El ente acusador le imputó el cargo de «delito de interés indebido en la celebración de contratos», que ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la exministra, nombrada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, no aceptó.
«La exfuncionaria, como cabeza de la cartera del sector Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, avaló la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar) al proyecto vial», informó la Fiscalía en un comunicado.
La ministra, según el relato de la Fiscalía, habría permitido que se tramitaran y celebraran estos otrosíes sin conocer las normas de los contratos contractuales. Además, la empresa brasileña Odebrecht haría parte de la concesionaria de las obras.
Además, «las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran», y sin la autorización previa de las autoridades pertinentes.
Para la Fiscalía, por otro lado, el tramo entre Ocaña-Gamarra no era el objeto principal del proyecto Ruta del Sol II, cuyo cometido era conectar el centro del país con la costa Caribe, ya que estas poblaciones están pegadas a la frontera con Venezuela, por lo que la Fiscalía considera que se trató de una «obra transversal que tenía una orientación oriente – occidente».
De esa manera, el procedimiento pertinente hubiera sido, en opinión del ente acusador, gestionar un nuevo proceso de contratación con licitación pública.
Álvarez ya aparece en el caso Odebrecht como implicada por este tramo de vía por la que habría recibido sobornos de la firma para añadirla al proyecto de Ruta del Sol II.
La Fiscalía también considera que mediante la firma de otrosíes en este proyecto se permitió que la concesionaria instalara dos estaciones de peaje en la inicial Ruta del Sol y subiera el costo en otras cinco estaciones ya en funcionamiento.
Además, según este ente, la exministra también favoreció a la concesionaria en un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar).
«Según la investigación, la señora Álvarez Correa–Glen tendría intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña–Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja», concluye el comunicado. (EFE)
