En medio del caos, una puerta de esperanza se abre para encontrar soluciones a la crisis del paro nacional iniciado el 28 de abril. Este domingo 16 de mayo, representantes del Gobierno nacional y los voceros del Comité del Paro Nacional (CPN), contando con la mediación de la Iglesia Católica y la ONU, se sentaron a negociar.
Alternativa consultó al director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sobre la viabilidad e implicaciones para las arcas del país de las peticiones de CPN, teniendo en cuenta que los siete puntos principales demandarían por lo menos 80 billones de pesos. Estos son:
- Establecimiento de una renta equivalente a un salario mínimo mensual por familia, para los hogares más pobres del país; lo que significaría un gasto público que oscilaría entre 71 y 80 billones de pesos.
- Matrícula cero para facilitar el acceso de los jóvenes en condición de vulnerabilidad a la educación superior, lo que conllevará (dado que el Gobierno nacional ya aprobó esta iniciativa) una asignación anual cercana al billón de pesos.
- Subsidio a las mipymes, lo que se interpretaría como una extensión por tiempo prolongado del PAEF, incentivo a la nómina que se estableció desde el año pasado como una medida de emergencia para mantener el empleo y la actividad productiva del país en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia por covid-19.
- La defensa y protección de la producción nacional.
- Frenar las privatizaciones de los activos del Estado.
- Derogar el Decreto 1174 de 2020 que oficializó la posibilidad de acceso de los trabajadores informales y quienes ganan menos de un salario mínimo a beneficios propios de la seguridad social subsidiada mediante el mecanismo de los BEPS (beneficios económicos periódicos).
- Acudir a las reservas internacionales para solventar la crisis económica y la emergencia social por la que atraviesa el país.
- Y, finalmente, renegociar la deuda externa.
Revista Alternativa: Empecemos por hablar del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que cayó hasta llegar al -34,2% en abril, una cifra peor que la del mismo mes en el 2020, cuando se registraron los números más elevados de la pandemia. ¿Eso qué nos está diciendo de cara al futuro y al crecimiento del país durante este 2021?
Luis Fernando Mejía: Efectivamente, el ICC cayó casi 23 puntos porcentuales en abril, frente al mes anterior. Un balance tan negativo no se veía desde el peor mes de la pandemia en el 2020, que fue también abril. Cuando arrancó la pandemia, naturalmente había mucha incertidumbre y eso generó el pánico. Retrocedimos, entonces, un año. Esto obedece básicamente a tres factores que determinaron el impacto de esta caída. El primero tiene que ver con la discusión de la reforma tributaria que se radicó a finales de abril y toda la situación que surgió en torno a ese proyecto. Cuando se han radicado reformas, típicamente se deteriora la confianza de consumo en los hogares porque a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. El otro elemento determinante lo constituyen las restricciones a la movilidad que se implementaron durante el mes analizado en las principales ciudades del país; especialmente en Bogotá, con fuertes medidas los fines de semana. Eso, obviamente, altera la confianza del consumidor. Y, finalmente, los actos de los últimos tres días de abril, derivados del paro nacional, que algo debieron haber afectado la confianza; todavía no con el impacto pleno (ese se verá en mayo), pero sí alcanzó a reflejarse. ¿Y por qué es esto muy preocupante? Sencillamente, porque la confianza del consumidor es un termómetro muy importante que refleja la disposición a gastar, a comprar bienes y servicios, y eso, por supuesto, se refleja en una menor productividad, una menor demanda.
Ahora, si esto va a tener un impacto en materia de crecimiento depende de qué tanto dure la caída. Si esta solamente se da en el mes de abril y se resuelve el paro, por ejemplo, entonces empezaría a reactivarse la actividad productiva y a retomarse la dinámica de consumo; por ende, se elevaría la confianza. Resumiendo, no es una buena noticia, pero la dinámica del crecimiento va a depender de qué tanto perdure esa caída de la confianza.
¿Pero, usted le apostaría al 4,8 % de crecimiento de la economía que prevé o espera el Gobierno?
Nosotros tenemos un pronóstico del 4,8 %; el Gobierno creo que se mantiene en 5 %; por su parte, la expectativa del Banco de la República se sitúa en el 6 %. Nosotros nos quedamos con el 4,8 %, cifra por debajo de las estimadas por Gobierno; creemos que es un porcentaje prudente, particularmente por todo lo que ha venido ocurriendo durante el mes de abril en materia de deterioro de la confianza del consumidor, de las restricciones a la movilidad por las elevadas cifras de la covid-19, el impacto del paro nacional, el desabastecimiento y la baja de la productividad industrial. Todo ello seguramente impactará el crecimiento.
Sin embargo, también hay cosas positivas, especialmente la dinámica de las materias primas. El café, para muestra, ha tenido un año realmente extraordinario, con una producción históricamente alta, una tasa de cambio alta y unos precios internacionales también altos, en una especie de boom cafetero; y algo parecido está pasando con el petróleo, lo que probablemente se mantendrá por la reactivación económica de países como los Estados Unidos y China. Yo diría, por lo tanto, que estamos todavía en ese 4,8 %, pero con riesgos importantes en la medida en que continúen algunos de los factores relacionados con este pico de contagio, restricciones y demás que sí podrían reducir esa cifra.
Me gustaría hacer una revisión con usted sobre lo que está pidiendo el comité del paro nacional, particularmente sobre los temas relacionados con la economía. ¿Usted cree, por ejemplo, que es posible que se mantenga una renta básica mensual de un salario mínimo por familia ubicada en la línea pobreza? Es decir, habría que sacar $70-80 billones para la asistencia social. ¿Estamos en condiciones de ejecutar esto?
Indudablemente no. No existe ninguna capacidad por parte del Estado para poder tener un gasto adicional de 70-80 billones de pesos, o algo similar, ni siquiera de forma transitoria. Las cuentas fiscales infortunadamente están muy apretadas. El efecto de la pandemia significó una caída drástica de la economía y, por ende, hubo una reducción de la actividad de las empresas de todos los tamaños, así como también el recaudo tributario por parte del Estado. El déficit fiscal este año probablemente va a ser el más alto en 100 años de historia de nuestro país: ¡8,6 %! Estamos hablando de 80 billones de pesos. Imagínese usted que a ese déficit se le agreguen gastos permanentes de 60, 70 u 80 billones de pesos, eso sería una irresponsabilidad. No habría cómo pagar de manera racional un monto equivalente a ese gasto público.
Así que hacemos un nuevo llamado al sentido de la realidad, de la responsabilidad; las demandas de gasto adicional tienen que ser consecuentes con las capacidades estatales, entre otras cosas, porque los recursos que se invierten en iniciativas sociales como estas provienen esencialmente de dos fuentes: bien sea de la deuda pública, que ya está en niveles muy altos (alrededor del 72 % del PIB), o de los impuestos. Cuando uno hace ese tipo de propuestas tiene que estar dispuesto a discutir de dónde van a salir esos recursos para cubrir gastos tan sustanciales.
El comité del paro también habla de subsidios a las mipymes. Es como el equivalente al subsidio a la nómina (PAEF) que se ha mantenido durante la pandemia…
Ese es un asunto distinto porque realmente lo que se está diciendo es que se extienda el PAEF, pero focalizado en las microempresas; además, eso está completamente en línea con lo que nosotros hemos sugerido desde Fedesarrollo, dado que el subsidio a la nómina ha sido muy importante, le ha llegado prácticamente al 60-65 % de los empleados formales en el país. Pero son las empresas de más de 50 trabajadores las que han tenido más posibilidades de recibir ese beneficio, es decir pequeñas, medianas y grandes. Así que me parece fundamental extender ese subsidio, pero focalizarlo en las microempresas. Es una idea razonable que valida lo propuesto por Fedesarrollo.
¿Y es financiable de manera prolongada?
Sí, claro que sí. Son gastos que se pueden incorporar fácilmente en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que fue creado por el Gobierno el año pasado y que todavía tiene recursos, parte de los cuales se podría utilizar para financiar ese subsidio a la nómina de la microempresa.
El comité del paro plantea que es necesario defender la producción nacional. Eso suena como a sustitución de importaciones, al modelo cepalino, a reversar la apertura económica. ¿Eso en estas instancias, en el momento actual, en este mundo globalizado, es pertinente?
Esas son ideas, realmente, como usted bien lo dice, cepalinas, por allá de los años 50, 60, que al final de cuentas nunca generaron crecimientos importantes de la actividad productiva y que terminan, además, perjudicando a los consumidores. No hay mejor escenario que la competencia, el libre mercado, la posibilidad para una gran mayoría de hogares vulnerables de acceder a bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio. La visión de cerrar la economía ha sido una receta que no ha generado un solo caso de éxito a nivel mundial. Cuando uno examina las cifras de crecimiento económico de otros países que han dado un gran salto en materia económica, por ejemplo, los países del Asia, o más recientemente China y la India, encuentra que el jalonamiento de la capacidad de ingreso para sus habitantes viene precisamente de una vocación exportadora. No hay un solo ejemplo de un país que haya pasado de ingreso medio a ingreso alto teniendo una economía cerrada. Los casos de éxito siempre se han dado con diversificación, sofisticación productiva, apertura de los mercados internacionales. Me parece, entonces, que ese tipo de ideas trasnochadas no aportan mucho a las estrategias de desarrollo económico y crecimiento para el país.
Quienes protestan también están pidiendo “matrícula cero”. El Gobierno ya tomó la decisión de aplicar esta medida en el acceso a la educación superior para los estratos 1, 2 y 3. El punto aquí es que el Gobierno también tienen la intención de volverlo política de Estado. ¿En las actuales condiciones fiscales es viable?
Los cálculos que nosotros tenemos nos indican que seguramente el Gobierno podría asignar entre 300 y 400 mil millones de pesos semestrales a esta iniciativa, gratuidad aplicable, según ha informado la ministra de Educación, a partir del segundo semestre del año. Cuando se plantean estas medidas de manera más prolongada, o permanente, hay que mirar, primero, las fuentes de financiamiento, la reorientación de recursos de otros rubros de gasto presupuestal hacia ese tipo de medidas. A mí me parece razonable. La gratuidad de la educación superior focalizada en los más pobres y vulnerables es una medida que va en la dirección correcta, aunque probablemente no es suficiente. Hay que considerar también dos elementos claves: la oferta de cupos, que usualmente es muy limitada, y el control de la calidad; estamos hablando de las acreditaciones institucionales para asegurar que los estudiantes que perciban estos subsidios verdaderamente tengan una educación de calidad. Eso debe ser parte de la discusión alrededor del tema. Me parece que es razonable y que debe complementarse con otras medidas para mejorar la calidad de la educación colombiana.
Otra petición exige no hacer más privatizaciones. ¿Es conveniente renunciar a eso?
La verdad, no veo por qué. El Estado no puede atarse de manos, a rajatabla, frente a la posibilidad de negociar activos sobre los cuales tiene propiedad. Hay, naturalmente, sectores o empresas particulares en donde por fallas de mercado, o simplemente por política pública, es importante la participación del Estado, pero esto tiene que hacerse partiendo de una evaluación, año tras año, de las dinámicas de los mercados y del cambio en la política pública, para, precisamente, adelantar esa actualización de los sectores productivos en los que el Estado debe tener intervención. Uno no puede dejar esto simplemente en el plano de lo blanco y negro, de decir “no se privatiza nada” o “privaticemos todo”. No. Todo en su debida proporción; esto requiere un análisis muy serio sobre los temas financieros y, por supuesto, también sobre la política pública. En este sentido, no creo que cerrar la avenida de las privatizaciones sea el camino; además en un contexto donde seguramente habrá oportunidades de vender activos para recabar recursos que permitan financiar las cuentas fiscales más difíciles, puede ser una opción complementaria que no hay que abandonar.
También piden derogar el Decreto 1174 que habla de ese 15% de aportes para quienes trabajan, generalmente en la informalidad, sin seguridad social y ganan menos de un salario mínimo. Argumentan que, vía ese decreto, se está precarizando la contratación laboral. Eso prácticamente acabaría con los BEPS (beneficios económicos periódicos) o desestimularía el vínculo a estos. ¿Dicha solicitud es pertinente, usted cómo la ve?
Ese decreto introdujo el piso mínimo de protección social como una posibilidad para aquellas personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, con el fin de que tengan algún tipo de protección social a través de los BEPS (un mecanismo de ahorro para la vejez que tiene un subsidio del 20% por parte del Estado) y del acceso a riesgo laborales, que no están al alcance de la gran mayoría de los trabajadores informales del país (60%). Yo diría, entonces, que ese tipo de iniciativas, de impedir que esta población pueda tener ese nivel de oportunidades, lo único que hace es cerrarle la puerta a ese 60%, esa enorme mayoría de colombianos que no tienen acceso a un empleo formal.
En otro orden de ideas, el proyecto de reforma de la salud tiene muchos detractores, obviamente, dentro de ellos están quienes se han unido al paro nacional. ¿Ese es un punto sacrificable en su concepto?
Yo le diría que sí. En este momento hay una solicitud mayoritaria de no discutir una reforma en salud. Creo que no se perdería mucho aplazando esa discusión para un momento en el que haya un poco más de consenso y de construcción de confianza. No porque no crea que la reforma a la salud sea positiva. De hecho, he mirado el proyecto en detalle y tiene elementos bastante positivos, pero no creo que sea absolutamente necesario discutirlo en este momento. Primero hay que aplacar los ánimos, lograr los consensos necesarios para ello. Sin embargo, no deja de ser importante resaltar que en algún momento el país necesitará una reforma a la salud debido a todos los problemas que tiene actualmente nuestro sistema.
Quiero llevarlo ahora a este plano: al parecer, ustedes tenían muchas coincidencias en su propuesta de reforma, en comparación con el proyecto que presentó el ministro Carrasquilla. ¿A usted esa reforma le parecía mejor que la que va a entrar en discusión para conseguir los 14 billones, la cual contemplaría eliminar exenciones y aumentar la tributación para las capas más pudientes del país?
Le diría que la mejor reforma es la “reforma posible”. Yo creo que no tenemos, como economistas, que quedarnos pensando en que la reforma que radicó el Gobierno era mejor; considero que sí, pero esa reforma al final no fue viable. Le reitero, la mejor reforma es la “reforma posible”. De tal manera que lo mejor posible en este momento es una reforma de 14 billones de pesos enfocada fundamentalmente en eliminar buena parte de los incentivos sectoriales a las empresas que se introdujeron en la del 2019. ¡Y bienvenida porque el problema fiscal es muy grande! Siempre será mejor una reforma de $14 billones que no tener reforma. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que, por ahora es mejor para el país empezar a discutir una reforma menos ambiciosa, pero que resuelva no solamente el problema de las finanzas públicas, sino también las necesidades y las transferencias a los hogares más pobres y vulnerables.
Todo gobierno llega con su reforma debajo del brazo y este Gobierno ya va por la tercera. Dadas las circunstancias y la situación fiscal del país, ¿usted considera que el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que sacar otra reforma para arrancar la administración presidencial del 2022?
No me cabe la menor duda y esto también aplica para la discusión actual de la reforma. Nosotros, desde el año pasado, incluso desde el 2019, estábamos diciendo que se iba a tener que discutir una nueva reforma. En el alto gobierno, el ministro Carrasquilla fue el único que puso sobre la mesa el tema, incluso el presidente de la República negó durante varios meses cualquier posibilidad de discutir este tema. Eso es normal… Esta reforma será de un calado menor, y estoy seguro de que dejará tareas pendientes no solamente en materia tributaria, sino también en el plano laboral, pensional y social, que el nuevo gobierno tendrá que estudiar de una manera muy concienzuda, teniendo en cuenta todos los escenarios; al mismo tiempo, partiendo de lo indispensable para que el país avance con equidad.
El CPN habla, finalmente, de usar las reservas internacionales y de renegociar la deuda. ¿Qué reflexión hace usted sobre estos dos temas?
Esas son muy malas ideas. Primero, las reservas internacionales están para un propósito muy claro y concreto: poder tener una especie de colchón que le permita al país reaccionar frente a choques externos, como lo fue el caso de 1999 con la gran crisis de los mercados emergentes. Por lo tanto, gastarlas en rubros que pueden ser permanentes haría que estuviéramos, incluso, en un alto riesgo de una salida de capitales y hasta provocar el mismo fenómeno que trata de evitar. Igualmente, la renegociación de la deuda es mala idea. Los países que se han ido por ese camino, como Argentina, Venezuela y Ecuador (más recientemente), básicamente son países que han tenido grandes ciclos de problemas macroeconómicos, gigantescas caídas en la actividad productiva, deterioros de la inflación muy importantes. Por obvias razones están calificados como bonos basura, es decir no considerados para la inversión. Renegociar la deuda es casi un reconocimiento de que el país no puede cumplir con sus obligaciones, lo cual sería un pésimo mensaje no solo para los inversionistas locales, sino también para los internacionales, y de lo cual nos costaría muchísimo recuperarnos. La reputación de los países en materia fiscal toma mucho tiempo en construirse, pero también toma minutos en destruirse. Ojalá ni siquiera se empiecen a discutir este tipo de alternativas.
¿Qué tanto puede influir en la economía, en los próximos meses y en combinación con la pandemia, la posibilidad de que haya un nuevo gobierno muy distinto del actual? Me refiero a uno de izquierda radical.
En los momentos difíciles que estamos viviendo de la actividad productiva -pandemia, crisis y demás- el escenario es propicio no solamente para el radicalismo de izquierda sino también para el radicalismo de derecha; para el populismo que, con promesas del mismo tipo, pero de costos muy grandes en el largo plazo, puede abrirse camino en las próximas elecciones. Yo creo que eso influye en la responsabilidad de las medidas que se van a adoptar en los próximos días y también en la responsabilidad de los votantes.
