La propuesta genera polémica con parlamentarios opositores que no la consideran presentable cuando se quiere bajar la alta remuneración de los parlamentarios.
La iniciativa que presentó el congresista del Partido de la U, junto a sus colegas Óscar Lizcano, Miguel Amín y Jorge Tamayo, busca modificar la ley 4 de 1992, para crear el sistema de compensación variable y por resultados en el Estado.
Según García, la ley cubriría a todos los empleados públicos y su razón de ser es la de premiar a los mejores profesionales dentro de los cargos del Estado, “el proyecto se propone con el fin de lograr resultados óptimos de gestión a través de sus servidores públicos, los cuales podrán ser recompensados con una remuneración extra salarial adicional a la establecida en la ley”, argumentó.
La iniciativa generó debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La oposición, en cabeza de Mauricio Toro del Partido Verde, dijo que esto podría ser una movida para que los congresistas incrementen su salario, algo opuesto a la reducción que se busca de los mismos, sobre todo ahora cuando es necesaria la austeridad.
“Lo peor de todo es que el objetivo de este artículo no tiene ninguna conexión con el resto del proyecto, pero se propone justo en época preelectoral”, manifestó Toro, quien complementó su argumentación diciendo que si la propuesta fuera de verdad con ánimos de mejorar la eficiencia del sector público, se les debería pagar menos a los funcionarios que no cumplan con su trabajo.
El proyecto dice que la bonificación extra no podrá hacer parte del salario, por lo que no entraría en la cotización de la pensión. También, que los resultados y las metas deben ser previamente pactados, que se debe determinar cada cuánto se pagará dicha remuneración y que es necesario definir el incremento de presupuesto que se requeriría para cubrir este gasto adicional.
En el debate se dijo que la propuesta tiene que ser estudiada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, y que los recursos deben ser revisados por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública pidió racionalidad en el manejo de los recursos del Estado, y expresó que cualquier modificación de la ley 4 de 1992 debe ser estudiada previamente por el Gobierno Nacional.
