EFE. «Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Atanasio (sic) Somoza que el sandinismo logró superar», detalló la Cancillería en un comunicado.
En las últimas semanas, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero.
En una nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, anunciada el miércoles, figuran también los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el excomandante de la revolución Luis Carrión.
Según la resolución del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, estos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
MEDIDAS ARBITRARIAS
El Gobierno colombiano manifestó su «repulsión» a «las medidas tomadas de manera arbitraria» por el presidente Ortega contra personas «cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales».
«Tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía, queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca», expresó el Gobierno colombiano en referencia al obispo Álvarez.
Agregó: «Lección para el mundo y para el actual jefe de Gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor obispo fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión».
Por ello, en el comunicado, el Gobierno de Gustavo Petro pidió la visita de Spoljaric porque «el Derecho internacional Humanitario los cobija».
«El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional», agregó la Cancillería.
Finalmente, el Gobierno «busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana», como ya ocurrió con el escritor Sergio Ramírez esta semana en Madrid.
