Así lo confirmó el mandatario este domingo durante la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, quien considera necesario reunirse con los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que le enviaron una carta a finales de marzo pidiendo una audiencia para hablar sobre la ley que permitió su desmovilización.
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los excombatientes se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios.
Según el jefe de Estado, es necesario que el Gobierno y los paramilitares beneficiados por esa ley «se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar».
El pronunciamiento del presidente es la respuesta a la solicitud que le hicieron días atrás un grupo de 16 exjefes paramilitares, entre los que figura el excomandante de las AUC Salvatore Mancuso, pidiendo una audiencia con el Gobierno para «exponer con lujo de detalles cuáles han sido» sus aportes «judiciales y extrajudiciales a la paz y reconciliación de Colombia».
En el documento los insurgentes aseguran que 4.902 desmovilizados de las AUC han sido asesinados desde 2006 y manifestaron que esperan que la paz total, el plan bandera del Gobierno de Petro, suponga «el fin de las violencias estructurales».
«Consideramos que un debate público sobre los resultados de la desmovilización de las Autodefensas resulta pertinente y necesario (…) Hoy ya se puede hacer una balance cierto y objetivo, que atienda al llamado que usted nos hace», dijeron los exjefes de las AUC. (EFE)
