(EFE). Según el mandatario, la decisión la tomó en beneficio de los usuarios y basándose en la facultad que le otorga la Constitución en el artículo 370, de señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan.
Entre las comisiones de servicios públicos están: la Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de Regulación de Energía y Gas Combustible y de Regulación de Telecomunicaciones. De esta forma, el presidente tendrá facultades para regular y controlar las tarifas de energía y gas.
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, aseguró que «la regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores, es tan solo una forma de intervención estatal para corregir los errores de un mercado imperfecto».
El objetivo de esta medida, añadió en Twitter, es «preservar la sana y transparente competencia, a fin de lograr una mejor prestación».
