El testigo que tiene en aprietos al candidato Rodolfo Hernández

El exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, quien aceptaría su responsabilidad en actos ilegales en un contrato de asesoría, podría testificar en juicio contra el exalcalde.

Por CÉSAR MELO

Periodista

El precandidato presidencial Rodolfo Hernández tiene como bandera de campaña la lucha contra la corrupción y asegura que, en caso de ganar, “acabará con la politiquería” para que no se pierdan más recursos públicos. Sin embargo, sus líos con la justicia –relacionados con presuntos hechos de corrupción– no son de poca monta y no los resolverá fácilmente.

Incluso, la Fiscalía ya lo llamó a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso por irregularidades en un millonario negocio de su alcaldía, que empezó en enero de 2016 y terminó en septiembre de 2019, cuando decidió renunciar tras ser suspendido por segunda vez de su cargo.

El proceso que lo llevó al mencionado juicio tuvo su génesis en el primer año de gobierno, cuando Hernández, aparentemente, habría direccionado el contrato de consultoría 096 de ese año, relacionado con un estudio sobre la viabilidad de introducir modificaciones al sistema de recolección y disposición de basuras en la ciudad. Su valor: $344.950.000.

El contrato fue entregado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón, quien habría conocido los pormenores del convenio antes de que se hiciera la adjudicación, por lo que pudo hacer una propuesta a la medida.

En este punto entra en juego la empresa Vitalogic, pues según las investigaciones, con el contrato de consultoría de Alarcón se dio vía libre para que la Alcaldía le entregara a dicha firma el convenio definitivo del manejo de las basuras en la ciudad, valorado en más de 250 millones de dólares, a hoy, 1 billón de pesos.

En la negociación también terminó enredado el hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández Oliveros, quien presuntamente recibiría una comisión de éxito por parte de Vitalogic, en caso de que obtuviera ese convenio. Pese a los señalamientos, la Fiscalía aún no le ha imputado cargos al empresario.

No obstante, ese proceso de licitación también se interrumpió en 2017 porque la Procuraduría advirtió que no era clara la viabilidad jurídica del negocio. Así que este para Vitalogic no se concretó.

Sin embargo, los rastros de las irregularidades quedaron en manos de las autoridades, incluido un acuerdo de corretaje firmado por el hijo de Hernández, y legalizado en notaría, por las gestiones para Vitalogic. La empresa asegura que “no firmó” tal acuerdo, y que en el documento “no aparece ningún empleado o directivo firmándolo”, por lo cual se consideran “ajenos” a la irregularidad.

ACUERDO CON TESTIGO, EN BUEN CAMINO

Por este escándalo de presunta corrupción, cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) están en líos con la justicia. Entre ellos está su exgerente José Manuel Barrera, quien sería la primera persona en aceptar plenamente su responsabilidad en los actos ilegales.

Fuentes del proceso le confirmaron a Revista Alternativa que Barrera está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para convertirse en testigo y contar en detalle cómo se gestó el entramado de irregularidades.

Barrera y su abogado, José Rosario Carvajal, le presentaron una matriz de colaboración al fiscal general, Francisco Barbosa, con la cual buscan que se le otorgue principio de oportunidad al exfuncionario, que pretende obtener inmunidad penal en el proceso.

La declaración de Barrera va encaminada a esclarecer bajo qué paramentos se hizo el convenio de consultoría con Alarcón, pues para la Fiscalía es claro que en la contratación hubo actos de corrupción.

El gerente Barrera “se interesó indebidamente, en provecho propio y de un tercero, esto es, de Jorge Hernán Alarcón Ayala, contratista-consultor, dentro del proceso de trámite y celebración del contrato de consultoría No. 096 del 28 de julio de 2016”, dice un documento de la Fiscalía que conoció Revista Alternativa.

En este se dice que Barrera tuvo una comunicación directa con el alcalde Hernández, y ese es uno de los puntos que el testigo tendrá que ratificarle a la Fiscalía. “Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la Empresa de Alcantarillado, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio como de un tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico y consultor fuese el contratista escogido, dentro del proceso de trámite y celebración del contrato”, señala el documento.

Y agrega: “Para tal efecto el alcalde citó al gerente (Barrera) a su apartamento, a fines de junio y comienzos de julio del año 2016, ubicado en la calle 51 # 37-12 Cabecera del Llano, Bucaramanga, (…) ordenándose allí su ilícito en abierta desviación de poder. Decide atendiendo su cargo y funciones, como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAB, mostrar esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista de la consultoría, Jorge Hernán Alarcón Ayala, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva”.

Según confirmaron fuentes del ente acusador, el acuerdo con Barrera va por buen camino. Si el fiscal Barbosa lo aprueba, los fiscales del caso tendrán que buscar el aval de un juez de control de garantías.

PRUEBAS DE LA ILEGALIDAD

Uno de los puntos clave en la investigación de la Fiscalía está relacionado con una serie de correos, en los cuales quedó consignado que los interesados en el contrato planificaron de tal manera la suscripción del convenio, que incluso se falsificaron dos ofertas.

“De las tres ofertas presentadas, dos son falsas o espurias, verbigracia, las presentadas por el ingeniero mecánico Álvaro Gutiérrez y el ingeniero civil Arturo Vargas. Dándose apariencia de legalidad a la modalidad contractual convocada, esto es, la invitación privada de varias ofertas señalada en el manual de contratación”, concluye el informe elaborado por el fiscal Jorge Villamizar.

La estrategia no pudo haberse concretado sin la anuencia del exalcalde Hernández y de Barrera, según expone el documento de la Fiscalía, pues la entidad considera que hubo “una abierta desviación de poder” aprovechando sus cargos. “Rodolfo Hernández Suárez sabía que ostentaba la condición de servidor público como alcalde de los bumangueses y miembro de la junta directiva de la EMAB. Es decir, sabía que se interesó en su provecho y en el de un tercero dentro del contrato”, concluye el documento.

En los correos también quedó evidenciada la filtración del contrato que definiría la viabilidad de las modificaciones al sistema de manejo de las basuras en El Carrasco, según detalla el compendio. “(El contratista) obtuvo a través de emails o correos electrónicos, entre otros, el pliego de condiciones, así como el informe de conveniencia y oportunidad para que los revisara y modificara, como en efecto sucedió, antes de su invitación y escogencia como futuro consultor, además de direccionarse con el perfil señalado”, especifica el documento de la Fiscalía.

El juicio contra Rodolfo Hernández y los cinco funcionarios del EMAB continuará en febrero, y para esa fecha se espera que ya esté definida la situación de Barrera, quien sería el principal testigo de la Fiscalía.

LA DEFENSA DE HERNÁNDEZ

Rodolfo Hernández sigue negando su participación en el escándalo, y en la última diligencia del proceso manifestó: “Sigo con la frente en alto. El que nada debe nada teme”. El exalcalde ha insistido en que no conocía a Alarcón y que el caso se originó “por una trampa” que le pusieron a su hijo Luis Carlos para que firmara el acuerdo de corretaje ya mencionado.

Pese a la gravedad del proceso que enfrenta, Hernández, de 76 años, no está inhabilitado para aspirar a la Presidencia, porque no tiene ninguna condena pendiente y su juicio está lejos de concluir.

LO PENDIENTE EN PROCURADURÍA

Rodolfo Hernández tiene otra investigación abierta en la Procuraduría relacionada con la contratación para el manejo de los residuos de la ciudad. El proceso lo vincula con la presunta filtración de información a través de su hijo, Luis Carlos Hernández, y el posible cobro de comisiones con la empresa WastAway, relacionada con el contrato con Vitalogic. “(Luis Carlos) Hernández comentaba con su padre aspectos de la licitación, que luego eran informados a los participantes (…) y a los representantes de la empresa”, afirma la Procuraduría. En este caso, el exalcalde Hernández enfrenta un juicio disciplinario por el cargo de interés indebido en la celebración de contrato y la entidad califica la falta como “grave”.

Como si fuera poco, otros procesos que se adelantan en la Procuraduría contra el exalcalde comprenden uno por golpear al concejal Jhon Claro en diciembre de 2018, lo que terminó en una sanción por 124 millones de pesos para Hernández; y otro por acusar de corrupción a un exfuncionario sin tener pruebas. Debido a esta última falta disciplinaria, Hernández fue suspendido por dos meses de su cargo de burgomaestre. Y el tercer proceso, relacionado con el trato irrespetuoso a un ciudadano en un evento público, lo obligó a pagar 77 millones de pesos.

En la Procuraduría hay más 15 denuncias en contra de Hernández por otros hechos registrados durante su período como mandatario de Bucaramanga.