Esta historia empezó en el 2001, cuando los centroamericanos plantearon ante la Corte Internacional de Justicia su desacuerdo con los límites territoriales y marítimos que tenían con Colombia.
En 2007 se dio el fallo sobre lo que había pedido Nicaragua y fue a favor de Colombia. Se basó en la existencia, desde 1928, del Tratado Esguerra-Bárcenas, el cual fijó los límites entre ambos países. En dicho espacio se encuentran las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, archipiélago sobre el cual los centroamericanos aseguran nunca hubo una especificación marítima en dicho pacto.
En el 2012 salió la sentencia de fondo de la Corte Internacional de Justicia, que volvió a fijar los límites marítimos entre los dos países. En dicha acta, Colombia perdió más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, pero siguió teniendo a las tres islas anteriormente mencionadas en su poder.
La sentencia también recordó que como Colombia tiene firmados tratados limítrofes con otros tres países centroamericanos -Jamaica, Honduras y Costa Rica-, por lo cual Nicaragua igualmente debía negociar con ellos.
Este lunes se inició en La Haya, Países Bajos, un nuevo capítulo entre los dos Estados. Esta vez los nicaragüenses reclaman que Colombia no ha aceptado ni cumplido el falló de hace nueve años, lo que ha hecho que se generen demandas de derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe.
Colombia se han resistido a aceptar la decisión del 2012 y acusa a Nicaragua de violar sus propios espacios, sobre todo los más cercanos al archipiélago, negando los derechos de pesca artesanal y derechos de pesca de subsistencia que tiene el pueblo raizal.
Sobre la audiencia de este martes, el agente de Colombia ante la Corte , el abogado y exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, dijo: “Pasó exactamente lo que sabíamos que iba a pasar, es decir, Nicaragua se vino con toda una serie de argumentos sosteniendo que Colombia había violado sus derechos, que había violado los derechos internacionales, que ha incumplido el fallo, en fin nada nuevo”.
Este miércoles, el agente Arrieta y su equipo sostendrán que el país defiende derechos que no pueden ser desconocidos por Nicaragua y que Colombia tiene un mandato constitucional que establece que sus límites solo se pueden modificar “mediante tratados”. Arrieta agregó que “Colombia no ha violado ningún derecho, Colombia ha defendido sus derechos conforme al derecho internacional”.
En estas audiencias solamente se abordará si Colombia ha violado el derecho internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el Caribe y no las pretensiones de Managua sobre porciones de territorio y mar territorial.
Después de escuchar a los agentes y abogados de ambas partes, la Corte entrará en una fase de análisis, para tomar una decisión final en un lapso cercano a los seis meses.
