A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, el Senado le dio vía libre a la suspensión de un inciso de la Ley de Garantías que restringe la contratación pública en época electoral.Vienen demandas.
Al aprobar el artículo 125 de la ley de presupuesto, se suspendió el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con lo cual se facultará a las entidades del orden nacional y las entidades territoriales para celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Sin embargo, dichos convenios serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República.
La norma que restringía la contratación en época electoral fue establecida cuando se aprobó la reelección presidencial para no generar desequilibrios entre los candidatos y el presidente que quisiera otro mandato.
Quienes defienden la modificación argumentan que esa posibilidad de reelección ya no existe por modificación de la constitución y que no se puede paralizar la contratación en el Estado en medio de la recuperación económica del país tras la pandemia.
Sin embargo, lo decidido ha generado múltiples voces politicas en contra, especialmente de la oposición. Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, dijo: “Lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones del próximo año no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.
Por su parte, Rodrigo Lara anunció que demandará el artículo. “El Gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”, expresó. También demandarán lo aprobado el precandidato Luis Fernando Velasco y la representante Catherine Miranda.
Según la representante del partido verde Juanita Goebertus la reforma viola el principio de unidad de materia, la reserva de la ley estatutaria y expone a quienes la aprobaron a pérdida de investidura.
El candidato de centro Alejandro Gaviria dijo que es una decisión “inaceptable” porque “ cambia sobre la marcha las reglas de juego de la democracia”.
El precandidato Juan Carlos Echeverry dijo que es «indignante e inadmisible» que se ponga a la plata del presupuesto a ayudarles a los candidatos del Gobierno al Congreso y a la Presidencia. La reforma «debería darles vergüenza a los congresistas que la aprobaron y al propio Gobierno».
El representante del Centro Democrático Gabriel Santos expresó: “Es increíble que esto haya sucedido a solo cinco meses de las elecciones y sin un debate profundo y transparente. Así no era”.
«La modificación de la ley de garantías aprobada anoche permitirá que el Gobierno asigne discrecionalmente recursos del presupuesto a gobernadores y alcaldes durante el proceso electoral. No parece una buena señal. Ojalá la Corte Constitucional haga rápidamente un control previo del artículo», dijo Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ya había manifestado su preocupación por la modificación legal porque “afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones″.
Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, el gremio empresarial, dijo que el cambio no era conveniente por tres razones: se hace en medio del proceso electoral, se verán convenios interadministrativos hasta la fecha misma de las elecciones y es un premio a la falta de planeación de entes territoriales.
En su momento, el Consejo Gremial Nacional había solicitado la eliminación de esta reforma debido a su posible inconstitucionalidad.
