El organismo señaló en un comunicado que investiga a las directivas de la cárcel La Picota, de Bogotá, de donde supuestamente «habría salido el pasado 26 de agosto, al parecer, no sólo de forma irregular sino con deudas pendientes con la justicia».
«El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) deberá explicar la situación en la que se encontraba el procesado y si efectivamente fue dejado en libertad, no sin dejar de remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación «, agregó la información.
Igualmente, el director del INPEC, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, tendrá que elaborar un informe «detallado de los protocolos que se siguen para conceder la salida a un privado de la libertad».
Según el diario bogotano El Tiempo, el narcotraficante tenía un habeas corpus con el que se ordenó su salida de La Picota, que se efectuó a finales de 2022 con «una boleta de un juez por pena cumplida,» porque «al parecer había una medida de aseguramiento pendiente que no se tramitó como se debe.
Por esa razón fue citado un comité en el INPEC para verificar qué fue lo que pasó.
Un temido narco
«Gordo Lindo» fue extraditado a EE. UU. en 2008 y fue devuelto en 2018 a Colombia tras pagar nueve años de prisión por narcotráfico en una cárcel estadounidense.
En Colombia se le acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado, por lo que Migración Colombia lo dejó a disposición de las autoridades competentes para la imputación de cargos.
Zuluaga fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, junto a 14 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que se desmovilizó en 2006.
Sin embargo, un juez desestimó que el «Gordo Lindo» fuera parte de las AUC y señaló que el capo se dedicaba únicamente al narcotráfico, por lo que se coló en el proceso de paz con los paramilitares para obtener beneficios. (EFE)
