«La solicitud que estamos trabajando en las mesas técnicas con (el Ministerio de) Hacienda y el Ministerio de Minas es que tenemos un número importante de contratos (ocho) de los que han sido suspendidos», dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Este anuncio se realiza después de que el Gobierno de Gustavo Petro haya reiterado que no quiere realizar nuevas exploraciones petrolíferas ni firmar nuevos contratos, en aras de una nueva política medioambiental que deje atrás los carburantes fósiles.
El alto ejecutivo añadió durante la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, que se desarrolla en Bogotá, que «en esos contratos vamos a revisar la posibilidad de apertura de los mismos para seguir buscando petróleo y gas, aumentar las reservas y el gran objetivo que tenemos es garantizar para el país la seguridad energética».
Roa agregó que «ese es el gran reto de Ecopetrol y, entonces, en esos contratos vigentes en los que hay suspendidos y en los que quizás de pronto llegarán a dejar otras compañías petroleras para buscar y encontrar la manera de seguir balanceando el ejercicio en esa línea».
Todavía no hay fecha para reactivar esos contratos; Ecopetrol sigue trabajando en las mesas técnicas con el Gobierno a efectos de establecer un cronograma y sobre el mismo desarrollar esa nueva exploración, apuntó.
De los ocho contratos que están suspendidos siete son de Ecopetrol y uno más es de Hocol. Están ubicados en el Piedemonte Llanero y en los Llanos Orientales.
Roa también dijo que otra de las grandes apuestas de Ecopetrol para hallar gas está en el offshore (costa afuera).
«Estamos hablando de entre cinco y siete terapies cúbicos, lo que demanda inversiones importantes del orden de unos seis billones a siete billones de dólares y demanda tiempo», explicó Roa.
De otro lado, indicó que la meta de la compañía no es garantizar reservas de petróleo y gas para siete u ocho años, sino subir ese número a 15 ó 20 años.
Al referirse a la posibilidad de firmar nuevos contratos, Roa recordó que se trata de una decisión institucional del Gobierno. «Esa es una decisión que habrá que hacer el ejercicio en la institucionalidad del Gobierno, donde está el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hacienda«. (EFE)
