamos implementando esos viveros con parte del equipo de acción integral que existe dentro las Fuerzas Militares.
El tercer propósito prioritario es lograr la vacunación y la reactivación, tras la pandemia. En la fase humanitaria más de 3 millones de ayudas fueron distribuidas por la Fuerza Pública y ahora trabaja para que la vacunación llegue a todo el país, especialmente a rincones apartados como Amazonas, San Andrés y Providencia, donde la Armada también está apoyando la reconstrucción tras el huracán.
Desbloqueamos a Colombia
Hicimos también un ejercicio muy importante durante las recientes protestas, protegiendo las pacíficas como es nuestro deber constitucional.
Ha habido más de 15.000 manifestaciones pacíficas de abril a la fecha, en 800 municipios. En Colombia hay un gobierno y una Fuerza Pública que respetan la manifestación pacífica. Pero también encontramos un nivel de violencia muy alto por parte de aquellos que querían generar bloqueos y afectar bienes públicos y privados. La Fuerza Pública estuvo ahí para desbloquear el país y, en esa medida, hemos apoyado las manifestaciones pacíficas, pero también hemos entrado a controlar la violencia.
Nuestra Fuerza Pública no va a permitir más bloqueos. Tenemos claro que los criminales tienen sus manos metidas en esa práctica y los vamos a judicializar.
Libramos varias regiones de la amenaza que buscaba desabastecer ciudades e industrias, afectar la salud y poner en peligro la seguridad de los colombianos. Hoy más de 134 de los miembros de la llamada Primera Línea están judicializados por las acciones criminales que cometieron.
Definitivamente, la nueva amenaza para el país es la desestabilización institucional, que se origina en este tipo de acciones. Protegemos la manifestación pacífica porque está establecida en la Constitución, pero hay organizaciones criminales que pretenden destruir este derecho y tienen un plan sistemático para afectar la estabilidad institucional, no solo a nivel regional, sino también nacional.
Desde el 28 de abril pasado hemos podido ver cómo multiplicaron los bloqueos y afectaron sistemáticamente establecimientos de comercio y bancos en Pasto, Cali, Popayán y Bogotá. Luego atacaron instituciones públicas como alcaldías, gobernaciones o la Dian y varios organismos judiciales. Después tomaron como blanco las estaciones policiales y los sistemas de transporte. Destruyeron el MIO de Cali e inhabilitaron el 60% de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, que mueve a diario dos millones de personas.
Eso es un terrorismo de baja intensidad que afecta la institucionalidad. Por fortuna, nuestra Fuerza Pública ha sabido actuar. A los responsables de esta práctica ilegal los vamos a enfrentar y los vamos a entregar a los jueces.
Fuerza pública más fuerte
Hemos avanzado, igualmente, en el fortalecimiento de las capacidades de nuestra Fuerza Pública como otra prioridad.
Ante la necesidad de más pie de fuerza, nos impusimos la tarea de incrementar entre este año y el siguiente el número de policías en 33.000 hombres para llevarlos a la calle, como lo hicimos con 7.000 de los oficiales, suboficiales y policías que estaban en actividades administrativas.
Estamos incorporando nuevos patrulleros. Incluso mediante un programa creado para que alcaldes y gobernadores den becas de sus municipios y departamentos a jóvenes de sus regiones, con la condición de que se queden prestando su servicio allí.
Estamos impulsando, además, una transformación integral de la Policía, no solo con el nuevo uniforme, que incluye hasta tecnología de cámaras corporales para hacer control y seguimiento, sino también con el trámite de dos proyectos de ley para la profesionalización del organismo y para establecer un nuevo régimen disciplinario.
Por otra parte, dentro del propósito de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, este año, después de casi 10 de la expedición de la ley de independencia de la Justicia Penal Militar, expedimos el decreto que crea una unidad de Justicia Penal Militar más independiente, con mejor gobernabilidad, para que los militares queden tranquilos con respecto a cómo se ejecuta una justicia que tenga en cuenta los principios operacionales, y la sociedad esté tranquila respecto de una justicia adecuada para todos los miembros de esa Fuerza Pública.
