En un comunicado aseguran que «el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y, por tanto, es inequitativo».
Las continuas alzas que se han hecho los últimos meses obedecen a un proceso de ajuste por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en 2022 fue de 37 billones de pesos (unos 7.100 millones de dólares).
El objetivo de la reducción del subsidio que inició en septiembre pasado, el Gobierno pretende organizar mejor el gasto social, una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado la semana anterior por el Congreso. Debido a esto los ministerios de Hacienda y Minas y Ecopetrol harán mesas técnicas conjuntas para evaluar alternativas que reduzcan el impacto de estos ajustes.
«Con esto se busca contribuir, de manera fiscalmente responsable, a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional», agregó la información.
En septiembre del año pasado, el precio del galón de gasolina en Colombia era de 9.380 pesos (unos 2,08 dólares de hoy), con el más reciente incremento de 600 pesos, anunciado la semana pasada, llegó a 11.767 (unos 2,62 dólares).
Estudio de medidas
Con la revisión en el ajuste programado de los precios, el Gobierno pretende identificar cuáles son los grupos de consumidores a los que «se puede focalizar algún tipo de subsidio específico«.
«Así entonces, las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos», explicaron los ministerios y Ecopetrol.
Igualmente, para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas, el Gobierno evalúa establecer «mecanismos de estabilización diferenciales»; mayor control a «los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y revisiones regulatorias con todos los actores involucrados en la política de combustibles para «identificar eficiencias en el sector».
