Organizaciones de defensa de los DDHH condenan el fallo y hablan de una «grave amenaza» para el periodismo. El equipo legal de Assange asegura que presentará un recurso ante el Supremo.

Seguidores de Julian Assange junto al juzgado.
Seguidores de Julian Assange junto al juzgado. – Kirsty O’connor/PA Wire/dpa

EUROPA PRESS

La Justicia de Reino Unido avaló este viernes el recurso presentado por Estados Unidos para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al país norteamericano, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión.

Así, el Tribunal de Apelaciones reactivó el proceso al revertir el veredicto de un tribunal de primera instancia, que consideró que había motivos de salud y un alto riesgo de suicido para el acusado en caso de que el proceso saliera adelante.

Ahora, los jueces consideran que este peligro es limitado dadas las «garantías» presentadas por el propio Gobierno estadounidense, según informó la cadena de televisión BBC. El juez Ian Burnett indicó que el riesgo que podía correr la vida de Assange «queda excluido debido al paquete de garantías presentado por la parte estadounidense».

La decisión supone un duro golpe para el activista y programador, si bien su equipo legal está estudiando recurrir el fallo. Hace tan solo dos semanas, el también periodista registró su petición para contraer matrimonio con su novia, Stella Moris, en la cárcel de Belmarsh, donde permanece recluido mientras se dirime su posible extradición.

Precisamente Moris, que estuvo presente cuando el tribunal anunció el fallo, calificó la noticia de «grave error judicial» y ha hecho hincapié en que la extradición es «abusiva» y «vengativa».

 «¿Cómo puede ser justo, cómo puede estar bien, cómo puede ser posible extraditar a Julian a un país que ha conspirado para asesinarlo?», manifestó su prometida.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado de coordinar la defensa de Assange, mostró su más profundo desacuerdo con la decisión de la corte y señaló en un comunicado que esta «consuma la persecución política desencadenada por Estados Unidos contra WikiLeaks y el propio Assange».

En un comunicado, aclaró que el equipo legal «recurrirá» el fallo ante el Tribunal Supremo dado que «se pone en riesgo evidente» la vida de Assange. «Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información», recoge el texto.

WikiLeaks, por su parte, recordó en su cuenta de Twitter que el caso de Assange está vinculado con la publicación de documentos que, en parte, revelan que Estados Unidos estaría detrás de la muerte de civiles, «entre ellos niños y dos periodistas de Reuters» en Irak.

El periodista islandés y actual portavoz de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, lamentó que, precisamente «en el Día de los Derechos Humanos, la Justicia británica ha lanzado al periodismo de investigación a la oscuridad». «La tortura de Assange continúa, la lucha no acaba aquí», aseveró.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, denunció nuevamente que la detención del periodista es «arbitraria» e hizo un llamamiento a que sea puesto en libertad cuanto antes. El director de la ONG para Europa, Nils Muiznieks, se pronunció en los mismos términos y alertó de que si es extraditado, «podría enfrentarse a graves violaciones de los Derechos Humanos, a malos tratos e incluso la tortura».

«De ser llevada a cabo, la extradición podría socavar el papel fundamental de los periodistas y editores a la hora de investigar las actividades de los gobiernos y sacar a la luz sus errores», ha insistido.

Por su parte, el director de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, condenó la decisión de la corte y lamentó que Assange sea un «objetivo» por su «contribución al periodismo».

«Defendemos este caso por sus peligrosas implicaciones para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Es hora de poner fin a esta persecución de más de una década de una vez por todas. Es hora de liberar a Assange», ha destacado antes de matizar que la decisión se conoce «el día que se entrega el premio Nobel de la Paz a dos periodistas». «No podría haber signo mayor de contradicción», aseveró.

Otras organizaciones, como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), criticaron el fallo y señalaron que se trata de una «amenaza para la libertad de prensa en todo el mundo».

LA FIP MUESTRA SU APOYO A UN POSIBLE RECURSO

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó el fallo y aclaró que «apoyará cualquier recurso legal que presente el equipo de Assange». En un comunicado, señaló que el caso será llevado ante Naciones Unidas y se ha sumado así a decenas de grupos que han solicitado al Gobierno británico la puesta en libertad del activista.

«La FIP y sus afiliados en todo el mundo han pedido en numerosas ocasiones al presidente Biden que acabe con la persecución políticamente motivada contra Julian Assange mediante la retirada de los cargos impuestos en su contra», recoge el documento.

El secretario general de la organización, Anthony Bellanger, incidió en que la medida supone un «fuerte golpe a las esperanzas de ver a Assange libre». «Está claro y ha sido probado que extraditarlo sería poner su vida en extremo peligro. Por eso apoyamos cualquier recurso. Debe ser liberado de inmediato», detalló.

Tim Dawson, de la FIP, se mostró consternado por el hecho de que «dos de los mayores jueces de Reino Unido se hayan podido tomar al pie de la letra las garantías presentadas por Estados Unidos».

«Hace tan solo unos meses nos enteramos de que Estados Unidos planeó asesinar a Assange. Si finalmente se enfrenta a un juicio en el país esto afectará a todos los periodistas del mundo. ¿Quién no temería ser el siguiente en caso de enfadar al Gobierno estadounidense?», sostuvo.

ESTADO DE SALUD

La defensa ya venía advirtiendo de que su salud se había deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los miles de documentos oficiales y secretos relacionados con las guerras de Irak y Afganistán y filtrados en 2010 a través de su portal.

La jueza Vanessa Baraitser, del tribunal de primera instancia, había considerado probado que Assange se ha causado daños a sí mismo y tiene una tendencia suicida. «La impresión general es la de un hombre deprimido y en ocasiones desesperado que teme por su futuro», indicó en enero al emitir sentencia.

Baraitser, sin embargo, ya rechazaba entonces los argumentos legales presentados por la defensa, entre ellos las dudas expresadas sobre la posibilidad de que Assange no fuese sometido a un juicio justo en Estados Unidos.

El país norteamericano había propuesto incluso enviar a Assange a una cárcel de Australia en caso de que finalmente la Justicia británica dé el visto bueno a su extradición a Estados Unidos.

El equipo legal estadounidense insiste, además, en que la salud mental del activista australiano «no es tan frágil como para no soportar el sistema y las condiciones penitenciarias de Estados Unidos».

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