«Es preciso aclarar que ayer y hoy, días en los que ese grupo ilegal aseguró haber suspendido temporalmente el paro armado, la cooperación internacional y miembros de consejos comunitarios están haciendo entrega de ayudas humanitarias en nueve comunidades», aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado de su despacho.
Sin embargo, la Defensoría señaló que las ayudas no han podido llegar a las comunidades confinadas en la zona del San Juan, subregión donde se enfrentan el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), principal banda criminal del país y también conocida como Clan del Golfo.
En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como comete agresiones y profiere amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.
En ese sentido, según la Defensoría, hay 9.000 personas afectadas que viven en 52 comunidades ubicadas en los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan.
Por ello, Camargo expresó que la suspensión temporal del paro «deja en evidencia la gravedad de las afectaciones que está causando en la población civil».
Todo esto ha ocurrido durante el inicio del cese de acciones ofensivas ordenado por el Comando Central de la guerrilla a todas sus tropas, que arrancó el jueves pasado como antesala del cese el fuego bilateral acordado con el Gobierno que arrancará el 3 de agosto.
Sin embargo, esa semana el Frente Noroccidental de la guerrilla declaró un «paro armado» en el Chocó, que es el que ha afectado a todas estas poblaciones.
En ese contexto, Camargo pidió a la guerrilla «ponerle fin cuanto antes a este paro armado», que ya completó seis días y tiene afectadas a las comunidades.
«La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas, ni vulnerando sus demás derechos», concluyó.
